La interventoría de la PTAR San Silvestre pidió a Aguas de Barrancabermeja estudiar la declaratoria de siniestro de las garantías contractuales, ante la falta de reinicio de las obras y los presuntos incumplimientos del contratista.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Luego de más de un año de parálisis de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silvestre, y tras ocho meses de seguimiento sin lograr el reinicio efectivo del proyecto, la interventoría solicitó a Aguas de Barrancabermeja estudiar la declaratoria de siniestro de las garantías contractuales, ante los presuntos incumplimientos atribuidos al contratista de obra.
La petición quedó consignada en un oficio fechado el 2 de julio de 2026 y dirigido a la gerente de Aguas de Barrancabermeja, Sandra Paola León. En el documento, la Unión Temporal PTAR BCA, responsable de la interventoría del proyecto, advierte que durante ocho meses de seguimiento no ha sido posible lograr el reinicio efectivo de la construcción y solicita adoptar una decisión de fondo frente al futuro del contrato.
De acuerdo con el oficio, desde el 30 de octubre de 2025 la interventoría ha requerido la reactivación física del proyecto, la presentación del Plan Detallado de Trabajo (PDT) y la definición de una programación que permita continuar la ejecución. Sin embargo, según el documento, dichos requerimientos no han sido atendidos de manera efectiva por el contratista de obra, quien ha condicionado el reinicio de las actividades a solicitudes pendientes, entre ellas la aprobación de un pago anticipado.
En la comunicación también se advierte que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio del actual contrato de interventoría, no existen señales claras que permitan prever el reinicio inmediato de la obra. Por esa razón, la interventoría considera que corresponde al contratante adoptar las decisiones necesarias para garantizar la ejecución del proyecto o definir las consecuencias contractuales correspondientes.
“Han transcurrido ocho meses desde el inicio de nuestra labor sin avizorarse el reinicio efectivo y/o cumplimiento contractual que integra el proyecto PTAR San Silvestre. Por ello, corresponde al contratante adoptar las decisiones necesarias para garantizar la ejecución del contrato”, indica el documento.
¿Qué pasa si se declara la siniestralidad?
Para el defensor del medio ambiente Óscar Sampayo, la solicitud de la interventoría representa un punto de quiebre para el proyecto, pues una eventual declaratoria de siniestro permitiría reconocer formalmente un posible incumplimiento grave del contratista y activar los mecanismos legales previstos para proteger los recursos públicos.
“Si se declara el siniestro de las garantías contractuales, ello significaría que la entidad encontró configurado un incumplimiento grave por parte del contratista. Esa decisión podría permitir a Aguas de Barrancabermeja hacer efectivas las pólizas, imponer las sanciones contractuales que correspondan e incluso estudiar la caducidad del contrato, si se cumplen los requisitos legales”, explicó Sampayo.
La PTAR San Silvestre hace parte de un convenio entre Ecopetrol y el Distrito de Barrancabermeja por $180 mil millones.
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El líder ambiental agregó que, antes de adoptar una decisión de fondo, deberá realizarse una evaluación técnica, jurídica y financiera que permita establecer el estado real de ejecución del contrato, el manejo de los anticipos, las obligaciones pendientes y las obras efectivamente ejecutadas.
Precisamente, la interventoría sostiene en su oficio que el contratista de obra continúa condicionando el reinicio de las actividades a la aprobación de un pago anticipado por $20.000 millones, recursos que, según la solicitud presentada, serían destinados a atender obligaciones prioritarias, recuperar la dinámica de ejecución y adquirir equipos pendientes para la obra.
Sin embargo, en abril de 2026, las entidades involucradas dejaron constancia en el Acta de Reunión n.° 26 de que la viabilidad del pago anticipado estaría condicionada a que el contratista demostrara técnicamente que con dichos recursos se alcanzaría, como mínimo, el 80 % de avance físico de la obra. Actualmente, el avance reportado del proyecto se ubica alrededor del 65 %.
Ahora, Aguas de Barrancabermeja deberá analizar la solicitud presentada por la interventoría y definir si existen condiciones reales para reactivar el contrato o si, por el contrario, inicia el procedimiento administrativo orientado a declarar el incumplimiento, hacer efectivas las garantías contractuales o adoptar otras medidas previstas en el contrato y en la ley.
¿Las advertencias se hicieron realidad?
La solicitud de la interventoría coincide con las alertas que, desde hace varios meses, han formulado organismos de control y veedores ciudadanos sobre el futuro de la PTAR San Silvestre.
Durante una mesa de seguimiento al proyecto, el procurador provincial de Instrucción de Barrancabermeja, Cristian Gutiérrez, calificó como “desastrosa” la situación contractual y financiera de la obra y pidió estudiar las alternativas jurídicas disponibles para evitar que el proyecto continúe paralizado.
“O ponen en funcionamiento la planta, le pagan a los trabajadores y a los acreedores, o devuelven los recursos a Barrancabermeja y a Ecopetrol”, afirmó el representante del Ministerio Público, al advertir que el contrato no puede seguir sin una decisión definitiva.
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Las preocupaciones también han sido planteadas por veedores ciudadanos. En julio de 2024, durante una visita de seguimiento de la Contraloría General de la República, Raúl Barba, integrante de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, advirtió que la PTAR corría el riesgo de convertirse en un “elefante blanco” si no se resolvían los problemas técnicos, administrativos y contractuales que impedían su entrada en funcionamiento.
La PTAR San Silvestre hace parte de un convenio entre Ecopetrol y el Distrito de Barrancabermeja, ejecutado a través de Aguas de Barrancabermeja. El proyecto fue firmado en 2016 por $115.948 millones, con el propósito de tratar cerca del 90 % de las aguas residuales del Distrito antes de su vertimiento al río Magdalena y a otros cuerpos hídricos. Sin embargo, tras varias adiciones presupuestales, la inversión supera los $180.000 millones y la infraestructura continúa sin entrar en operación.
Para Sampayo, el escenario actual confirma las advertencias que veedores y líderes ambientales han formulado durante los últimos años sobre los riesgos técnicos, financieros y contractuales del proyecto.
“La inactividad perjudica a todo el mundo y también a las finanzas públicas. Lo habíamos advertido desde 2016, cuando se firmó ese contrato, por la falta de experiencia para ejecutar una obra de esta magnitud. Hoy lo que tiene Barrancabermeja es un elefante blanco”, concluyó.
Este medio consultó a Aguas de Barrancabermeja y al contratista de obra sobre la solicitud elevada por la interventoría, el estado actual del contrato y las alternativas para reactivar el proyecto. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.
