La Asamblea de Santander está a punto de elegir contralor departamental, pero el proceso tiene un problema de fondo: la convocatoria anterior sigue en disputa judicial y el Consejo de Estado no ha resuelto las apelaciones.
A menos de dos meses de definir quién asumirá el control fiscal en Santander por los próximos tres años, el proceso que se adelanta en la Asamblea registra reparos por presuntos vicios de legalidad. Mientras la duma espera cómo se resuelve una apelación ante el Consejo de Estado para defender el concurso anterior, en paralelo impulsa una nueva convocatoria que abogados y propios asambleístas advierten como prematura y riesgosa frente al posible delito de prevaricato.
La Resolución 077, firmada en agosto de 2025, abría la primera convocatoria pública para este cargo fiscal. Este documento fue firmado por la entonces mesa directiva conformada por los diputados Víctor Palacios, Ramón Ramírez y Diana Jiménez.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó medidas cautelares, en octubre de 2025, por presuntas irregularidades de esta convocatoria. En tal sentido, la Resolución 077 fue derogada en septiembre pasado. Además: ¿Quiénes van ganando la carrera por la Contraloría de Santander? Se revelaron los puntajes
Su nulidad se produjo en medio del litigio que tenía en su despacho la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, y quien mantuvo durante un año exacto el ‘proceso frenado’ por medidas cautelares, en medio de una demanda de nulidad que radicó en su momento el abogado Carlos Guevara y el excontralor de Santander, Reynaldo Mateus.
Si bien es cierto, primero se declaró nula la Resolución 077 y luego el Tribunal Administrativo de Santander ‘tumbó’ esa convocatoria pública aduciendo irregularidades como la extralimitación en requisitos y preguntas en las pruebas de conocimientos, el fallo no ha quedado en firme, como lo dispuso la misma magistrada Peñuela Arce en la primera instancia del mes de septiembre.
“Mantener la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 077, decretada por la sala en auto de 10 de febrero de 2026 y confirmada por el Consejo de Estado el 16 de abril de 2026, hasta la ejecutoria de esta sentencia”, afirmó el despacho en el fallo del 28 de septiembre pasado. Además: Procuraduría activa función disciplinaria por retrasos en la elección de contralor de Santander
De hecho, Vanguardia pudo establecer que Reynaldo Mateus, quien fue contralor departamental en un entorpecido proceso que primero tuvo a como jefe del órgano fiscal a Fredy Anaya y Blanca Clavijo, apeló ante la Sección Quinta del Consejo de Estado toda vez que sus pretensiones para volver a la Contraloría de Santander, a cumplir sus cuatro años, no fueron admitidas.
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Por su parte, la Gobernación de Santander también radicó apelación cuestionando el fallo de primera instancia y pidiendo, a través de Paula Andrea Lizarazo, apoderada, que se mantenga en firme la Resolución 077. Es decir, la primera convocatoria pública.
¿Vicios en la resolución?
Reynaldo Mateus se mantiene en que la nueva convocatoria pública está viciada toda vez que no se ha resuelto su apelación.
“Estamos en la etapa de mi apelación, en la cual tengo derecho ante el Consejo de Estado a que me resuelvan a mi favor y me reintegren. Por lo tanto, no está ejecutoriado. Esto pasa cuando se resuelva la segunda instancia. La Asamblea puede incurrir en prevaricato”, afirmó Mateus.
El abogado Carlos Alfaro también considera vicios en el nuevo proceso, en el cual ya se presentaron las pruebas de conocimientos, que fueron calificadas por la Universidad de Cartagena. Además: Universidad de Cartagena evaluará conocimientos: este es el cronograma para elegir contralor de Santander
“Ellos no tienen por qué citar a un nuevo concurso porque está en entredicho el anterior y el fallo no está ejecutoriado. Los miembros de la mesa directiva de la Asamblea podrían incurrir en prevaricato”, expresó Alfaro.
En la Asamblea prefieren guardar silencio ante esto. Hugo Cardozo, presidente de la Asamblea, no respondió las comunicaciones de Vanguardia.
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Sin embargo, diputados consultados señalaron que temen votar e incurrir en un posible prevaricato o desacato a decisión judicial cuando falle el Consejo de Estado las apelaciones.
“Varios tenemos ese concepto y deberían esperar a que se pronuncie el Consejo de Estado. En mi opinión, la mesa directiva debió esperar la apelación”, afirmó un diputado, que no quiso ser citado por no tener diferencias con los directivos de este periodo.
La otra versión
La mesa directiva de la Asamblea de Santander cree en la legitimidad de la nueva convocatoria pública, en la que Héctor Fabián Pérez Boada, Alexandra Sosa Sánchez y Armando Motta Rueda alcanzaron los tres puntajes más altos en prueba de conocimientos que calificó la Universidad de Cartagena.
El abogado Leonardo Hernández también es partidario de la viabilidad de la nueva convocatoria pública.
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“El Artículo 94 y 96 del Contencioso Administrativo menciona la positivas de revocar sus propios actos, en este caso, la Asamblea. No se han adquirido derechos ante ningún ciudadano. La Asamblea tiene facultad para expedir la nueva resolución. Diferente fuera si hubiera una terna o estuviera el contralor ya elegido”, afirmó el experto en procesos administrativos. Además: Tribunal de Santander declara nula la resolución que abrió convocatoria para elegir contralor departamental
Además, explicó: “el proceso que se adelanta ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa no es frente a la nueva convocatoria y por tanto, dicho proceso, hasta el momento está revestido de plena legalidad. Ahora bien, en caso tal que el Consejo de Estado conceda las pretensiones del demandante y ya se haya surtido el proceso del nuevo contralor, el demandante Mateus podrá recurrir al restablecimiento de sus derechos consistente en sus salarios y demás emolumentos”.
La Asamblea de Santander está a punto de elegir contralor departamental, pero el proceso tiene un problema de fondo: la convocatoria anterior sigue en disputa judicial y el Consejo de Estado no ha resuelto las apelaciones.
¿En qué podría incurrir la Asamblea?
Según abogados consultados, la mesa directiva podría incurrir en prevaricato por acción, por revocar la Resolución 077 de 2025 en la cual habría violado el Artículo 85 del CPACA que impide revocar actos administrativos una vez ha sido notificado de la existencia de un proceso judicial, como es el proceso de simple nulidad en el que aquella fue suspendida por el Tribunal Administrativo de Santander.
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Si la plenaria de la Asamblea de Santander llegase a elegir al Contralor en las actuales condiciones, incurriría en “fraude a la providencia del Consejo de Estado” que decretó la suspensión provisional de la Resolución 077 de 2025 y a la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander que la mantuvo mientras el proceso no termine.
Por último, podría incidir en fallas al Código Disciplinario que prohíbe ejercer funciones con conocimiento de una decisión cautelar o provisional que haya suspendido ese ejercicio. La sentencia del Tribunal Administrativo de Santander al reiterar la suspensión provisional de la Resolución 077 de 2025 le prohibiría a la Asamblea de Santander, autoridad competente para elegir al Contralor Departamental, que ejerza dicha competencia hasta que el proceso no termine, a fin de preservar la intangibilidad de la decisión que llegue a adoptar el Consejo de Estado, lo que es necesario luego de las apelaciones presentadas.
