Presuntas irregularidades en un contrato de más de $15.000 millones llevaron a la Fiscalía a citar a imputación al exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó para este miércoles 23 de septiembre a audiencia de imputación de cargos al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por el delito de peculado por apropiación. La diligencia judicial responde a presuntas irregularidades en la celebración del contrato número 3835 de 2023, destinado a la construcción de la nueva sede del colegio Lucas Caballero en Suaita, una megaobra con un presupuesto superior a los $15 mil millones de pesos.
El proyecto, adjudicado a la Unión Temporal Colucas 2022 con un plazo de ejecución inicial de 12 meses, se encuentra paralizado. Tres años y medio después de la firma del contrato, el contratista solo ha realizado movimientos de tierra sin haber iniciado la construcción de la infraestructura educativa.
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A las fallas administrativas se sumó una restricción ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional de Santander, quien impuso una medida preventiva que ordenó detener la tala y remoción de tierra al confirmar que los estudios técnicos contemplaron edificaciones a menos de ocho metros de las quebradas Chorreras e Inmaculada. La CAS determinó que el 38 % de la obra está proyectada dentro de la franja de reserva forestal protectora, la cual exige una distancia mínima e infranqueable de 30 metros.
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Ante este panorama, el Departamento Nacional de Planeación suspendió el flujo de recursos del Sistema General de Regalías, financiamiento que cubre el 60 % de la obra. Paralelamente, entes de control como la Contraloría y la Procuraduría respaldaron la propuesta de evaluar la liquidación anticipada del contrato y proceder con la desaprobación del proyecto para liberar los fondos públicos asignados.
Esta diligencia es la segunda imputación penal formal que enfrenta el exmandatario Mauricio Aguilar Hurtado ante la Corte Suprema de Justicia, sumándose al proceso que se le sigue por presuntas irregularidades en el contrato del Plan de Medios con el Canal TRO. Asimismo, el exmandatario se encuentra bajo investigación penal por otras anomalías administrativas registradas durante su gestión, entre las que destacan el megaproyecto del Anillo Vial Externo Metropolitano y nombramientos en entidades regionales.
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