Según las grabaciones reveladas por la Fiscalía, Gil habría pactado el envío de al menos 120 kilos de cocaína, para ser distribuidos en Roma.
Se agrava la situación jurídica del exsenador santandereano Luis Alberto Gil y los cuatro capturados más el pasado lunes, en el proceso por el escándalo de corrupción denunciado por la Fiscalía, en el que presuntamente se estaría buscando retrasar la extradición del exlíder de las Farc ‘Jesús Santrich’.
Además del presunto tráfico de influencias y cohecho, ahora la Fiscalía también señala a los detenidos del delito de concierto para delinquir, por presuntamente pactar el envío de cargamentos de drogas a Roma, Italia.
Según el ente acusador, en su poder tiene una serie de grabaciones de voz en las que se oye cómo los implicados, además de concertar la injerencia indebida en la extradición de Santrich, también coordinaban envíos de cargamentos de drogas al exterior.
“En cuanto al señor Carlos Julián Bermeo igualmente se conoce que concertó con el señor Luis Alberto Gil y dos personas más, una de ellas de nombre Alexánder Toro, y el primero de marzo de 2019 negoció en presencia del agente encubierto al menos 120 kilos de sustancia estupefaciente que sería entregada en la ciudad de Roma, Italia, al señor Alexánder Toro, para ser distribuidos en una discoteca, que dijo ser de su propiedad”, argumentó el fiscal del caso.
Aunque la Procuraduría manifestó tener inquietudes sobre la participación de Gil Castillo en la negociación del cargamento de cocaína hacia Roma, el fiscal aseguró que el exsenador tenía “conocimiento previo de esa conducta que se estaba planeando en su presencia”.
De este encuentro hay una grabación hecha por un agente infiltrado durante el operativo que desplegó el CTI y que es una de las evidencias que fueron legalizadas en la audiencia del pasado fin de semana.
Retrasos en extradición
Así mismo, el fiscal encargado del caso afirmó tener en su poder otra grabación de voz en la que se oye como el fiscal de la JEP Julián Bermeo asegura haber intercedido para que la carta rogatoria que el Ministerio de Justicia le envió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos se extraviara, y ofreció su servicio para retrasar por lo menos tres meses más la extradición del exjefe guerrillero a cambio del pago de una suma de dinero.
“Usted se ofreció para retardar órdenes de policía judicial, solicitar prórrogas para dilatar órdenes impartidas por un magistrado, así como devolución de documentos enviados por una agencia extranjera dentro del caso de Santrich”, dijo el fiscal dirigiéndose al fiscal Bermeo, quien hace parte de la JEP.
En un aparte de la grabación aportada al proceso, uno de los intervinientes se refiere a este tema: “Don Orlando, acuérdese que han pasado dos eventos muy significativos, la carta con las que nos ayudó y la otra es que el hombre que está en Nueva York ya se jodió, ahora falta la segunda parte”.
Discordia por el pago
De acuerdo a la Fiscalía, en otra de las grabaciones fueron obtenidas por el agente encubierto, intervienen el agente y una tercera persona a la que identificaron como la fuente. La discusión gira en torno a la cantidad y entrega del dinero.
“Acá hay 500 mil (dólares). Es lo que le puedo mostrar. Abajo en la camioneta tengo un millón quinientos mil más”, dice con un acento mexicano una de las dos personas que acompañan a quien sería Luis Orlando Villamizar, grabación obtenida en una habitación de un hotel. Villamizar le increpa en varias oportunidades a su interlocutor, porque el dinero no está completo y que hasta que no esté la suma acordada “no habrá movimiento”. Al parecer, se refiere a los dos millones de dólares que, según la Fiscalía, se pactaron para interceder en el proceso de extradición de Santrich.
En algún momento de la grabación, Villamizar y el supuesto mexicano acuerdan contar el dinero que está en billetes de 100 dólares. “Cada pajilla trae 10, vaya cogiéndolos y yo le voy pasando. Revíselo yo no le voy a decir mentiras, yo le dije que no me crea mentiroso”, se escucha en la voz del acompañante de Villamizar.
En contexto: Opción Ciudadana se quedó sin personería jurídica
El ocaso de opción ciudadana
La captura del exsenador Gil Castillo, el pasado lunes, sentenció el declive de uno de los políticos con mayor influencia en la región. Gil pasó de ser el congresista más votado de Santander y de tener su propia colectividad política, a estar hoy procesado por corrupción y narcotráfico, además de no tener partido actualmente en el ámbito político. El año pasado Opción Ciudadana no superó el umbral en las elecciones legislativas, lo que significó que la colectividad se quedara sin personería jurídica.
Según pudo conocer esta redacción, en noviembre pasado Luis Alberto Gil estuvo negociando en Bogotá la ‘compra’ de un partido político para poder entregar avales para las próximas elecciones locales de octubre, y así lograr permanecer en el panorama político de la región.
¿Quién es luis alberto ‘el tuerto’ Gil?
Luis Alberto Gil es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Libre. Desde muy temprana edad, la vida de Gil ha estado inmersa en el sindicalismo, los grupos armados ilegales y la política.
Cuando cursaba sus estudios de Química en la Universidad Industrial, Gil fue reclutado por la guerrilla del M-19 donde militó hasta la desmovilización del grupo guerrillero en 1990.
Una vez desmovilizado, Luis Alberto Gil decidió incursionar en el negocio de la salud, donde creó la Fundación Integral para la Salud y educación comunitaria del Magisterio, Finsema, una IPS encargada de la prestación del servicio de salud a los docentes de la ciudad.
En 1992, Luis Alberto Gil tuvo sus primeros ‘pinos’ en la política local, al aspirar a la Asamblea departamental bajo el aval del Partido Liberal. Gil fue electo como Diputado de Santander con el respaldo de los docentes de la región.
Aunque cuatro años después fue reelegido Diputado por el liberalismo, en ese mismo año Gil Castillo se separó de la colectividad ‘roja’ y creó su propio partido, Convergencia Ciudadana, que después pasó a ser partido de Integración Nacional, PIN, actualmente conocido como Opción Ciudadana.
En 2002, con más de 87 mil votos, Gil fue elegido como el Senador más votado en Santander.
En 2012, Luis Alberto Gil fue condenado por parapolítica al recibir apoyo electoral de parte del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, con quien habría llegado a un acuerdo tras una reunión en 2001.
Junto con Gil Castillo, la Fiscalía también procesa al nortesantandereano Luis Orlando Villamizar, exdirector comercial de la Lotería de Santander en el gobierno de Richard Aguilar.
