Esta zona enfrenta una grave crisis de violencia. La comunidad y las autoridades civiles piden una urgente presencia del Gobierno Nacional.
La calma es frágil en el Magdalena Medio. La alerta no puede generar más preocupación cuando se compara la grave crisis humanitaria en el Catatumbo, que registra un desplazamiento forzado de 51.938 personas y el asesinato de más de 70 personas a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, con la escalada de violencia que se vive en el Magdalena Medio desde hace varios años.
“Estamos a que uno de los varios actores armados ilegales del Magdalena Medio invada un territorio ajeno, robe un cargamento de coca, asesine a la persona equivocada o rompa un acuerdo entre estructuras ilegales, para que se genere una confrontación armada que provoque un desplazamiento masivo de personas a Barrancabermeja…”.
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La afirmación la hizo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, en el desarrollo de un ‘space’ en X, organizado por Vanguardia, en el que interactuaron líderes sociales, autoridades y defensores de derechos humanos de esta región con 900 usuarios de la red social.
Tal advertencia no es un discurso más, aclara el mandatario de Santander al explicar, por ejemplo, que hace dos semanas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tuvo que afrontar una crisis en jurisdicción de Yondó “cuando un grupo de 500 hombres estaba a punto de iniciar una confrontación con estructuras del Eln, que hubiese afectado a la población civil”.
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— Vanguardia (@vanguardiacom) March 5, 2025
El mismo Rendón afirmó que “hay tres grupos criminales enfrentados. Ya en esta zona del país, seguramente, no se va a seguir registrando la actuación conjunta entre las disidencias de las Farc y el ELN, les llegó la orden de separar su accionar criminal, lo que está aprovechando el Clan del Golfo para generar una situación que, si no le hacemos frente, por supuesto, generará una gran oleada de homicidios, confinamientos y desplazamientos”.
Por su parte, el alcalde de Yondó, Yerson Antonio Ariza, fue enfático en señalar que “estamos a punto de que ocurra un enfrentamiento que genere muchos problemas a nuestros municipios. Tenemos amenazas inminentes y es probable que ocurra un conflicto entre grupos armados ilegales. Hacemos un llamado a las fuerzas armadas y a las autoridades para que hagan presencia aquí, para que no ocurra una tragedia”.
El valle del Magdalena Medio, surcado por el río Magdalena, es una región de 30 mil kilómetros cuadrados que integran los departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Boyacá y Caldas, con una arraigada economía ilegal producto de cultivos ilícitos, extracción de oro ilegal y comercio de alucinógenos.
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El Magdalena Medio es escenario de las economías ilícitas provenientes del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln, entre otros, que en los últimos años han ganado y perdido terreno, al tiempo que se disputan los corredores para el control de sus operaciones. A medida que solidifican su posicionamiento en el territorio, la violencia crece.
Preocupa la violencia en Barrancabermeja
Eduardo Ramírez, subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Barrancabermeja, explicó que desde 2016 a la fecha se registran en Barrancabermeja 600 muertes violentas. “Sabemos que el número es mayor cuando se contrasta con las cifras de la región del Magdalena Medio”. El funcionario advirtió que en 2021 se empezaron a registrar picos altos en los homicidios.
“En 2023 se registró una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes que doblaba la media nacional. La media nacional era de 25 homicidios por cada cien mil habitantes y en Barrancabermeja fue de 55,6 homicidios por cada cien mil habitantes. Pero siguió escalando, y 2024 fue el año más violento en homicidios; cerramos con 162 muertes violentas. Es una cifra muy alarmante”, precisó Ramírez, quien atribuye buena parte de estas muertes a la disputa por el control territorial para la distribución de estupefacientes en el casco urbano y rural por parte de grupos armados ilegales.
En tal sentido, el director de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), Iván Madero, explicó que la disputa por la hegemonía territorial entre varios actores armados reconfigura el orden territorial, no solo de Barrancabermeja, sino de todo el Magdalena Medio. Por citar un ejemplo, afirma: “En el último mes se registraron tres desapariciones forzadas en Puerto Berrío, al igual que casos de violencia sexual contra mujeres”.
Quienes ya denuncian desplazamientos y amenazas por estas disputas son los integrantes de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), cuya presidenta, Yuli Velásquez, aseguró que hay zonas donde ya no pueden transitar con sus canoas por temor a los diferentes actores armados. Específicamente, se habla de al menos 30 familias que han tenido que “saltar a tierra, mientras las amenazas y hostigamientos persisten. Esto es un desplazamiento…”.
El pasado fin de semana, Barrancabermeja concentró a los gobernadores del Magdalena Medio en un encuentro en el que mandatarios y representantes de los departamentos de Santander, Bolívar, Antioquia, Boyacá y Cesar pidieron la intervención “urgente” del Gobierno Nacional, consistente en inversión social y planes militares. La respuesta del presidente Gustavo Petro fue la creación de un nuevo departamento, propuesta que de inmediato fue rechazada.
“La crisis exige soluciones inmediatas para evitar un desplazamiento como el del Catatumbo”, agregó el gobernador de Santander, quien explicó que la región merece algo más que un tuit presidencial. “Se requieren respuestas y soluciones concretas. Nos dicen que en dos semanas se podría realizar un consejo de seguridad en Barrancabermeja con la presencia del director de la Policía y el Ministro de Defensa. Se necesita inversión social y una operación militar sostenida, conjunta entre agencias, con un mando unificado. Tenemos que actuar ya, antes de que ocurra lo del Catatumbo…”.
De no hacerlo, el miedo que sienten los ciudadanos en la actualidad en localidades como Puerto Wilches, tal como lo denunció Jairo Toquina Aguilar, los llevará a una mayor crisis humanitaria y a más muertos ignorados en los cementerios.
