Cinco días duraron los miembros de la comisión visitando municipios del sur de Santander. La misión internacional estuvo conformada por cooperantes de organizaciones de Alemania, Austria, España, Italia y Colombia.
Publicado por: Jorge Andrés Ríos
De visita en el sur de Santander, una delegación de organizaciones ambientales de carácter internacional constató las denuncias realizadas por las comunidades sobre los riesgos socio ambientales a los que están expuestos por la llegada de la explotación minera en diferentes poblaciones.
Tras cinco días de visita en campo y una reunión final en San Gil con las directivas de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, los integrantes de la delegación europea ratificaron ante la entidad la necesidad de suspender y revocar los permisos ambientales aprobados en La Paz, Vélez y Chipatá.
“Los títulos mineros y licencias otorgadas para minería de carbón en Vélez y La Paz suponen un grave riesgo y amenaza para ecosistemas importantes de reserva hídrica y agroalimentaria de la región. Así mismo se observa con preocupación la gran cantidad de solicitudes mineras en todo el Sur de Santander que afectaría gravemente los territorios que deberían ser considerados como una importante Bio – Región en el país”, expresó Stefan Pleisnitzer, coordinador país para el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo, Alemania, quien expresó que cada uno de estos casos deben verse como un problema conjunto, porque al final lo que está en riesgo es el agua de todos.
Exigen argumentos de tipo legal sobre los licenciamientos ambientales
Aunque resaltaron la posibilidad de sentarse a dialogar de los representantes de la autoridad ambiental y su disposición de escuchar las problemáticas que vienen siendo denunciadas por las comunidades, los delegados reclamaron que la entidad ambiental debe tener una voz más activa en la defensa de los recursos naturales y no solo en entregar argumentos de tipo legal sobre los licenciamientos.
Una de las falencias en los permisos otorgados, además de la presunta falta de acceso de información oportuna a las comunidades sobre los licenciamientos, es que hay una gran “divergencia” entre lo que dice la norma, lo que está en los documentos y lo que se encuentra en los territorios, más diferencias que ponen en riesgo la existencia de ríos, quebradas, ecosistemas completos y la tranquilidad de las comunidades, insistió Sebastián Niesar, cooperante de Agiamondo en el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo.
El mayor problema: código minero nacional obsoleto
Pero toda está problemática no es solo responsabilidad de la CAS, afirmaron los miembros de la delegación, señalando por ejemplo que una de las raíces del problema es la existencia de un código minero nacional obsoleto que en su esencia no propende por el cuidado ni la protección del medio ambiente, como lo explicó María Catalina Corredor, de CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Internacional.
“Las comunidades manifiestan sentirse desconfiadas y desamparadas por las autoridades de carácter regional y nacional como el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ya que perciben que no hay concordancia en el actuar institucional y no se escuchan de manera efectiva las necesidades de las comunidades”, expresó Eric Bejarano, otro de los cooperantes.
A la espera de la presentación del informe final de la visita y de las reuniones pactadas con la CAS para tratar cada uno de los temas, así como del compromiso de crear una mesa regional que evaluará de forma general de forma mensual el avance en los diferentes casos, los delegados salieron del territorio con el compromiso de seguir apoyando a las comunidades a quienes invitaron a seguir ejerciendo la protección de los recursos naturales a pesar de los riesgos existentes.
