Lucila Inés Gutiérrez se encuentra prófuga de la justicia, pese a que hay una condena en su contra por nexos con el paramilitarismo, en el corregimiento de Riachuelo.
Por incurrir en los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual en persona protegida y desplazamiento forzado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en su Sala de Decisión Penal, confirmó la condena de 20 años efectivos de prisión en contra de Lucila Inés Gutiérrez.
La decisión, conocida en primicia por Vanguardia, tuvo ponencia del magistrado Guillermo Ángel Ramírez Espinosa, quien confirmó en segunda instancia la condena para quien fue rectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, en el corregimiento de Riachuelo, del municipio de Charalá, Santander.
En la providencia de 136 páginas, el magistrado del caso sostuvo que, puntualmente, los hechos vinculantes en contra de Lucila Inés Gutiérrez están relacionados con Rosa Isabel Pinzón Niño y Nolba Rubiela Castro Cruz, quienes fueron víctimas de los vejámenes cometidos entre 2002 y 2006, cuando el grupo paramilitar Frente Comunero Cacique Guanentá llegó a este corregimiento, donde tuvo nexos con la clase política y educativa.
“La señora Lucila Inés Gutiérrez de Moreno y Luis María Moreno Santos (esposo), por medio de sus acciones ilegales, mantuvieron una relación estrecha con el grupo ilegal Frente Comunero Cacique Guanentá, convirtiéndose en un eslabón entre los problemas que se presentaban en la comunidad y las normas que aplicaba el grupo armado organizado. Además, los referidos prestaban algunas instalaciones de sus propiedades, como su domicilio, con el fin de darles alimentación, brindarles un espacio de esparcimiento y que tuvieran la facilidad de realizar reuniones de carácter político, militar y social. En consecuencia, la casa de la familia Moreno fue un lugar abierto para los integrantes del Frente Comunero, donde podían sacar víveres para la alimentación de la tropa, hacer fiestas en el patio para celebrar días especiales, almorzar y utilizar los -sic- cuartos para el hospedaje de los miembros del grupo ilegal”, dice el fallo de primera instancia en contra de la exrectora, que fue ratificado el pasado 29 de septiembre.
El proceso judicial en contra de Lucila Inés Gutiérrez no es nuevo y viene de varios años atrás, cuando la Fiscalía la acusó de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro, acceso carnal violento, esclavitud sexual y desplazamiento forzado respecto de la víctima Rosa Isabel Pinzón Niño.
En lo que respecta a Blanca Yasmín Pinzón Niño, se le acusó de los ilícitos de acto sexual abusivo y desplazamiento forzado. Y frente a Nolba Rubiela Castro Cruz, por las conductas de secuestro, acceso carnal violento, esclavitud sexual y desplazamiento forzado; y en calidad de coautora del punible reclutamiento ilícito de Edwin Francisco Hoyos y Jovany Vargas Higuera.
El fallo de primera instancia fue apelado por Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, quien, a través de sus abogados, argumentó que se “desatendieron” relatos reales de las víctimas por las cuales fue condenada. Cabe mencionar que, pese a la condena, la exrectora se encuentra prófuga de la justicia.
Los nexos con paramilitares, la génesis de la condena
El material probatorio que la Fiscalía General de la Nación presentó en contra de Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, quien fue rectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, del corregimiento de Riachuelo, en Charalá, estaba cargado de testimonios y pruebas documentales que la incriminaban en nexos con el bloque paramilitar Cacique Guanentá.
Publicidad
Para el ente acusador, la entonces rectora fungió un papel clave para mantener relaciones con los paramilitares, entre 2001 y 2003, permitiendo que las estudiantes de ese colegio fueran abusadas sexualmente por los jefes de la estructura.
“La mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestaba la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prolongados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’”, dice el escrito de acusación de la Fiscalía.
