Una demanda de pérdida de investidura por presunta inhabilidad y conflicto de intereses tiene al borde de la muerte política a siete exdiputados y al actual corporado Hugo Cardozo, por las irregularidades en la elección de Reynaldo Mateus como contralor de Santander.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
En audiencia pública convocada por la magistrada ponente, Claudia Peñuela, la sala plena del Tribunal Administrativo de Santander escucha los alegatos finales de la defensa en el marco de la demanda de pérdida de investidura en contra de los exdiputados: Claudia Ramírez, Anabel Tarazona, Noé Alexander Medina, Leonidas Gómez, Alfonso Pinto, Jonathan Duarte, Marggy Carolina Rangel, así como del diputado Hugo Andrés Cardozo, por presunto conflicto de intereses en la elección de Reynaldo Mateus como contralor departamental para el periodo 2024 - 2025.
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Según la demanda, en diciembre del 2023, los corporados, sin declararse impedidos, votaron en el proceso de elección del nuevo contralor departamental de Santander a pesar de tener investigaciones de responsabilidad fiscal activas en esa entidad, lo que configuraría un evidente conflicto de intereses.
Por su parte, los abogados defensores desestimaron los argumentos del demandante, Israel Gallego Medina, al considerar que sus apoderados no incurriendo en ningún conflicto de intereses en el proceso de elección de Reynaldo Mateus como contralor de Santander, ya que muchos de ellos ni siquiera habían sido notificados de la apertura de la investigación fiscal en su contra por parte de la Contraloría departamental a la hora de la elección, en diciembre del 2023.
Por su parte, en su intervención, el Ministerio Público argumentó que no se configuró un conflicto de intereses por parte de los ocho demandados a pesar de haber votado en el proceso de elección aún teniendo investigaciones activas por parte del ente de control fiscal territorial.
Con los alegatos finales, el Tribunal procederá a definir si le dicta la pérdida de investidura en contra de los siete exdiputados y el actual corporado, Hugo Cardozo. De ser hallados culpables, los funcionarios no podrían volver a participar en procesos electorales.
“En dos días posteriores a la terminación de esta audiencia se dará a conocer el sentido del fallo de este proceso para que la sala plena pueda debatirlo y votar de manera definitiva”, explicó la magistrada Peñuela.
En tal sentido, el próximo jueves 21 de marzo se conocerá el sentido de la decisión en contra de los ochos exdiputados.
