Sobrecostos, presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato y falta de planeación, son algunas de las denuncias que hoy se hacen al proyecto de construcción de un megacolegio en el municipio de Suaita, cuyas obras ya deberían estar terminadas pero en el terreno solo hay unas pocas bases. Están en juego más de $10 mil millones.
Publicado por: Unidad Investigativa
A mediados del 2022 y a pesar de la resistencia de decenas de padres de familia y habitantes de municipio de Suaita, el entonces gobernador Mauricio Aguilar anunció con ‘bombos y platillos’ la construcción de un ‘megacolegio’, el Lucas Caballero, que atendería a unos 600 estudiantes de primaria y secundaria en el pequeño municipio, ubicado a unas cinco horas de Bucaramanga, en el sur del departamento, provincia comunera.
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Los suitanos han sido históricamente devotos a la Virgen de La Candelaria, tanto así que hay versiones de que ha sido la dueña del municipio. Hoy le piden a su patrona que un megacolegio que les prometieron no se convierta en ‘elefante blanco’.
Hoy, casi dos años después del ostentoso anuncio y con una inversión superior a los $15.820 millones, lo que debían ser 12 aulas de clase, auditorio, canchas, y hasta salas virtuales, pareciera ser solo un terreno ‘revolcado’ de 2.500 metros cuadrados en el que el contratista se ha dedicado por meses a hacer movimientos de tierra, pero del edificio muy pocos avances.
Aunque en las cuentas de la Gobernación de Santander, para el pasado 12 de febrero el megacolegio debería estar en plena operación y beneficiando a los niños y jóvenes de Suaita, presuntas fallas en la planeación del proyecto y posibles inconsistencias en los estudios y diseños han impedido la ejecución de la megaobra educativa.
Según los informes del contrato, rotulado con el número 3835 del 2022, luego de más de un año de trabajos de obra y tras una inversión superior a los $3.339 millones, el avance físico del proyecto solo alcanza el 21 %, tiempo que al parecer se ha dedicado únicamente al movimiento de tierras. El megacolegio de Suaita hoy está en vilo pues el contratista, la Unión Temporal Colucas 2022, exige una adición de $7 mil millones para terminar de construirlo.
Este caso del megacolegio de Suaita llamó la atención del actual Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien recientemente advirtió que, según las primeras revisiones de su administración, los sobrecostos en este proyecto podrían doblar su precio inicia, ya que adicionalmente hay que construir dos muros de contención que no fueron previstos en los estudios iniciales.
El hilo conductor
A pesar de las críticas de la comunidad, veedores e incluso varios diputados de la Asamblea de Santander, desde el mismo anunció el proyecto, la Secretaría de Infraestructura, en ese momento en cabeza de Jaime René Rodríguez, a través del proceso IT-LP-22-09 adjudicó el contrato de construcción del megacolegio Lucas Caballero, con un presupuesto de $16 mil millones.
Aunque al cierre de la licitación fueron cuatro los oferentes que se presentaron, interesados en ejecutar el contrato, la Unidad Investigativa de Vanguardia pudo establecer varios elementos que confirmarían que todos los proponentes tendrían una relación directa o indirecta con el clan Aguilar, en el poder cuando la obra fue adjudicada.
Según los registros en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, el primer oferente en presentar su propuesta fue la Unión Temporal Megacolegio, integrada por Iron Constructores SAS, con el 70 %, y MHG Ingeniería con el 30 %.
Iron Constructores SAS es una firma subordinada de Valco Holding SAS, compañía de los hermanos Valderrama Cordero, megacontratistas de la Gobernación durante la administración de Richard Aguilar (hermano del exgobernador Mauricio Aguilar), en el gobierno de Aguilar Villa, los Valco se quedaron con importantes obras de infraestructura en el departamento como el Tercer Carril entre Bucaramanga y Floridablanca, por $90 mil millones, o el corredor vial San Gil - Charalá - Límites por $185 mil millones, entre otras.
Con el 30 por ciento de la participación accionaria del oferente, se presentó MHG Ingeniería SAS, empresa propiedad de Martha Patricia Gómez Martínez, que en los últimos años se ha consolidado como una empresa megacontratistas del departamento del Cesar.
Por otro lado, se presentó la Unión Temporal Edu Suaita, integrada por las Rioca Ingeniería, con 74 %; Construsantander, 25 % y Carlos Alberto Ríos Buitrago, 1 %; como persona natural.
Tanto Rioca Ingeniería como Construsantander, son propiedad de Carlos Alberto Ríos que también hace parte de la Unión Temporal.
Bajo la rectoría de Ómar Lengerke, en las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, cargo al que llegó respaldado por el exgobernador Richard Aguilar, el empresario Carlos Alberto Ríos se consolidó como un frecuente contratista de las UTS.
En la lista de oferentes interesados en construir el Megacolegio de Suaita también aparece la Unión Temporal EDU Santander, integrada por las firmas costeñas Insuobras GCS SAS, 50 %; y E.E Ingeniería SAS, 50 %; la primera representada por Gustavo Adolfo Campo Silva y la segunda por José Alberto Egurrola Hernández.
En múltiples ocasiones las dos firmas se han presentado en consorcio en millonarias licitaciones con el Estado, principalmente en el departamento del Cesar, con el apoyo del senador de Cambio Radical, Didier Lobo, compañero de bancada de Richard Aguilar cuando estuvo en el Senado, (2018 - 2021). Aguilar renunció a su credencial un año antes tras ser capturado por orden de la Corte Suprema, por presuntas irregularidades en la contratación para remodelar el estadio Alfonso López de Bucaramanga cuando fungió como gobernador de Santander.
Finalmente, también se presentó la Unión Temporal Colucas 2022, conformada por JL Agudelo Construcciones SAS, con el 75 %, y Discep SAS, con el 25 %.
Aunque ambas firmas fueron constituidas en Bucaramanga, en la década pasada cambiaron de domicilio y fueron radicadas en otros municipios: JL Agudelo Construcciones SAS, representada legalmente por Edwin Ariel Leal Macias, se instaló en Barranquilla, mientras que Discep SAS, propiedad de Héctor González Gómez, se radicó en Bogotá.
El contrato más reciente de JL Agudelo es con el Hospital San Rafael, en el municipio de Matanza, en 2019, cuando la ESE era gerenciada por Javier Alfonso Villamizar, que en los últimos años ha estado cerca de al exgobernador Mauricio Aguilar, incluso fue su secretario de Salud.
Por su parte, Discep SAS, a pesar de ser de Bucaramanga y haberse trasladado a Bogotá, su fortín en contratación pública lo forjó en el departamento del Cesar, donde se ha convertido en uno de los contratistas más recurrentes de ese departamento, especialmente en el municipio de La Jagua de Ibirico.
Entre el 2018 y 2022, periodo en que el Richard Aguilar y Didier Lobo, compartieron curul en el Senado, Discep recibió contratos por cerca de $40 mil millones en la Jagua de Ibirico.
Dentro del amplio historial contractual de Discep en el Cesar aparece que en 2022 la otrora firma bumangueses, a través de la Unión Temporal Alademas DG1, firmó con el municipio de la Jagua de Ibirico el contrato 194 de 2022, por $6.072 millones para la construcción e iluminación de DG1 de esa población.
Curiosamente, el otro integrante de la Unión Temporal Alademas DG1, es la firma MHG Ingeniería, la misma que hace parte de la Unión Temporal Megacolegio, que también competía en la licitación para la obra en Suaita.
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Los ungidos
Al final del controvertido proceso la administración de Mauricio Aguilar le adjudicó el contrato del Megacolegio Lucas Caballero a la Unión Temporal Colucas 2022, luego de que JL Agudelo Construcciones SAS y Discep SAS, obtuvieran una calificación perfecta de 100 sobre 100 puntos posibles.
Esto, después de que la firma barranquillera JL Agudelo Construcciones SAS, presentara como experiencia un contrato de obra con la Universidad del Llano, que comenzó costando 8.111 millones y terminó costando $10.011 millones, tras un adicional de $1.900 millones. El contrato fue suspendido en tres ocasiones retrasando las obras en 13 meses.
Igualmente, para este proceso licitatorio Discep SAS registró como experiencia el contrato 277 de 2006 con la Gobernación de Santander para construir el Centro Cultural de Suaita, contrato que se proyectó en $1.974 millones pero terminó costando $2.884 millones, tras un adicional en valor de $910 millones, el 46 % del valor inicial, solo 4 % menos del tope permitido por la ley.
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Millonarios sobrecostos
Ante este escenario, el 7 de diciembre del 2022 la administración de Mauricio Aguilar firmó el contrato 3835 con la Unión Temporal Colucas 2022 para la construcción del Colegio Integrado Lucas Caballero, por valor de $15 mil millones.
Aunque en el mencionado contrato se establecía un plazo inicial de 12 meses, una vez firmada el acta de inicio, para la construcción y puesta en funcionamiento del megacolegio en Suaita, dicho plazo se cumplió el pasado 12 de febrero. El problema hoy es que el avance físico de las obras es irrisorio, solo alcanza el 21 %, y se podrían presentar millonarios sobrecostos.
Según consta en la documentación de la obra, en septiembre del 2023, siete meses después de firmada el acta de inicio, la firma contratista aseguró que los estudios y diseños distan del proyecto original del megacolegio, por lo que pide una modificación en el presupuesto de $6.567 millones adicionales.
“Realizado el análisis preliminar de las memorias de obra se evidencia un faltante de $6.567 millones para realizar el proyecto en su totalidad”, se lee en el acta, firmada por Edwin Ariel Leal, representante legal de la UT Colucas 2022.
Mil millones adicionales tendría que invertir el gobierno departamental para poder terminar la construcción del megacolegio de Suatia, Santander.
Según el informe del contratista, solo para ejecutar los ítems no previstos y movimientos de tierra se requieren $2.751 millones de presupuesto extra.
A pesar del avance mínimo y el incumplimiento en la construcción del megacolegio, la Gobernación de Santander ya le pagó $3.339 millones a la Unión Temporal.
La empresa caleña Construterra SAS, representada legalmente por Rosa Stella Gutiérrez Martínez, realizó los estudios y diseños para la construcción de la institución educativa.
Por otra parte, los estudios geotécnicos para el megaproyecto educativo de Suaita estuvieron a cargo de la empresa boyacense Consultoría y Supervisión de Estructuras SAS, representada legalmente por Jonathan José Cala Monroy.
Según la trazabilidad en el Secop, la Unión Temporal Colucas 2022, encargada de la construcción, en lo que va de este año (2024) únicamente se ha dedicado a realizar movimientos de tierra y no ha puesto ni un ladrillo de la estructura.
Doblemente costosa
Recientemente, el gobernador Juvenal Díaz denunció que debido a la falta de planeación y malas prácticas contractuales la megaobra podría terminar costando el doble del presupuesto inicial, por lo que pidió a los organismos de control investigar. Según el mandatario, por las dificultades que presenta, el proyecto es inviable.
“Quiero presentarles este megacolegio que se pretende construir en Suaita, un contrato por $10 mil millones que en lo único que ha avanzado es en remoción de tierra. Me dicen que el contratista va a pedir $5 mil millones adicionales y hay que hacer dos muros de contención que cada uno, vale $5 mil millones extra, es decir, una obra que supuestamente valía $10 mil millones, se nos puede ir a casi $25 mil millones. Yo le solicito a la Contraloría departamental que haga una revisión exhaustiva de todo el contrato, de lo que se ha ejecutado, y también daré instrucciones a la secretaria de Infraestructura para que se tomen las decisiones que la ley nos permita”, señaló Díaz Mateus.
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Fracaso anunciado
En un reciente debate de control político en la Asamblea de Santander, el diputado Giovanni Leal (Alianza Verde), señaló que lo ocurrido con el megacolegio de Suaita, contratado por la administración Aguilar Hurtado, es la historia de un fracaso anunciado.
“El Colegio Integrado Lucas caballero, con casi 400 alumnos, más de 100 hectáreas, tiene unas instalaciones increíbles, pero por voluntad y capricho del exgobernador Mauricio Aguilar quisieron inventarse un megacolegio al que le invirtieron $16 mil y a hoy un año después, solo removieron tierra. Este va a ser otro elefante blanco, por los presuntos problemas del terreno, retrasos, problemas de inestabilidad, y ahora adiciones, quiero ver cómo van a justificar ahora esta obra”, expuso el corporado.
Por su parte, el exdiputado Ferley Sierra, quien había hecho hace varios meses denuncias sobre este proyecto, señaló que por las fallas en este contrato es necesario hacer efectivas las pólizas y sancionar al consorcio adjudicatario.
“Ya habíamos advertido que la plata del colegio de Suaita se la iban a robar y que nos iban a dejar un elefante blanco de $16 mil millones, que podría terminar en más de $20 mil millones, porque ni obras de mitigación tenían. Ahora lo que nos toca es exigirle al gobernador que haga efectivas las pólizas de cumplimiento y le aplique todas las sanciones habidas y por haber a estos contratistas que se atrevieron a robarse la plata, no solo de un municipio, sino la plata de la educación de todo un departamento”, señaló Sierra.
Mientras la actual administración revisa la situación y gestiona una solución para que se puedan terminar las obras, los niños suaitanos continúan asistiendo a la antigua sede del Colegio Lucas Caballero, que se encuentra el perfectas condiciones, como lo advirtieron decenas de padres de familia y lo pudo comprobar Vanguardia en un recorrido realizado para este informe.
En la Asamblea departamental siguen sumándose voces de sectores políticos que le piden al gobernador Díaz Mateus imponer las respectivas multas al contratista, hacer efectivas las pólizas y que los entes de control investiguen lo ocurrido con esta obra, que muchos ya consideran en un ‘elefante blanco’ de más de $15 mil millones en Santander.
Coincidencialmente, en este caso de Suaita, como en otros a los que Vanguardia ha hecho seguimiento, también brilló la buena fortuna de los contratistas costeños en la administración Aguilar Hurtado. El Consorcio Colegio Lucas Caballero, integrado por las firmas Consultoría e Interventorías Técnicas profesionales SAS, de La Paz, Cesar; y Laboratorio de Negocios Bizlab SAS, es el encargado de realizar la interventoría del contrato de construcción del megacolegio de Suaita.
Contrario a la bajísima ejecución por parte del constructor, el consorcio interventor ya ha ejecutado el 72 % de su contrato, es decir, ya le han cancelado $451 millones del valor total del acuerdo contractual, de $620 millones, según la más reciente acta publicada en los documentos cargados en diciembre del 2023.
A pesar del avance en el contrato de interventoría, la labor del mismo se ha dedicado más a validar las solicitudes de prórrogas o adicionales del contratista, que a ejercer el control de calidad en la construcción del colegio, como lo especifica su contrato.
“Se ajustan cantidades de obras en la Modificatoria N° 01 en el “acta de menores y mayores”, estas cantidades fueron revisadas y aprobadas por la interventoría. Se presentan mayores cantidades en actividades preliminares y movimiento de tierra, estas están sustentadas en memorias de cantidades con cartilla topográficas presentadas por el contratista de obra y aprobada por la interventoría”, concluye el último informe de la interventoría, publicado en diciembre.
Consultoría e Interventorías Técnicas profesionales SAS, fue constituida en 2019 por José Francisco Caballero Baute, en La Paz, Cesar. Por su parte, Laboratorio de Negocios Bizlab SAS, socia con el 50 % del consorcio interventor, fue constituida en 2018 en Cartagena por Elia María Galvis Aragón excandidata al concejo de la capital de Bolívar por el Partido Aico. Laboratorio de Negocios Bizlab SAS nació con el objeto de brindar educación, pedagogía, desarrollo, fomento socialización y comercialización de bienes y servicios intangibles de carácter cultural.
