Con esta iniciativa del Gobierno Nacional se pretende dar por terminada la ‘paz total’.
A menos de un día del primer debate en el Congreso del Proyecto de Ley de Sometimiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con integrantes de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara para socializar la iniciativa, que será discutida este miércoles en sesión conjunta.
El representante Hernán Cadavid, coordinador ponente en la Cámara, aseguró que “desde el miércoles iniciaremos la discusión para eliminar la paz total y establecer condiciones de sometimiento a la ley”.
Según Cadavid, el propósito es ofrecer alternativas para que integrantes de estructuras criminales se sometan a la justicia, pero sin otorgarles beneficios excesivos como los vistos en procesos anteriores.
“Aquí no hay excarcelación, no hay gestores de paz, no hay voceros de paz, no hay suspensiones de la pena de manera automática”, sostuvo el congresista.
Asimismo, señaló que la propuesta no contempla suspender extradiciones y que la reducción de penas estaría limitada a casos específicos. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de cárceles agrícolas o productivas, siempre bajo restricción de la libertad.
Cadavid también advirtió que la ley no resolverá por sí sola los problemas de seguridad y que deberá complementarse con otras decisiones del Gobierno, entre ellas el eventual estatuto antiterrorista.
“No es un instrumento que resuelva aspectos de manera milagrosa, sino hay que verlo como una integralidad”, afirmó.
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Por su parte, el ministro Cancino defendió la iniciativa como una herramienta para enfrentar los problemas de orden público y abrir una vía jurídica para que los grupos armados ilegales se sometan al Estado.
“Aquí le estamos dando una salida por la vía de la razón a todos aquellos que han retado durante mucho tiempo al Estado para que vengan a someterse con esta ley”, argumentó.
La iniciativa modifica y amplía la Ley 418 de 1997 y establece un procedimiento para el sometimiento de actores armados ilegales o terroristas, bajo una figura “voluntaria, individual o colectiva”, que a su vez permita desmantelar sus organizaciones.
Cuando el proceso sea colectivo, la propuesta contempla una primera etapa administrativa que estaría a cargo del Gobierno e incluiría la recepción de la solicitud, la definición de una hoja de ruta y un cronograma para cumplir las condiciones acordadas, así como la verificación de esos compromisos. La segunda correspondería a las autoridades judiciales, que asumirían el proceso de sometimiento.
