Contratista que construyó el parque del Parapente ahora lo operará por 20 años sin pagar arriendo.
Publicado por: Unidad Investigativa
A través de un ‘contrato a dedo’, exprés y con presuntas irregularidades, el Banco Inmobiliario de Floridablanca, BIF, en cabeza de Julio César González, concesionó la operación, administración y mantenimiento del Parque Internacional del Parapente (una obra que costó $20 mil millones), al mismo contratista que ejecutó las obras del escenario, para que lo usufructúe por los próximos 20 años, sin pagarle un solo peso al municipio.
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Mientras los parapentistas continúan exigiendo que se les permita ingresar al parque para poder entrenar de manera gratuita, la administración de Miguel Ángel Moreno se resiste a revertir el controvertido convenio, que estará vigente hasta el año 2042.
Aterrizando un sueño
En 2018, Didier Tavera y Héctor Mantilla, gobernador y alcalde de Floridablanca en la época, dieron inicio a la construcción del Parque Metropolitano de Parapente, una obra que buscaba impulsar la práctica de ese deporte (insignia del municipio florideño) y de paso el turismo de la región, un sueño de los parapentistas desde hace más de 20 años.
La megaobra tuvo un costo inicial de $13.995 millones para ser ejecutada en 12 meses. Es decir, en noviembre del 2019 los florideños ya tendrían a su disposición el primer parque de talla internacional para la práctica de parapente en el área metropolitana de Bucaramanga.
De los $13.995 millones, la administración departamental aportó $5.509 millones; el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, aportó $3.700 millones; y el municipio de Floridablanca dispuso de $4.809 millones. Además, el Municipio apropiaría el terreno donde funcionaría el parque.
En tal sentido, la Gobernación de Santander, en cabeza en ese momento de Didier Tavera, fue la encargada de contratar la firma que realizaría las obras del Parque del Parapente, mientras que la administración de Floridablanca, en cabeza de Héctor Mantilla, contrataría la interventoría de dicho proyecto. El AMB, por su parte, conformaría el comité de supervisión de las obras de construcción.
Así las cosas, en noviembre del 2018 la administración Tavera firmó con el Consorcio Vuela por Santander, integrado por Invernota y Maquinobras, ambas firmas propiedad de Julián Andrés Serrano Gómez, el millonario contrato para la construcción del Parque del Parapente en la Mesa de Ruitoque.
Aunque en un comienzo la obra estaba planeada para ser ejecutada en 12 meses, es decir, debía estar lista en noviembre del 2019. Solo hasta noviembre del 2021, tras dos años más de plazo y con dos adiciones cercanas a los $6.000 millones, debido a las fallas en los diseños y los inconvenientes en la ejecución de la obra, el gobierno departamental, a través del secretario de Infraestructura, Jaime René Rodríguez, liquidó el millonario contrato a pesar de que la obra no tenía pista de aterrizaje, circuito de seguridad, red eléctrica y ni siquiera una portería para los vigilantes.
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Adjudicación exprés
Una vez liquidado el contrato el año pasado, la Gobernación de Santander, ya en cabeza de Mauricio Aguilar, le cedió la operación del parque al municipio de Floridablanca, bajo el mandato de Miguel Ángel Moreno, específicamente al Banco Inmobiliario, dirigido por Julio César González, el mismo abogado inmerso en el escándalo de corrupción de la Esant bajo la gerencia de Edwin Ballesteros.
Ya con el Parque del Parapente en su poder, el 28 de enero del 2022 (un día antes de entrar en vigor la Ley de Garantías que restringe la contratación directa), el BIF comenzó una maratónica carrera para tratar de contratar de manera directa la concesión del Parque de Parapente antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías.
Así las cosas, ese mismo 28 de enero el Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), bajo la dirección de Julio César González, y con el visto bueno del alcalde Miguel Moreno, convocó, evaluó y adjudicó en menos de 24 horas el contrato de concesión por 20 años para operar el parque.
Según el informe documental, ese día el BIF le envió una invitación privada a la firma Invernota SAS, propiedad de Julián Andrés Serrano Gómez (el mismo empresario que construyó el Parque), para administrar, mantener y aprovechar económicamente el Parque Internacional del Parapente por los próximos 20 años, sin que tenga que pagar un solo peso al municipio en contraprestación.
Unas pocas horas después, Serrano Gómez envió su propuesta para operar el escenario deportivo. Horas más tarde, ese mismo 28 de enero, ambas partes firmaron el contrato AMAE–01-2022, que le dio vida a la controvertida concesión de operación del primer parque con estas características en Colombia.
Las inconsistencias
Según las directivas del Banco Inmobiliario, el municipio de Floridablanca se ve en la necesidad de entregar la operación del Parque Internacional del Parapente a un privado, toda vez que la construcción del proyecto quedó con varias obras faltantes para el pleno funcionamiento de la atracción turística y deportiva, como el alumbrado público, la pista, taquilla y portería, entre otras. Trabajos que sumarían una inversión adicional superior a los $2.700 millones.
Sin embargo, en ninguna de las seis páginas del contrato AMAE–01-2022 se señala o especifica cuáles son esas obras que el contratista ejecutará para compensar la operación y explotación del parque por los próximos 20 años.
Solo hasta la semana pasada, tres meses después de la firma del contrato, y debido a la presión de entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, el BIF publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación, Secop, el documento de las obras que ejecutará Invernota SAS como contraprestación por la operación del parque público.
En el documento que presenta la lista de obras faltantes, que sumadas todas tendrían un valor superior a los $2.730 millones, la Alcaldía de Floridablanca informa que el contratista desarrollará trabajos de remoción de tierras por $178 millones, construcción de la red eléctrica por $900 millones, el montaje del circuito cerrado de seguridad por más de $36 millones, la construcción de la pista de aterrizaje por $276 millones y hasta una cancha de minifútbol sintética por valor de $250 millones.
“Muchas de esas obras faltantes y que ahora la administración presenta como argumentos para concesionar y privatizar el parque son obras que perfectamente pudieron ser exigidas como garantías por fallas del contratista que construyó el parque, es decir, al señor Serrano, que ahora es el mismo que lo va a operar y usufructuar por 20 años sin pagar un solo peso, solo ejecutando obras que debió hacer cuando construyó el parque y no las cumplió. Además, esas obras que va a ejecutar están con sobrecostos, una pista de aterrizaje de esas dimensiones no cuesta más de $100 millones”, advirtió Ignacio Pérez, vocero del gremio de parapentistas.
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mil millones costó la construcción del Parque Internacinal del Parapente, ubicado en Floridablanca.
Otra de las cuestionadas obras de compensación por parte del contratista es la construcción e instalación de la red eléctrica del parque, avaluada en más de $900 millones, pero que era una obra que debía ser ejecutada directamente por el municipio de Floridablanca, como se comprometió en el segundo adicional de la obra.
“En las actas de adición de la obra del Parque del Parapente el Municipio de Floridablanca se comprometió a través de su concesión de alumbrado público a construir e instalar la red eléctrica, para que esos rubros se pudieran destinar a otros frentes de obra y terminar con la construcción del escenario. Ahora lo quieren meter como supuestos trabajos compensatorios del contratista”, denunció el presidente de la Asamblea de Santander, diputado Mauricio Mejía.
A pesar de las evidentes obras faltantes, la administración de Mauricio Aguilar aprobó la liquidación del contrato de obra del parque, ejecutada por Julián Serrano, sin ninguna objeción. Ni siquiera el interventor de la obra, Consorcio Interparapente CMC, advirtió sobre alguna irregularidad en la millonaria obra.
El Consorcio Interparapente CMC está integrado por Construingenieria de Colombia, representada por Miguel Fernando Quiros Gómez, y Coedco SAS, representada legalmente por Edtih Constanza Toloza Rojas. Este último afronta un proceso penal por las presuntas irregularidades contractuales que hubo en el contrato de obra 161 del 2014, suscrito en la administración de Luis Francisco Bohórquez por $3.700 millones y en el cual Edith Toloza fungía como interventora del controvertido contrato.
Otra de las inconsistencias del contrato de concesión del parque tiene que ver con el perfil y la idoneidad del contratista, escogido según los denunciantes “a dedo” y “de manera exprés” por el BIF.
En el numeral 2 del contrato AMAE–01-2022, el Banco Inmobiliario afirma que el contrato de concesión se le entregará a una entidad sin ánimo de lucro.
“De acuerdo a lo anterior, considerando que el Banco Inmobiliario de Floridablanca no dispone de los recursos necesarios para el cuidado y mantenimiento de este predio, tiene la necesidad de entregarlo a una persona jurídica sin ánimo de lucro, que asuma su administración, mantenimiento y cuidado, con la condición que garantice a la comunidad el acceso y disfrute del mismo, lo cual se logra mediante la celebración del presente contrato”, se lee en el contrato.
Sin embargo, según el certificado de Cámara de Comercio de Invernota SAS, empresa que explotará el Parque del Parapente en los próximos 20 años, es una entidad con ánimo de lucro.
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Julio César González, director del Banco Inmobiliario de Floridablanca, aseguró a Vanguardia que el contrato de arrendamiento para la operación del parque Internacional del Parapente cumple con todas las normas legales, donde el contratista sí aportará recursos por más de $2.700 millones y, contrario a las críticas, se garantizará el mantenimiento y sostenimiento del escenario durante las próximas dos décadas.
“El parque del Parapente fue una obra construida y liquidada el año pasado y entregada al BIF en el mes de diciembre, por lo tanto allí no existe un contratista de obra. El aliado realiza las mejoras que le hicieron falta al proyecto como estabilidad del muro de acceso, pista de aterrizaje, luminarias del perímetro del predio, taquilla y portería, sistema de seguridad por cámaras, instalación del servicio de gas, adecuación de auditorio y adicional la construcción de una cancha de fútbol. La inversión pública es cero pesos, todo el recurso es del aliado”, indicó González.
A pesar de ser socio en un contrato interadministrativo y de haber aportado $3.700 millones para la construcción del Parque Internacional del Parapente, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, informó que a la fecha aún no conoce el avance, ni la liquidación del millonario contrato de obra que se terminó en noviembre del año pasado.
Así mismo, la entidad no ha sido informada sobre el acuerdo de concesión del proyecto que adjudicó la administración de Miguel Ángel Moreno a Invernota SAS.
“Hace aproximadamente un mes remitieron una copia del acta de liquidación del contrato de obra, confirmando que efectivamente no se ha liquidado, pero que ya hay un borrador de la liquidación. Antes de esto, hace mucho tiempo no enviaban soportes de ejecución del convenio. Es más, el convenio está terminado por tiempo, pero no hay suscrita una acta de terminación en la cual se pueda verificar el estado de ejecución de las obras contratadas”, según Mario Barragán, Secretario General del AMB.
Hay que anotar que Mario Barragán fue el asesor de despacho en temas de contratación de Héctor Mantilla, por lo que trabajó de la mano con Julio César González, director del BIF.
Desde la pasada administración de Héctor Mantilla, el Banco Inmobiliario de Floridablanca comenzó a ser conocida como una entidad que terceriza la contratación de la Alcaldía, aprovechando que tiene su propio manual de contratación y no se rige por la Ley 80 (Ley de Contratación Pública), según sus estatutos.
En la dirección del BIF siempre estuvieron personas cercanas a Mantilla Rueda, como Laura Carolina Manrique y Julio César González, quien llegó al Banco Inmobiliario proveniente de la Empresa de Servicios Públicos, Esant, donde trabajó como uno de los hombres de confianza de Edwin Ballesteros en la época de las presuntas irregularidades por posibles direccionamientos de contratos, que hoy lo tienen enfrentando un juicio en la Fiscalía.
Según el Secop, González viabilizó los controvertidos proyectos como la fallida construcción de los acueductos de Vélez, Landázuri y Los Santos. Solo esos tres proyectos costaron más de $50 mil millones.
Aunque con la llegada de Miguel Ángel Moreno, González pasó a ser subdirector en el Banco Inmobiliario, pues el nuevo mandatario local había nombrado a su amigo personal, Álvaro Rueda, en la dirección del BIF, con la prematura renuncia de Rueda para aspirar a la Cámara de Representantes, González asumió la dirección del Banco Inmobiliario, desde donde ha gestionado procesos contractuales que han tenido cuestionamientos de varios sectores, como este de la consesión a un particular para administrar el Parque Internacional del Parapente por 20 años y la tercerización del alumbrado público del municipio, también por 20 años.
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Aunque la administración Moreno insiste en que el proceso se llevó a cabo de manera directa porque se trataba de un contrato de arrendamiento, veedores y abogados administrativistas controvierten la legalidad del convenio y desde ya anuncian acciones judiciales.
“Un bien público como lo es un parque metropolitano no se puede arrendar. Anteriormente, cuando los parapentistas administraban ese predio, era un bien fiscal y sí se podía arrendar, pero una vez se declaró el Parque Internacional del Parapente, ese terreno pasó a convertirse en un bien público. Ahora bien, mirando el convenio, en el que el contratista no paga arriendo, pero sí usufructúa el parque, se trata de un contrato de concesión y una concesión no se puede hacer de manera directa, se tenía que hacer por licitación pública”, afirmó el diputado Mauricio Mejía.
Un análisis similar expuso el senador electo del partido Alianza Verde Fabián Díaz, quien pidió el acompañamiento y vigilancia de la Procuraduría y Contraloría.
“Se realizó a través de contratación directa bajo una modalidad de arrendamiento, pero las cláusulas contractuales no corresponden a lo que significa un contrato de arrendamiento, pues en este caso no va a existir un pago o valor por ese arriendo, y en cambio el privado si podrá ejecutar obras que a la fecha no son claras”, expuso el representante a la Cámara santandereano.
Esta no es la primera ocasión que contratista Julián Serrano logra adjudicarse una millonaria concesión por 20 años sin pagar un solo peso.
Ya en el 2016, el controvertido empresario había logrado que la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, en ese momento dirigida por Samuel Prada Cobos, le adjudicara la operación de la planta de lixiviados de El Carrasco por 20 años sin realizar pago alguno en contraparte. Según la convocatoria realizada por Prada Cobos en su momento, se hizo la invitación pública por $4.065 millones, valor que equivalía a un año de operación, pero fue concesionada para que Serrano la operara por las siguientes dos décadas.
Así mismo, Serrano Gómez es reconocido por su cercanía al exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, con quién obtuvo millonarios contratos, como la construcción del intercambiador de Quebradaseca, que tuvo un costo cercano a los 45.000 millones de pesos.
En los últimos años Julián Serrano había ‘aterrizado’ en la Cdmb, conviertiéndose en uno de los contratistas preferidos de la corporación ambiental con el ‘guiño’ del exgobernador, Didier Tavera.
Esta redacción intentó comunicarse con Julián Serrano Gómez, pero no fue posible la comunicación con el contratista.
Ante las constantes irregularidades en la concesión de la operación del Parque del Parapente, la Procuraduría Regional de Santander anunció esta semana que inició una acción preventiva sobre el controvertido contrato.
“Por lo anterior, una vez se realicen las acciones correspondientes dentro del marco legal de las competencias otorgadas a la Procuraduría General de la Nación y se finalice el trámite de la presente actuación, se le comunicará el resultado para su conocimiento y fines pertinentes”, señaló el Ministerio Público.
Así mismo, la Contraloría General de Santander, en cabeza de Fredy Anaya Martínez, informó que dará traslado de la denuncias a la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, a cargo de Blanca Luz Clavijo Díaz, con el fin de ejercer vigilancia fiscal al requerimiento.
Sin embargo, la investigación fiscal podría extenderse hasta el mes de noviembre próximo, según conoció esta redacción.
