Estos hechos podrían constituir una presunta participación indebida en política.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quedó bajo investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación por una presunta participación indebida en política durante la campaña presidencial.
La actuación del Ministerio Público se deriva de una queja presentada por la Red de Veedurías de Colombia, en la que se advierte que el mandatario habría hecho uso de su cargo, recursos públicos, actividades institucionales y canales oficiales de la Gobernación para presuntamente intervenir en el desarrollo de la contienda electoral.
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De acuerdo con la denuncia, entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, la administración departamental habría adelantado actividades institucionales y difundido información a través de sus canales oficiales.
Estos hechos, según el denunciante, podrían constituir una presunta participación indebida en política. La organización también señaló que el gobernador Carlos Amaya habría utilizado escenarios y recursos institucionales en el contexto de la campaña, además de referencias a declaraciones públicas entregadas por el mandatario sobre asuntos relacionados con el proceso electoral.
Con la apertura formal de la investigación, la Procuraduría busca establecer si estos hechos configuran o no una falta disciplinaria.
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En ese marco, ordenó notificar al gobernador, practicar las pruebas que considere pertinentes, e incorporar sus antecedentes disciplinarios al expediente. Asimismo, dispuso verificar si existen otras actuaciones relacionadas con los mismos hechos y evaluar si deben ser acumuladas dentro del proceso.
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El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, señaló que la apertura del proceso representa un avance frente a la queja presentada ante el ente de control.
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A través de su cuenta en la red social X, afirmó que durante la investigación se recaudarán pruebas para establecer si existió o no una falta disciplinaria. Añadió que, en caso de comprobarse una conducta sancionable, la Procuraduría podría aplicar las medidas previstas en la ley, entre ellas la suspensión o la destitución del funcionario.
