La otra semana el Ministerio de Justicia radicaría ante el Congreso la Ley de Sometimiento para los grupos al margen de la Ley. No habrá negociaciones ni estatus político, y tampoco suspensión de capturas.
En el despacho del ministro de Justicia, Iván Cancino, está el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia que se convertirá en el marco normativo de los grupos armados, luego de que se levantara por completo la política de ‘paz total’ que venía impulsando el Gobierno del expresidente Gustavo Petro Urrego.
El pasado jueves estaba previsto que se reunieran los miembros del Consejo de Política Criminal para debatir la Ley de Sometimiento y la Ley Antiterrorismo, que pondrá límites a las manifestaciones violentas en Colombia. Además: ¿Vuelve la reelección presidencial? El reto que sacude a Colombia
Según fuentes del Ministerio de Justicia, Cancino espera radicar el proyecto ante el Congreso de la República la próxima semana, después de esa reunión que tendrá con las altas cortes, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Congreso mismo y la Fiscalía General de la Nación.
Los puntos gruesos del documento
“Este Gobierno va a perseguir a las organizaciones ilegales. Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones. No vamos a tener ningún carácter político en las discusiones. Toda discusión para quien se quiera someter será jurídica y esta semana o, a más tardar, la otra, el país conocerá la Ley de Sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella”.
Ese fue el anuncio que a principios de octubre lanzó desde Barranquilla el ministro de Justicia, Iván Cancino, siguiendo los lineamientos del jefe de Estado, quien no permitirá el diálogo de paz con grupos armados, sino que, por el contrario, confrontará hasta que se sometan a la ley.
Contrario a la Ley 418 o prórroga a la Ley de Orden Público, aprobada en el Gobierno de Gustavo Petro, la Ley de Sometimiento será el marco normativo -sin negociaciones- para que los grupos criminales se sometan a la justicia sin el levantamiento de órdenes de captura o beneficios como se establecieron en la fallida apuesta de la ‘paz total’.
Iván Cancino ha planteado la necesidad de que las víctimas del conflicto sean el eje central de lo que pasará “con sus verdugos”. Por ejemplo, el ministro mencionó que en el caso de una eventual libertad para un miembro del grupo armado, se tendrá que tener el concepto favorable de las víctimas, aunque no detalló alcances. Además: Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella se enfrentan por una posible reelección
Publicidad
“Para obtener la libertad condicional, aparte de todo lo que exige la ley ordinaria, lo que se incluye es que se necesita el concepto favorable de la víctima. Si no está de acuerdo, no se da la libertad o la suspensión de la pena”, afirmó el funcionario.
Frente a los beneficios que recibirían los delincuentes que se sometan a esa norma, está una posible rebaja del 50 % de la pena para los integrantes rasos, y hasta del 30 % para los cabecillas y máximos responsables. Sin embargo, a diferencia del tratamiento ofrecido en la pasada administración, en este caso no les suspenderán los pedidos de extradición ni las órdenes de captura.
El proyecto de ley también plantea que quienes se sometan tendrán la obligación de entregar al Estado el 100 % de los bienes producto de dineros ilícitos como secuestros extorsivos, narcotráfico y contrabando.
Las rutas del narcotráfico, que son su principal combustible para mantenerse en pie, deberán ser entregadas a las autoridades para la erradicación y ocupación de bienes por parte de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y la Fiscalía con Fines de Extinción de Dominio.
Los integrantes de estas estructuras deberán delatar a políticos con quienes tuvieron relación alguna en medio del conflicto armado y la guerra entre las mismas, siendo ya conocido que, como en las épocas paramilitares, son decenas de mandatarios locales y congresistas los beneficiados con estos grupos para hacerse elegir mediante presiones a las comunidades donde tienen presencia irregular. Además: La jugada de María Fernanda Cabal que alerta al uribismo
El ministro de Justicia, Iván Cancino, y el presidente Abelardo De La Espriella han sido claros en mencionar que quienes no se sometan a esta nueva ley serán perseguidos con las armas del Estado y la Fuerza Pública.
Publicidad
“O se someten a la justicia o se someten a la fuerza del Estado”, ha dicho el jefe de Estado en repetidas ocasiones, haciendo referencia a los grupos armados.
“Interesados en someterse”
A mediados de septiembre, el ministro Cancino estuvo en Girón, Santander, desde donde anunció que el Gobierno ya ha recibido por parte de algunos grupos ilegales la voluntad de acogerse a la Ley de Sometimiento que está próxima a conocerse.
“No vamos a retroceder ante ningún acto de intimidación. Hemos recibido muchas propuestas de sometimiento, y se les ha contestado que no hay beneficios ni negociaciones. Tienen que esperar la Ley de Sometimiento sin estatus político, sin suspender las órdenes de captura o extradiciones”, informó Cancino en Girón, justo cuando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta mantenían un paro armado en esa zona del país, en represalias al Gobierno.
