sábado 12 de agosto de 2023 - 8:30 PM

Unidad investigativa: Las sombras de Vitalogic sobre la red de hospitales públicos de Santander

Carlos Adolfo Gutiérrez, el lobbysta del millonario corretaje en el escándalo de Vitalogic, se convirtió en un súper contratista del sector Salud en Santander. Su más reciente contrato por $64 mil millones para modernizar el hospital de Málaga está cuestionado.
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Un manto de dudas nuevamente recae sobre la destinación y ejecución de millonarios recursos de la salud en el departamento de Santander. La adjudicación de un contrato por más de $ 64 mil millones para obras de infraestructura en el Hospital de Málaga, en la provincia de García Rovira, encendió las alarmas hasta del Gobierno Nacional que pidió con urgencia suspenderlo.

Además: Polémica por convocatoria ‘exprés’ en contrato por $64 mil millones en hospital de Málaga, Santander

Este nuevo episodio de presuntas irregularidades en contratación tiene un protagonista que ya había sido mencionado en un sonado caso, que actualmente está en juicio y que tiene implicaciones judiciales y políticas que aún están por definirse: el escándalo conocido como Vitalogic.

Carlos Gutiérrez Pinto, ficha clave en la investigación de la Fiscalía por el caso Vitalogic, ahora vuelve a ser mencionado, pero en contratos del sector Salud del departamento, en procesos cuestionados que terminaron con sus empresas cercanas como únicos oferentes.

Esta semana el Ministerio de Salud lanzó una alerta sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de $64 mil millones en el Hospital Regional de García Rovira, del municipio de Málaga, que terminó en una convocatoria ‘exprés’ que sólo duró ocho días, y fue entregado al Consorcio García Rovira, integrado por TGA Asociados Ingeniería Consultoría Construcción SAS, con el 50 %, firma representada legalmente por Carlos Gutiérrez.

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Millonaria contratación ‘exprés’

El pasado 8 de agosto, la dirección jurídica del Ministerio de Salud advirtió, a través de una comunicación urgente, sobre posibles inconsistencias que se presentaron en la convocatoria pública 003 de 2023, mediante la cual el Hospital Regional de García Rovira, que presta sus servicios en el municipio de Málaga, Santander, contrató de manera ‘exprés’ las obras de adecuación y ampliación de la estructura física de la ESE, por valor $64.028 millones. Todo en solo nueve días, como lo denunció Vanguardia en su momento.

En carta dirigida a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, el Ministerio de Salud pidió abrir investigación disciplinaria contra José Luis Medina Romero, gerente y representante legal del Hospital Regional de García Rovira, y suspender el proceso de convocatoria pública debido a las posibles irregularidades en el pliego de condiciones del proceso, que terminó con el Consorcio García Rovira como único oferente.

“El Ministerio de Salud y Protección Social conoció que los términos de la licitación, es decir, los índices de capacidad financiera y otras exigencias, expuestos por José Luis Medina Romero, en su calidad de gerente y representante legal del Hospital Regional, condujeron a que se presentara como un único oferente el Consorcio García Rovira, a quien se le otorgó el contrato de ejecución de las obras el jueves 3 de agosto de 2023”, señaló Rodolfo Enrique Salas, director Jurídico del Ministerio de Salud.

A pesar de las advertencias del Ministerio, la Procuraduría no actuó, por lo que el gerente del Hospital García Rovira adjudicó y firmó el contrato al Consorcio García Rovira (integrado por TGA Asociados Ingeniería Consultoría Construcción SAS, con el 50 %; y Carlos Olarte Martínez, con el otro 50 %), consorcio que entregó una oferta económica exactamente idéntica al presupuesto de la entidad.

“Aquí hay un detalle importante, la ESE Hospital Regional de García Rovira adjudicó la convocatoria mediante la Resolución 057 de 2023 al consorcio por $64.028.082.699.20, valor idéntico a la propuesta oficial del Hospital”, advirtió el consultor en contratación pública Rodrigo Fernández.

Esta redacción intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con José Luis Medina, gerente del Hospital García Rovira, para conocer su postura con respecto a las advertencias hechas por el Ministerio de Salud, pero no hubo respuesta por parte del funcionario.

Días atrás, en una conversación que había logrado la Unidad investigativa de Vanguardia, el funcionario solo se limitó a señalar que no existía ninguna irregularidad en el proceso ya que este se ajustaba al manual de contratación de la entidad.

En el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, la documentación de proceso indica que las obras de adecuación y ampliación de la estructura física del hospital deben ser ejecutadas en máximo tres años.

Lea también: Minsalud pidió suspender millonaria convocatoria exprés del Hospital Regional de Málaga

De lobbysta de Vitalogic a súper contratista

El Consorcio García Rovira, único oferente en este contrato cuestionado por el mismo Ministerio de Salud, es representado legalmente por Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto, quién a su vez es representante legal y socio de la firma TGA Asociados Ingeniería Consultoría Construcción SAS, una empresa que con solo tres años de constitución ya ha logrado más de $80 mil millones en contratos con diferentes hospitales de Santander, con varios factores en común: convocatorias ‘exprés’, único oferente, presuntos sobrecostos y retrasos en las obras.

Es así como en 2021, tras varias denuncias de veedurías sobre posibles irregularidades, las directivas del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca adjudicaron un ‘jugoso’ contrato para el mejoramiento y dotación de la Unidad Materno Infantil de la entidad al consorcio Materno Floridablanca, único oferente que se presentó para ejecutar el proyecto por valor de $7.981 millones.

Según el acta de adjudicación, tras subsanar y aclarar algunos documentos, el consorcio, integrado por las firmas TGA Asociados con el 80 % y Xingmedical con el 20 % de participación, obtuvo una puntuación casi perfecta y fue adjudicado.

Sin embargo, Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto no solo tiene buen olfato en la contratación pública de la red hospitalaria del departamento. En 2017, Gutiérrez salió del anonimato al ser señalado como el lobbysta y cerebro de los contratos de corretaje revelados en el sonado escándalo conocido como Vitalogic, que hoy tiene a varias personas, entre ellas el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, enfrentando un juicio penal.

Vanguardia tuvo acceso a las declaraciones juramentadas que Carlos Adolfo Gutiérrez entregó ante la Fiscalía en mayo de 2019 para aclarar su participación en cada uno de los contratos de corretaje, en los que participaron Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo de Rodolfo Hernández; Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, contratista que destapó el escándalo de Vitalogic y Jorge Hernán Alarcón Ayala, encargado de los estudios y diseños para la convocatoria pública que pretendía instalar una nueva tecnología para el tratamiento de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

En su declaración juramentada, Gutiérrez Pinto afirma que sí conoció todo el proceso de Vitalogic, incluso antes de comenzar la gestión contractual por parte del municipio. De hecho, Gutiérrez reconoce que él, gracias a su relación de amistad con Luis Carlos Hernández, hizo el lobby para lograr la cita y presentarle así el proyecto de la firma WastAway, para tratar los desechos sólidos. Si bien, al principio el hijo del exalcalde se rehusó, finalmente le logró conseguir una cita con Rodolfo Hernández.

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Los índices de capacidad financiera y otras exigencias, expuestos por José Luis Medina Romero, en su calidad de gerente y representante legal del Hospital Regional, condujeron a que se presentara como un único oferente el Consorcio De García Rovira, a quien se le otorgó el contrato de ejecución de las obras
Rodolfo Salas
Jurídico Ministerio de Salud

Tras dos reuniones con el entonces alcalde Hernández Suárez, una en Bucaramanga y otra en Bogotá, Carlos Gutiérrez relata en su testimonio que procedió a buscar firmas interesadas que participaran en la convocatoria pública que adelantaría la empresa de aseo, Emab. Todo esto, a través de contratos de corretaje.

“No es un solo contrato con la Firma JC de Colombia he firmado más de seis contratos de corretaje, los cuales iniciaron más de un año antes de que iniciara el proceso en la ciudad de Bucaramanga, ya que el contrato de corretaje consiste en el 1 % del valor comercial de cada planta que se venda en el territorio nacional de Colombia, como en Panamá y Bolivia, He hecho acercamientos con el gobierno boliviano para la implementación de estos equipos en varias ciudades de Bolivia, como la Paz”, manifestó Gutiérrez en su declaración.

Del mismo modo, en su testimonio ante la Fiscalía, Gutiérrez reconoció haber suscrito por lo menos seis contratos de corretaje, entre ellos, acuerdos con Vitalogic RSU y Sercon, en los que si Vitalogic ganaba la convocatoria se comprometía comprar las máquinas con la tecnología de la firma WastAway que él representaba. Así mismo, en el otro contrato con Sercon él se comprometía a que, si Vitalogic ganaba el millonario contrato de tratamiento de basuras de Bucaramanga, Sercon sería el operador privado de esas maquinarias en los próximos 30 años.

Según Carlos Gutiérrez solo conoció a Jorge Alarcón (encargado de realizar los estudios y diseños del proyecto para el tratamiento de basuras de la ciudad con la nueva tecnología), en una audiencia pública, y fue después que gestionó con él el ingreso a El Carrasco para hacer una proyección arquitectónica de la propuesta.

No obstante, la Unidad Investigativa de vanguardia tuvo acceso a un audio de lo que sería una conversación entre Gutiérrez y Alarcón. En la reunión, Carlos Gutiérrez y Jorge Alarcón pareciera que tienen claras intenciones de ajustar las cifras de la convocatoria para favorecer a la firma representada por Gutiérrez, Vitalogic. (Espere detalles en una próxima entrega).

Con respecto al polémico acuerdo de corretaje, José Manuel Hormaza afirma que sí existió un contrato de ‘lobby’, pero éste fue suscrito únicamente entre uno de los representantes de Vitalogic, Héctor Murillo, con el contratista Carlos Gutiérrez, con el objeto de “definir las condiciones de negocio dentro del proyecto de tratamiento de basuras con maquinaria y tecnología WastAway para el municipio de Bucaramanga”.

Según Hormaza, dicho acuerdo fue firmado el 26 de junio del 2016 por un valor de 666 mil dólares y solo incluía a las dos partes, por lo que no era transferible y no tenía nada que ver con el acuerdo de corretaje firmado entre el hijo del alcalde y Luis Andelfo Trujillo.

Si bien la Fiscalía no ha podido iniciar un proceso penal formal en contra los implicados por las presuntas irregularidades en los contratos de corretaje y el escándalo de Vitalogic, ya que la adjudicación del contrato de tratamiento de residuos sólidos jamás se firmó por un error de Vitalogic RSU, las posibles inconsistencias en el contrato de consultoría mediante el cual la Emab contrató a Jorge Hernán Alarcón para realizar los estudios y diseños de la controvertida convocatoria pública, tienen a Rodolfo Hernández y siete implicados más respondiendo ante un juez.

Esta redacción intentó comunicarse con Carlos Adolfo Gutiérrez, pero el contratista no contestó los mensajes.

Ser Social con los Aguilar

Si bien la firma TGA Asociados Ingeniería Consultoría Construcción, representada legalmente por Carlos Gutiérrez Pinto, fue constituida en 2020, su experiencia y recorrido en la contratación pública con diferentes hospitales de Santander se remonta al año 2009.

Los documentos de constitución de TGA Asociados Ingeniería registran que la empresa tiene como socios y dueños a Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto, con el 47,5 %; Mauricio Tarazona Torres, 47,5 %; y la Corporación Ser Social, con el 5 % restante.

La Corporación Ser Social pasó a convertirse en TGA Asociados, por lo que esta última firma no solo asumió en Número de Identificación Tributaria, NIT, sino que además también se quedó con toda la experiencia de Ser Social en sector público, que está reflejada en el Registro único de Proponentes, RUP, con el cual compiten en los diferentes procesos licitatorios.

Hasta el 2020 la Corporación Ser Social era propiedad de los hermanos Mauricio Tarazona y Germán Tarazona, ambos estrechamente relacionados con el clan Aguilar de Santander.

Aunque desde su constitución la Corporación Ser Social suscribió una serie de consultorías con diferentes empresas sociales del Estado como los hospitales de Piedecuesta, San Gil y Socorro, con la llegada por segunda ocasión de los Aguilar a la Gobernación de Santander, esa vez bajo la administración de Richard Aguilar (quien actualmente enfrenta un juicio penal por las irregularidades en un contrato para la remodelación del Estadio Alfonso López), Ser Social comenzó a expandirse en el sector de la contratación pública, específicamente en el área de la salud.

Su cercanía con el clan Aguilar les permitió a los hermanos Tarazona celebrar con la secretaría de Salud departamental el contrato por valor de $1.351 millones para la construcción de la nueva central de urgencias y hospitalización del hospital local de Piedecuesta, tras una controvertida licitación que terminó con único oferente y que contó con observaciones por parte del Comité de Transparencia por Santander, que, entre otras cosas, cuestionó la mala práctica de la aplicabilidad del método para el presupuesto, afirmando que “la selección del método a utilizar se tendrá en cuenta los decimales de la Tasa Representativa del Mercado del dólar (TRM) calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente al primer día de traslado del informe de evaluación.”

A pesar de que el contrato estaba previsto que sería ejecutado en seis meses, las obras se retrasaron año y medio, y solo fueron terminadas en abril del 2016, con adición de $675 millones, el 50 % del valor total de la obra, tope máximo que permite la ley. La Gobernación le pagó a Ser Social $540 millones de anticipo.

Además, la Corporación también logró llegar a la administración del exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez (quien trabajó de manera extraoficial con Richard Aguilar para ganar la Gobernación y Alcaldía juntos). El 10 de junio del 2015, Clemente León Olaya, secretario de Infraestructura municipal, le adjudicó el contrato de consultoría 186 para actualización y ajuste de siete Centros de Salud de Bucaramanga, por valor de $879 millones. Aunque el contrato establecía un tiempo de ejecución de cinco meses, el 6 de agosto del 2015, tan solo tres semanas de haber iniciado la ejecución del contrato, y en plena campaña local por la Alcaldía de Bucaramanga, el supervisor del contrato, Wilson Motta, ordenó el pago de $684 millones, es decir, el 78 % del valor total.

“Se recibe el diseño de cinco centros de salud con diseño arquitectónico, estructural, hidráulico sanitario, eléctricos y estudios de suelos con el 100 % de su ejecución”, dicta el acta firmada por Motta.

Sin embargo, el 20 de noviembre del 2015, un mes antes de cumplirse la fecha límite para la ejecución de la consultoría, el contrato fue suspendido, y aunque fue reiniciado en marzo del 2016, ya en la administración de Rodolfo Hernández, el contrato solo fue liquidado unilateralmente por la Alcaldía a través de la Resolución 030 y 032 del 3 de mayo de 2017 “por declaratoria de incumplimiento del contrato”, declarando el siniestro de la obra y haciendo efectivas las pólizas de este.

Según el consecutivo, 2875 del 4 de junio del 2017 de la Alcaldía de Bucaramanga, Mauricio Tarazona, representante legal de la Corporación Ser Social, no se presentó a la audiencia de liquidación bilateral de común acuerdo del contrato de consultoría 186 de 2015.

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Racha en el HUS

Pero la buena racha de los hermanos Tarazona también se extendió al Hospital Universitario de Santander, HUS, donde entre el 2012 y 2015, periodo en el que estuvo como gerente de la institución médica, Eimar Sánchez Sánchez, amigo personal Mauricio Tarazona, y quien fue nombrado en el HUS por recomendación del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo (condenado por parapolítica).

“Eimar Sánchez es uno de los protegidos del coronel Aguilar. El coronel cuando era Gobernador lo hizo nombrar gerente del Hospital de San Gil y después le dio el guiño al hijo para que lo nombrara en el HUS”, indicó una fuente del gremio de la salud en la región.

En la gerencia de Sánchez en el HUS, que se dio en el gobierno de Richard Aguilar, la Corporación Ser Social logró cuatro contratos por más de $1.700 millones.

Sánchez fue en su momento sancionado por la Procuraduría por irregularidades administrativas y en 2019 la Contraloría departamental ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $636 millones.

Le puede interesar: Nuevo contrato de corretaje en caso Vitalogic vincularía a amigo del Alcalde de Bucaramanga

Un megacontratista

Con su nueva razón social constituida en el 2020, y con el regreso del clan Aguilar al poder, esta vez con Mauricio Aguilar al frente, TGA Asociados Ingeniería, de Carlos Gutiérrez y Mauricio Tarazona Torres, se consolidó como una empresa megacontratista de Santander.

En mayo del 2021, TGA ejecutó en el Hospital Regional de García Rovira un contrato para la construcción del acceso principal, plazoleta, área de vacunación Covid -19 y mejoramiento de unidades sanitarias de la ESE.

Aunque el contrato comenzó costando $544 millones y tenía un plazo de ejecución de tres meses, es decir, las obras debían estar listas en agosto de ese año, solo hasta el 18 de enero del 2022, cinco meses después, y una adición de $272 millones, el acuerdo fue liquidado.

Así mismo, TGA Asociados e Ingeniería, entre los años 2021 y 2022 suscribió con el Hospital Regional Manuela Beltrán de Socorro cuatro contratos por valor un cercano a los $4 mil millones, ninguna de las cuatro obras contratadas han sido terminadas a pesar de que su plazo de ejecución no superaba los tres meses. En la mayoría de los procesos se presentó como único oferente.

Cuatro gerentes de hospitales regionales del departamento y fuentes al interior de la Gobernación de Santander le confirmaron a Vanguardia que la buena racha de la firma de TGA en la contratación pública de la red hospitalaria del departamento se da por la amistad entre Carlos Alberto Gutiérrez y John Jaime Ruiz, secretario del Interior de la Gobernación, y Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento.

“En solo un mes de estar en el cargo el señor Ruiz, secretario del Interior, me mandó a llamar para que me trasladara hasta Bucaramanga para hablar con el Gobernador. Cuando llegué al Palacio la reunión fue con el propio Jhon Jaime Ruiz, quien me felicitó por nuestra gestión y me explicó los proyectos a futuro, en medio de la conversación me dijo que era necesario remodelar el hospital, por lo que iban a sacar una convocatoria donde el departamento ponía la plata, pero la convocatoria se hacía a través del hospital para que se pudiera direccionar al contratista que él quería y que era su amigo”, contó un gerente quien pidió reserva de su identidad.

La Secretaría de Salud no ha solicitado información del proceso de contratación, ya que no es de su competencia realizar investigaciones sobre el tema y es respetuosa de la autonomía administrativa de esa entidad.
Javier Villamizar
Secretario de Salud de Santander

Javier Villamizar, secretario de Salud departamental negó conocer y tener amistad con Carlos Gutiérrez.

Sobre el cuestionado proceso del hospital Regional de García Rovira que le entregó el contrato por 464 mil millones de manera ‘exprés’ y con serios cuestionamientos a al consorcio integrado por TGA Asociados Ingeniería, y en el cual la Gobernación aportó $4 mil millones, el funcionario aseguró que la entidad no tiene ninguna potestad para pedirle cuentas a la ESE.

“La Secretaría de Salud no ha solicitado información del proceso de contratación, ya que no es de su competencia realizar investigaciones sobre el tema y es respetuosa de la autonomía administrativa de esa entidad”, indicó Villamizar.

El secretario del Interior, Jhon Jaime Ruiz, no contestó los mensajes enviados por los periodistas de la Unidad Investigativa de Vanguardia.

Tanto Ruiz como Villamizar son considerados dentro de la administración departamental como dos de los funcionarios de mayor confianza y cercanía del gobernador Mauricio Aguilar.

Protagonista en el caso Vitalogic

El hoy contratista del sector Salud, Carlos Gutiérez, fue mencionado en el proceso conocido como Vitalogic por haber gestionado el contrato de corretaje que especificaba las comisiones para cada una de las partes involucradas si se lograba el contrato para la instalación de una nueva tecnología de tratamiento de basuras en el relleno sanitario El Carrasco, que costaría unos 250 millones de dólares.

El contrato, finalmente, pese a la intención de la Alcaldía de Bucaramanga por entregarlo directamente, no se adjudicó.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría y la Contraloría tienen investigaciones por este caso, en las que Luis Carlos Hernández Oliveros habría pactado una millonaria comisión si la Administración Municipal adjudicaba el contrato entre la Emab y Vitalogic RSU, para construir una planta que transformaría los residuos sólidos en energía, en una concesión por 30 años.

Gutiérrez se defiende

El contratista Carlos Gutiérrez desestimó los señalamientos de presuntas irregularidades contractuales.

Según su versión, todos los procesos en los que ha participado se han hecho en franca lid, entre ellos el de la convocatoria 003 de 2023 del Hospital Regional García Rovira, que se firmó recientemente y fue cuestionado por el Minsalud.

“Ese contrato ya fue firmado y está legalizado. No hubo irregularidades”, manifestó.

Así mismo, Carlos Gutiérrez negó tener una relación de amistad con los secretarios de Despacho Jhon Jaime Ruiz y Javier Villamizar. “No señor. No soy amigo de ellos. Le dieron mal esa información”, indicó.

Finalmente, Gutiérrez señaló que el proceso por el caso Vitalogic se encuentra archivado.

“Cuando me requirieron fui y di mis declaraciones , creo que eso está archivado”, respondió Gutiérrez a Vanguardia.

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