Fiscalía le imputó cargos a dos presuntos miembros del ‘carrusel’ de fundaciones en el gobierno Richard Aguilar.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
La Fiscalía delegada de delitos contra la administración pública imputó cargos ante el Juzgado 16 de Control de Garantías de Bucaramanga, a Juan Carlos Castillo Arévalo y Javier Antonio Flórez Rodríguez, dos de los presuntos integrantes del denominado ‘carrusel’ de fundaciones en la administración de Richard Aguilar (hermano del actual gobernador, Mauricio Aguilar), escándalo de corrupción revelado por la Unidad Investigativa de Vanguardia.
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Según el ente acusador, Flórez Rodríguez y Castilla Arévalo habrían incurrido en una serie de delitos usando ‘fundaciones de papel’ para desviar los recursos de las arcas públicas a favor de amigos o familiares del exgobernador Richard Aguilar, quien precisamente se encuentra privado de su libertad y enfrenta un proceso penal ante la Corte Suprema por supuestamente liderar una red de corrupción que se habría apropiado de al menos $500 mil millones en contratos de infraestructura cuando fungió como mandatario departamental.
Falsos incentivos
Puntualmente, la Fiscalía acusa a Javier Flórez Rodríguez de haber prestado el nombre de su organización, la Fundación Prevenir y Solidaridad Familiar, Funpresolfa, y suscribir el contrato 1918 del 2015 con la Gobernación de Santander para la supuesta entrega de incentivos a artistas y músicos, con un presupuesto de $60 millones, en el marco del programa “Joven tú tienes talento”, que impulsaba la Secretaría de Desarrollo del gobierno de Richard Aguilar.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía estableció que a pesar de que la administración departamental de entonces entregó la totalidad de los recursos, $60 millones, ninguno de los jóvenes que fueron registrados como presuntos beneficiarios de las ayudas recibió un solo peso. Incluso, ni siquiera se postularon a ese programa de la Gobernación porque no eran artistas, eran jugadores de un equipo de rugby. Todo esto con la autorización de Juan Carlos Castillo Arévalo, quien fungió como supervisor del contrato.
Ante estos hechos la Fiscalía le endilgó a Javier Antonio Flórez el delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en calidad de interviniente, además de peculado por apropiación y falsedad en por lo menos 25 documentos públicos y privados.
Así mismo, el ente acusador le imputó a Juan Carlos Castillo los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en concurso de peculado por apropiación a favor de terceros, y falsedad ideológica en documento público.
Ninguno de los dos sindicados aceptó los cargos.
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El entramado
El representante legal de Funpresolfa, Javier Flórez Rodríguez, prendió el ‘ventilador’ sobre el ‘carrusel’ de fundaciones en la administración de Richard Aguilar, tras conocer la reapertura de la investigación fiscal en su contra por parte de la Contraloría Departamental de Santander, a pesar de que ya había cancelado $12 millones para resarcir el daño fiscal causado por el no pago a cinco personas, supuestas beneficiarias del programa del gobierno departamental.
Según Javier Antonio Flórez, su apoderado fue abordado por un exfuncionario de la administración de Aguilar Villa para que le prestara el nombre de la fundación para legalizar un contrato de incentivo a jóvenes de la región a cambio de $5 millones.
“Fui abordado por Manuel Masmela y Alejandro Aguilar, (primo de Richard Aguilar) para que prestara el nombre de mi fundación para legalizar un contrato por $60 millones para unos incentivos de jóvenes, pero que en realidad eran para Alejandro Aguilar, que eso ya lo había aprobado el Gobernador. A mí me dieron $5 millones por prestar la fundación, ellos hicieron lo demás”, aseguró Flórez Rodríguez.
Tras convencer al representante de la fundación, el funcionario y el primo de Aguilar habrían usado las hojas de vida de unos jugadores de un equipo de rugby de la región para hacerlos pasar como supuestos beneficiarios del programa “Joven tú tienes talento”, de la gobernación.
“Cuando la Contraloría nos señala como presuntos responsables por el no pago de los cinco contratos, llamamos a Alejandro, él llamó al exgobernador y él nos envió los $12 millones para resarcir el daño y así poder cerrar el caso, pero después el Contralor se echó para atrás y ahora quiere que paguemos por todo el contrato. Yo no tengo ni un solo peso, ahora manejo un taxi porque lo perdí todo por cuenta de ese contrato”, agregó el representante de Funpresolfa.
Carrusel de fundaciones
Pero este no es el único caso que se ventila sobre irregularidades en la administración de Aguilar Villa al presuntamente utilizar fundaciones de fachada para legalizar contratos y desviar los recursos de las arcas de la Gobernación de Santander.
En febrero del año pasado un juez de la República condenó a 48 meses de prisión a Julián Masmela Castillo, por las irregularidades en el contrato 04280 del 20 de septiembre de 2013, entre la Secretaría del Interior de la administración Aguilar y la Fundación para el Progreso de la Comunidad, Funprocom, por un valor de 70 millones, para el fortalecimiento a las organizaciones comunales y líderes institucionales para generar la capacidad de gestión en el departamento.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Julián Masmela Castillo actuó como interviniente para convencer al representante legal de Funprocom, con el fin de que prestara la fundación y legalizar con artimañas el contrato para desviar los recursos del departamento.
Julián Masmela Castillo es hermano de Manuel Masmela Castillo, quien es señalado por Javier Antonio Flórez como el interviniente para que prestará de manera irregular su fundación.
Bajo el decreto 0250 del 2020, el actual gobernador, Mauricio Aguilar (hermano del exgobernador Richard Aguilar), nombró a Manuel Masmela Castillo como integrante del Consejo de Planeación de Santander. Actualmente, Manuel Masmela es el presidente de ese órgano colegiado que trabaja en la planeación de los proyectos del departamento.
Esta redacción intentó contactar al exgobernador Richard Aguilar Villa pero no fue posible la comunicación con el exmandatario ya que se encuentra privado de la libertad en una guarnición militar en Bogotá y no se logró el contacto telefónico.
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Penas mínimas
Si bien el Código Penal colombiano contempla penas entre 5 y 18 años por los delitos de contratación sin requisitos legales, y de tres a seis años por peculado por apropiación, estas penas se verían reducidas hasta una cuarta parte en contra de Javier Flórez Rodríguez, toda vez que en este caso en particular fue imputado en calidad de interviniente y no de autor, explicaron penalistas consultados por Vanguardia.
