Registraduría presupuesta que las 58 revocatorias que se tramintan en COlombia le costarían a la Nación $200 mil millones.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Los 58 procesos de solicitud de revocatoria de mandatarios locales y departamentales que actualmente cursan en el país le costarían a la Nación $200 mil millones para cumplir todas sus fases.
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Según el presupuesto de la Registraduría, para poder desarrollar los 58 procesos de revocatoria que se están tramitando en el país, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar un giro por $200 mil millones. Sin embargo, este valor puede aumentar según se incrementen las inscripciones de nuevas revocatorias de mandato en el país.
“El presupuesto estimado incluye la revisión de apoyos que respaldan las iniciativas, así como la conformación del censo, la selección de jurados de votación, organización logística de los puestos de votación, elaboración y distribución de los kits electorales, preconteo, escrutinios, consolidación y entrega de resultados”, señaló la Registraduría.
Al cierre de esta edición, la Registraduría había recibido la inscripción de 58 comités promotores para la revocatoria del mandato y dos iniciativas ciudadanas de referendo constitucional aprobatorio de orden nacional.
Capitales, las más costosas
Si bien la Registraduría no tiene las estadísticas del costo desagregado por cada uno de los procesos revocatorios en cada uno de los municipios donde se están solicitando, la entidad del Estado civil aclaró que este valor varía dependiendo del ugar de su realización.
“En las ciudades capitales es donde es más costoso la organización electoral, ya que el potencial electoral es mucho mayor y la logística requiere mucho más dinero. En otros municipios, en donde se tramitan el 90% de las revocatorias, el censo no es tan grande pero muchas veces la logística es más complicada por temas de vías de acceso, seguridad u otros factores”, explicó la Registraduría.
Bogotá, Medellín, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga son algunas de las ciudades capitales donde se están tramitando procesos de solicitud de revocatoria de sus mandatarios locales.
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¿$20 mil millones en Bucaramanga?
En su intervención en la audiencia pública ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, celebrada el pasado martes, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas aseguró que el proceso de revocatoria en su contra tendría un valor cercano a los $20 mil millones, recursos que perfectamente podrían ser utilizados por el municipio para adquirir 500.000 vacunas contra el COVID-19 para la ciudad.
El caso más reciente de una revocatoria en Santander se registró en 2017, cuando la Registraduría gastó $554 millones para la realización del proceso de revocatoria del exalcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri; una ciudad que tenía un potencial electoral de 169.907 votantes.
En ese sentido, si se aplicara una regla de tres simple, el valor de la organización de la revocatoria en Bucaramanga, con un potencial electoral de 512.676 votantes, sería el triple del costo en Barrancabermeja, es decir, unos $1.662 millones.
Aunque no es una cifra oficial y los costos deben ser ajustados a los precios actuales, la cifra estaría muy por debajo a los $20 mil millones que asegura Cárdenas Rey costará la revocatoria en Bucaramanga. Sin embargo no deja de ser un valor elevado.
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Liberales no apoyan revocatorias
El secretario general del partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, afirmó que la colectividad roja no está apoyando ni promoviendo ninguno de los procesos de revocatoria que se adelantan en el país, incluyendo Bucaramanga.
Según Sánchez, este no es el escenario ideal para promover un proceso revocatorio teniendo en cuenta la actual crisis que afronta el país por cuenta de la pandemia del COVID-19.
“Respetamos el derecho constitucional que les asiste a los colombianos y a los electores, pero creemos que no es el momento oportuno que, en medio de esta crisis, de este momento difícil que vive Colombia, nos convoquemos a procesos de revocatorias cuando deberíamos estar convocándonos a la unidad en torno a superar la difícil situación que vive la economía, que viven las familias, que vivimos los colombianos. Por eso no estamos respaldando ningún proceso de revocatoria en el país”, explicó Sánchez.
