Juan Carlos Castilla, designado como director encargado de Tránsito de Bucaramanga, está siendo procesado penalmente por delitos contra la administración pública.
Gran revuelo político ha suscitado la designación de Juan Carlos Castilla, como director encargado de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a pesar de tener en su contra una imputación por delitos relacionados con un caso de ‘carrusel’ de fundaciones en el gobierno del exgobernador de Santander, Richard Aguilar.
Luego de la renuncia de Iván Rodríguez, el martes pasado, el alcalde Juan Carlos Cárdenas designó a Castilla como director encargado de la Dirección Tránsito de Bucaramanga.
La designación de Castilla, quien desde este año asumió como Subdirector Admistrativo y Financiero de la entidad, no fue muy bien recibida en círculos políticos, toda vez que en agosto pasado un fiscal de la Unidad Delegada de Delitos Contra la Administración Pública le imputó cargos por presuntamente haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, en un escándalo que fue revelado en su momento por la Unidad Investigativa de Vanguardia.
Según el ente acusador, Castilla Arévalo habría incurrido en una serie de delitos usando fundaciones ‘de papel’ para desviar recursos públicos a favor de amigos o familiares del exgobernador Richard Aguilar Villa, quien precisamente se encuentra privado de la libertad y enfrenta un proceso penal ante la Corte Suprema por supuestamente liderar una red de corrupción que se habría apropiado de al menos $500 mil millones en contratos de infraestructura cuando fungió como mandatario departamental.
Puntualmente, la Fiscalía acusa al contratista Javier Flórez Rodríguez de haber prestado el nombre de su organización, la Fundación Prevenir y Solidaridad Familiar, Funpresolfa, y suscribir el contrato 1918 del 2015 con la Gobernación de Santander para la supuesta entrega de incentivos a artistas y músicos, con un presupuesto de $60 millones, en el marco del programa “Joven tú tienes talento”, que impulsaba la Secretaría de Desarrollo del gobierno de Richard Aguilar.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía estableció que a pesar de que la administración departamental de entonces entregó la totalidad de los recursos, $60 millones, ninguno de los jóvenes que fueron registrados como presuntos beneficiarios de las ayudas recibió un solo peso. Incluso, ni siquiera se postularon a ese programa de la Gobernación porque no eran artistas, eran jugadores de un equipo de rugby. Todo esto, según la investigación, con la autorización de Juan Carlos Castillo Arévalo, quien fungió como supervisor del contrato.
Ante estos hechos la Fiscalía le endilgó a Javier Antonio Flórez el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en calidad de interviniente, además de peculado por apropiación y falsedad en por lo menos 25 documentos públicos y privados.
Así mismo, el ente acusador le imputó a Juan Carlos Castilla los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros, y falsedad ideológica en documento público.
Ninguno de los dos sindicados aceptó los cargos.
Ante la Fiscalía, el representante legal de Funpresolfa, Javier Flórez Rodríguez, prendió el ‘ventilador’ sobre el ‘carrusel’ de fundaciones en la administración de Richard Aguilar, tras conocer la reapertura de la investigación fiscal en su contra por parte de la Contraloría Departamental de Santander, a pesar de que ya había cancelado $12 millones para resarcir el daño causado por el no pago a cinco personas, supuestas beneficiarias del programa del gobierno departamental.
Según Javier Antonio Flórez, su apoderado fue abordado por un exfuncionario de la administración de Aguilar Villa para que le prestara el nombre de la fundación para legalizar un contrato de incentivo a jóvenes de la región a cambio de $5 millones.
“Fui abordado por Manuel Masmela y Alejandro Aguilar, (primo de Richard Aguilar) para que prestara el nombre de mi fundación para legalizar un contrato por $60 millones para unos incentivos de jóvenes, pero que en realidad eran para Alejandro Aguilar, que eso ya lo había aprobado el Gobernador. A mí me dieron $5 millones por prestar la fundación, ellos hicieron lo demás”, aseguró Flórez Rodríguez en su testimonio.
Tras convencer al representante de la fundación, el funcionario y el primo de Aguilar habrían usado las hojas de vida de unos jugadores de un equipo de rugby de la región para hacerlos pasar como supuestos beneficiarios del programa “Joven tú tienes talento”, de la gobernación.
“Cuando la Contraloría nos señala como presuntos responsables por el no pago de los cinco contratos, llamamos a Alejandro, él llamó al exgobernador y él nos envió los $12 millones para resarcir el daño y así poder cerrar el caso, pero después el Contralor se echó para atrás y ahora quiere que paguemos por todo el contrato. Yo no tengo ni un solo peso”, agregó el representante de Funpresolfa.
Ante las críticas al alcalde Juan Carlos Cárdenas, por la designación de Castilla, algunas versiones en la admnistración municipal apuntan a que su nombramiento en propiedad en la Dirección de Tránsido, que fue considerado, ya no sería viable.
