Con controvertidas licitaciones públicas, que en su mayoría terminan en contratación directa o con único oferente, el Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, ha beneficiado con millonarias adjudicaciones a reconocidos contratistas cercanos a la administración local y a congresistas de la región. Segunda entrega de esta investigación periodística.
Publicado por: Unidad Investigativa
Con la llegada de Héctor Mantilla a la Alcaldía de Floridablanca en 2016 y la continuidad inicialmente con Miguel Ángel Moreno (con el tiempo se rompió la alianza), el Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, pasó de ser una entidad secundaria de la administración local, dedicada exclusivamente a la coordinación de comodatos de bienes inmuebles del municipio, a la institución con el mayor poder contractual en Floridablanca, tan solo superada por la administración central.
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Millonarios convenios interadministrativos y el recaudo en dinero por concepto de áreas de cesión de proyectos de construcción en desarrollo, le han dado ‘dientes’ al Banco Inmobiliario para que se haya convertido en la entidad descentralizada con el mayor número de contratos suscritos en los últimos años.
Contratación directa
Aunque el manual de contratación del BIF señala que la entidad se rige por la Ley 80 o Estatuto de Contratación Pública, el recurrente uso de concesiones a favor de privados por 20 años, por cero pesos de arriendo, se ha convertido en una estrategia sistemática para entregar millonarios contratos en procesos, muchas veces cuestionados, que generalmente terminan con único oferente.
La denuncia inicial la hizo la diputada de Santander, Claudia Ramírez, quien advirtió que con los recursos que las constructoras aportan en dinero por las áreas de cesión se estarían beneficiando funcionarios y particulares de manera irregular.
“El BIF, con la caja llena de dinero y a través del señor Julio César (González) se ha dedicado a entregar todos esos contratos a sus socios. Un negocio redondo, porque por un lado cobra las áreas de cesión y con la otra adjudica esos recursos a sus amigos”, señaló la diputada.
Una estrategia similar, como lo contó Vanguardia, ya la había usado el BIF para concesionar el Parque Internacional del Parapente.
La Unidad Investigativa revisó convocatorias públicas celebradas por el BIF en los últimos seis años, siendo el único oferente el factor común en la mayoría de los procesos.
“Se rigen por la Ley 80 y para este tipo de procesos están obligados a realizar convocatorias públicas para que el municipio pueda escoger entre las mejores ofertas la que más le favorezca, sin embargo, en la práctica terminan entregando las concesiones de manera directa para que sea un privado, que por lo general es amigo del funcionario, el que usufructe el bien que es propiedad de todos los ciudadanos”, explicó Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros y experto en contratación, al ser consultado sobre esta práctica.
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Concesiones a cero pesos
Una de las empresas afortunadas con los procesos licitatorios adelantados por el Banco Inmobiliario, es la Fundación Fútbol para Todos, una entidad constituida ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 29 de abril de 2019, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte, realizar actividades de recreación, esparcimiento y promover el deporte en general en la región.
Dos meses después de su constitución y con solo $20 millones de patrimonio inicial, la Fundación Fútbol para Todos logró que le adjudicaran, de manera directa por parte del Banco Inmobiliario, dos millonarias concesiones para administrar y explotar económicamente dos predios propiedad del municipio de Floridablanca: el polideportivo del barrio San Bernardo y un lote ubicado en la carrera 11 con calle 16 del barrio Rosales.
En ambos contratos que fueron firmados el mismo día (26 de junio del 2019), el Banco Inmobiliario, dirigido en ese momento por Julio César González, como director encargado, entregó la operación y administración de los predios por 20 años a dicha fundación, sin que esta tenga que pagar un solo peso en contraprestación por el derecho a la explotación de los bienes.
A pesar de contar con un restringido patrimonio de $20 millones, la Fundación Fútbol Para Todos se comprometió en invertir $1.191 millones en el polideportivo de San Bernardo y $1.352 millones en el lote del Barrio Rosales, con el fin de amoblar, mantener y poner en funcionamiento escenarios recreativos.
Seis meses después, el 18 de diciembre del 2019, el BIF entregó una nueva concesión por 20 años a la Fundación Fútbol Para Todos, esta vez para la administración, uso y explotación del polideportivo del barrio Jardín de Limoncito.
Al igual que los dos contratos anteriores, este no le suscitó ningún compromiso contractual a la fundación más allá que comprometerse a invertir $1.435 millones para la adecuación, mantenimiento y puesta en marcha del complejo deportivo.
¿Fundación ‘de papel’?
Aunque la Fundación Fútbol Para Todos es representada legalmente por Shaira Gimena Franco Hernández, sus socios y propietarios son Germán Alberto Serrano Gómez, Jaime Omar Gómez Manrique y Johany Alberto Ramírez Otero, quienes han suscrito millonarios contratos con la Alcaldía de Floridablanca y el BIF, tanto en el gobierno de Héctor Mantilla como con su sucesor Miguel Ángel Moreno, actual mandatario.
Germán Alberto Serrano Gómez y Jaime Omar Gómez Manrique también son socios y propietarios de las firmas Serrano Gómez Construcciones, Sergom SAS y Magut Construcciones SAS.
De hecho, a pesar de presentarse como empresas completamente diferentes, Magut Construcciones y la Fundación Fútbol Para Todos, comparten la misma sede, ubicada en la oficina 502 del edicifio Green Gold, en Bucaramanga, tal y como está registrado en Cámara de Comercio.
Pero las coincidencias, no se remiten únicamente a los Serrano Gómez, Johany Alberto Ramírez, el tercer socio de la Fundación Fútbol Para Todos, también es propietario de la firma Proyectos e Ingeniería de Vías, Proinvias SAS, firma que tiene su sede en Cañaveral, pero que comparten, además tienen los mismos números telefónicos de contacto, tanto celulares como fijos, que los registrados por la Fundación Fútbol Para Todos.
Así mismo, Shaira Gimena Franco es la representante legal tanto de Fútbol Para Todos como de Proinvias SAS.
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‘Banco’ de contratistas
Ninguno de los tres socios de la Fundación Fútbol para Todos es desconocido en las administraciones de Mantilla y Moreno, en la Alcaldía de Floridablanca, ni mucho menos en el BIF.
Además de las tres millonarias concesiones para la Fundación Fútbol para Todos, Germán Gómez, Jaime Serrano y Johany Alberto Ramírez, han suscrito decenas de contratos de obra pública con el municipio de Floridablanca por miles de millones de pesos.
Tal es el caso de Sergom SAS, que en el 2019 también logró la adjudicación por parte del BIF del contrato de construcción de un centro comunitario en el barrio Altoviento Primera Etapa, por valor de $427 millones. Así como también, en el 2018 se ganó el contrato para llevar a cabo la construcción de zona recreativa y parque en el barrio La Cumbre por $2.105 millones.
Pero la buena racha contractual de Sergom no se limitó únicamente a la administración de Héctor Mantilla, el año pasado la empresa de Serrano y Gómez, en consorcio con la firma Servicios Industriales Comerciales y Administrativos, Sica SAS, logró un millonario contrato para la construcción y adecuación de espacios en los barrios La Castellana y El Reposo, por valor de $2.954 millones. Aunque la obra tenía un plazo de ejecución de seis meses, al cierre de esta edición aún continuaba en ejecución, con un evidente retraso.
Germán Gómez y Jaime Serrano fueron captados en las pasadas elecciones locales apoyando públicamente a Claudia López, (esposa del senador Miguel Ángel Pinto y tía del exgobernador Didier Tavera), a la Alcaldía de Bucaramanga y al hoy gobernador, Mauricio Aguilar.
En marzo del 2018, Johany Alberto Ramírez se adjudicó a nombre propio la construcción de los centros comunales de los barrios Santana y Rosales, por valor de $1.557 millones.
Además, con el consorcio San Bernardo 21, el cual integró junto a su firma Proinvias SAS, Alberto Ramírez recibió de la administración de Miguel Ángel Moreno, a través del BIF, el contrato de construcción del escenario deportivo y recreativo en el barrio San Bernardo, obra que inició costando $1.489 millones y terminó valiendo $2.180 millones, es decir, tuvo una adición de 46%.
Por otro lado, Johany Alberto Ramírez, se quedó el pasado mes de mayo con el contrato de construcción de un equipamiento recreativo y deportivo en el barrio Cañaveral por valor de $2.274 millones.
Así mismo, el año pasado Proinvias SAS logró que se le adjudicara el contrato de reparación y modernización de la cancha de La Cumbre, obra que tenía un plazo de ejecución de cinco meses pero que aún no ha sido terminada.
“Johany Alberto Ramírez es un contratista cercano al senador Jaime Durán. Con él ha conseguido varios contratos en Cimitarra y Palmas del Socorro. A través de Durán también llegó a la administración de Floridablanca donde se ha vuelto el contratista consentido de Julio César González en el BIF. La mayoría de los contratos de obra son directamente para el señor Ramírez o algún consorcio con una de sus empresas”, contó a Vanguardia una fuente al interior del Banco Inmobiliario.
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Obras inconclusas
Además de las controvertidas adjudicaciones, la Unidad Investigativa de Vanguardia pudo comprobar que la mayoría de los contratos y concesiones entregadas por el BIF, bajo la dirección de Julio César González, no han cumplido con su objeto contractual.
Aunque en el contrato de concesión la Fundación Fútbol Para Todos se comprometía a invertir más de $1.100 millones para adecuar, remodelar y mantener en servicio el polideportivo del barrio Jardín de Limoncito, a la fecha dicho escenario deportivo y recreacional se encuentra en total abandono.
Por otra parte, a pesar de que la Fundación Fútbol Para Todos construyó las dos canchas sintéticas en el polideportivo del barrio San Bernardo, el contratista también construyó dos locales comerciales, locales que fueron “edificados y conectados al sistema de alcantarillado público sin el debido cumplimiento de las normas urbanísticas y políticas de la Empas”, situación que fue advertida por la Empresa de Alcantarillado Municipal, que además señaló que incluso las obras fueron levantadas sobre una de las redes principales de alcantarillado, que en caso tal de llegar a sufrir algún daño sería casi imposible de subsanar sin tener que derrumbar el polideportivo.
Por otro lado, las obras de modernización de la cancha La Cumbre, donde el BIF invirtió más de $2.105 millones, siguen paralizadas por problemas en el drenaje del escenario deportivo. El contratista, Johany Ramírez, contempla pedir un adicional en recursos para poder terminar el proyecto.
Mientras esto sucede, la Fundación Fútbol Para Todos continúa recibiendo dineros producto del alquiler de las canchas sintéticas y el arriendo de locales comerciales a supermercados y bares, ubicados en los lotes de los barrios San Bernardo y Rosales, que le concesionó el BIF por 20 años.
Al ser consultado por esta redacción, el alcalde de Floridablanca afirmó que no existe ninguna tercerización de la contratación municipal a través del Banco Inmobiliario.
“La estructura del BIF en este gobierno no ha sido modificada. Las funciones son las mismas que tenía el 31 de diciembre de 2019. En mi gobierno no se ha modificado la estructura del BIF, ni sus funciones”, explicó Moreno al ser consulado por Vanguardia.
Por su parte, Julio César González, director del BIF, aseguró que los procesos contractuales que se han venido realizado en ese instituto descentralizado se están realizando conforme a la ley.
“No se comprende este interrogante toda vez que el BIF como entidad publica no genera relaciones, esta entidad a través de mecanismos contractuales celebra negocios jurídicos, revisada la base de datos de contratos de la entidad el BIF no tiene contratado a ninguna empresa o persona natural con estos nombre”, respondió González.
