Mujeres jóvenes son captadas con falsas ofertas laborales y terminan en redes de explotación sexual en Santander. Esta es una historia de una víctima en Barrancabermeja.
Publicado por: Lesly Cifuentes
El bus salió de Barrancabermeja rumbo a Medellín. Keyla (a quien llamaremos así para proteger su identidad) había llegado desde Puerto Wilches al Puerto Petrolero para concretar lo que parecía ser una oportunidad de trabajo.
En su bolso llevaba un par de mudas de ropa y, sobre todo, la esperanza de un trabajo que le permitiera sacar adelante a sus dos hijos. “Conozco a una amiga hace mucho tiempo, de la comuna 7. Ella sabía mi situación: madre soltera de dos hijos, una niña de 15 y un niño de 13 años”, recuerda.
Fue esa amiga quien le habló de una oferta en Medellín en la que tendría un empleo en una casa de familia, apoyo escolar, útiles, comida y ayuda para sus hijos. La promesa, cuenta, sonaba real y, sobre todo, era una esperanza en medio de las difíciles condiciones económicas que atravesaba.
Se citaron en una cafetería en la comuna 7. Allí, una mujer que no conocía le entregó el tiquete: el viaje estaba pago, alguien la esperaría en la terminal. “Llegué y me estaba esperando una mujer. Me llevó a comer y luego a un hotel en el centro. Como soy de pueblo, no conocía, pero vi muchos bares, muchas jovencitas, mujeres embarazadas… se me hizo raro”, cuenta.
Al día siguiente, la noticia fue otra. El trabajo en casa de familia ya no existía. “Me dijeron: ‘Ya debes el pasaje, la plata que te dejamos para los niños… tienes que pagarnos’. Me pusieron como mesera en un bar de noche. Las meseras llevaban cerveza y las tocaban. El primer día me tocan y yo me defiendo. Me quitaron el celular, los documentos, me dejaron incomunicada y encerrada un día para que cogiera miedo. Me dijeron que sabían dónde vivía mi familia, quiénes eran mis hijos”, relató.
Violencia sexual en Medellín
La deuda se volvió difícil de pagar y entre presiones Keyla fue obligada a realizar trabajos de tipo sexual. “Me dijeron que como mesera no alcanzaba a pagar y que tendría que hacer servicios sexuales. Yo nunca había hecho eso. Me dijeron: ‘Aquí vino fue a trabajar y así es como va a pagar’. No había de otra”.
Durante meses vivió en un círculo de explotación y miedo. “Allá había menores de edad, mujeres embarazadas que las obligaban a abortar, mujeres con enfermedades… se veía drogadicción, violencia, maltrato”.
La salida a lo que ella describe como el infierno, llegó de forma inesperada: un cliente habitual pidió verla fuera del bar. La red le dio permiso, con vigilancia incluida. “Como allá se usa la escopolamina, me dieron un tarrito con un polvito blanco. En la cita se lo eché al trago. Cuando se durmió, el recepcionista del hotel me dijo: ‘Por la puerta trasera puedes salir’. Así lo hice”.
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Sin saber en qué lugar de la ciudad estaba, tomó un taxi a la terminal y llamó a su familia. “Ellos ya sabían algo, pero no que me obligaban. Me dieron el contacto de Corpohind. Ellos me recogieron y me llevaron a un refugio, donde había más mujeres”.
Keyla logró sobrevivir. Hoy está bajo protección, intentando rehacer su vida, aunque sabe que las cadenas de la trata no siempre se rompen al cruzar una frontera o una calle.
Un fenómeno silencioso en Santander
El caso de Keyla no es aislado. David Mayorga, director de Corpoindh, explica que este modus operandi se repite en varios municipios del Magdalena Medio, con rutas, actores y métodos claramente identificados.
“Son mujeres entre 15 y 25 años, madres a temprana edad o cabeza de hogar, que tienen dificultades económicas. Las contactan a través de redes sociales, ofreciendo cargos laborales que son falsos. En medio de la necesidad, ellas aceptan. Las llevan a capitales, las aíslan y no les permiten ningún contacto con familias o hijos”.
En el caso de Keyla, documentado por la corporación, la investigación reveló que la joven estaba retenida en una zona del centro de Medellín, presuntamente controlada por estructuras criminales. Allí, según la de denuncia interpuesta ante la Fiscalía, la obligaban a ejercer trabajo sexual y la sometían a cuotas altas que debía aportar de sus ingresos, además de cobrarle gastos de comida y vivienda.
Según Mayorga, este flagelo se da de manera silenciosa porque son muy pocas las personas que denuncian. Así mismo, aseguró que han acompañado otros casos de jóvenes barranqueñas que han atravesado el mismo infierno que vivió Keyla. Por ello, insiste en que es urgente una mayor intervención por parte de las administraciones municipales para prevenir y atender este delito.
“Hacemos un llamado a las autoridades porque falta acompañamiento psicosocial a aquellas madres a temprana edad que estan sobrellevando situaciones precarias y no hay acompañamiento y por eso terminan envueltas en estas redes”, relató.
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Hay poca denuncia en Santander
Para Leidy Rocío Duarte Uribe, profesional jurídico del Centro de Convivencia Ciudadana e integrante del Comité Distrital de Lucha contra la Trata, el miedo es la barrera más fuerte. “A veces son amenazadas con asesinar a la familia. Ese silencio favorece a las redes. Ni la edad, ni el género, ni el estrato son barrera para los tratantes; hemos visto casos en todas las comunas”.
La funcionaria confirma que el caso de Keyla fue asumido por el comité tras la denuncia hecha por Corpoindh. “Reportamos al Centro Antitrata a nivel nacional y nos citaron a una mesa de trabajo en Medellín que es el lugar en donde presuntamente se tuvo a la víctima. Se activó la ruta de atención inmediata, tuvimos una mesa de trabajo y se logró una articulación con la Fiscalía para adelantar la parte investigativa y poder ubicar a la víctima”.
El año pasado se denunciaron dos casos: el de un joven de San Pablo, Sur de Bolívar, engañado con una oferta para trabajar en una mina y el de una familia completa que permaneció dos meses bajo amenazas antes de ser rescatada con apoyo de la Organización Femenina Popular.
Según el Ministerio del Interior, a julio de 2025, en Colombia se habían registrado 277 víctimas sobrevivientes de trata de personas en Colombia; el 79,3 % son mujeres. El 60,9 % de los casos tuvieron como finalidad la explotación sexual y más de la mitad ocurrieron fuera del país. Antioquia y Norte de Santander presentan la mayor incidencia.
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Acciones para afrontar el flagelo en Barrancabermeja
En Barrancabermeja se adelanta la ejecución del plan de acción para el año 2025, diseñado con el fin de prevenir la trata de personas y fortalecer las rutas de atención.
“Manejamos un plan de acción que ya está aprobado y estamos ejecutándolo. Lo que se busca es, desde las ofertas institucionales, ir a varios puntos para dejar el mensaje de que, si hay alguien que esté así, denuncie”, explicó Leidy Rocío Duarte Uribe, profesional jurídico del Centro de Convivencia Ciudadana e integrante del Comité Distrital de Lucha contra la Trata.
El trabajo institucional se complementa con acciones de control y vigilancia por parte de la policía del Magdalena Medio. “Venimos adelantando planes de vigilancia y control, solicitud de antecedentes a personas y vehículos, y enfocado a todo lo que tiene que ver con los prestadores de servicios turísticos como hoteles. Todo esto para prevenir la explotación sexual y la trata”, expresó el Mayor Julián Andrés Sánchez Delgado, jefe de Protección y Servicios Especiales.
Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede denunciar este delito a través de la línea 141 o al 123 de la Policía Nacional.
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