Solo dos instituciones educativas oficiales lograron ubicarse entre los 30 mejores colegios de la región. El dato enciende las alarmas sobre los retos que enfrenta la educación pública.
Los recientes resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes encienden las alertas sobre la educación en Santander. La marcada diferencia entre los colegios privados y oficiales refleja una desigualdad que va más allá de los puntajes y pone en evidencia las distintas condiciones y oportunidades en las que se forman miles de estudiantes.
De los 30 mejores colegios del departamento, solo dos pertenecen al sector oficial: el Bicentenario, de Bucaramanga, que ocupó el puesto 16 con 337 puntos; y el Nacional del Comercio, también de la capital santandereana, que se ubicó en el puesto 30 con 328 puntos. Los otros 28 establecimientos son privados.
La brecha se hace aún más evidente al observar el primer lugar de la clasificación. El Colegio Bilingüe Divino Niño, CBDN, de Bucaramanga, obtuvo 404 puntos, se consolidó como el mejor de Santander y alcanzó el primer puesto a nivel nacional.
Para Gonzalo Ordóñez, reconocido catedrático santandereano, “aunque un resultado de Saber 11 no determina por sí solo la calidad integral de un plantel, sí constituye un indicador relevante de su desempeño y, en este caso, evidencia una brecha que merece un análisis”.
Destacó el desempeño del Bicentenario, que durante los últimos años se ha consolidado como referente de la educación oficial en Santander. Su ubicación entre los mejores demuestra que los colegios públicos pueden alcanzar resultados sobresalientes cuando cuentan con continuidad pedagógica, compromiso docente y trabajo articulado de la comunidad educativa.
Sin embargo, que solo dos establecimientos públicos figuren entre los 30 primeros del ranking regional plantea interrogantes sobre el desempeño del resto de las instituciones oficiales.
Así lo advierte Yany León Castañeda, experta en datos, quien cuestiona las condiciones en las que estudian los jóvenes y sus posibilidades de competir en igualdad de oportunidades. A su juicio, la diferencia no puede atribuirse a una supuesta falta de capacidades o compromiso de docentes y alumnos, pues también obedece a factores estructurales, especialmente a la inversión.
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Mientras algunos colegios privados disponen de recursos para modernizar sus instalaciones, incorporar tecnología, ofrecer programas bilingües y fortalecer la formación académica, numerosos establecimientos oficiales deben enfrentar restricciones presupuestales, deficiencias de infraestructura y problemas de conectividad.
“No se trata de que los jóvenes de los colegios oficiales tengan menos capacidades, sino de que no todos cuentan con las mismas herramientas para desarrollar su potencial”, señala León Castañeda.
Esta desigualdad en las condiciones educativas también es advertida por el informe de calidad de Bucaramanga Cómo Vamos, dirigido por Johana Cárdenas, quien identifica diferencias entre la educación oficial y la privada.
En esa misma dirección, Luis Alfredo Moreno, estudiante de un colegio público de Bucaramanga, considera que el debate debe ir más allá de los resultados de las pruebas y examinar las condiciones estructurales en las que se forman los jóvenes.
Por su parte, Eduardo Monsalve, docente de una institución oficial, llama la atención sobre la falta de inversión y las necesidades de infraestructura, dotación y recursos que todavía enfrentan numerosos planteles educativos.
En el otro extremo, la experiencia del Colegio Bilingüe Divino Niño demuestra la importancia de contar con un proyecto educativo estructurado y sostenido en el tiempo. Su rectora, Alba Rocío Villamizar Téllez, atribuye el primer lugar nacional al trabajo conjunto de estudiantes, docentes, directivos y familias. Su resultado merece reconocimiento y también puede ofrecer aprendizajes valiosos para otras instituciones. Sin embargo, no se puede exigir el mismo rendimiento cuando las condiciones de partida son tan diferentes.
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Por eso, los resultados del Icfes deberían convertirse en un llamado de atención para la Gobernación de Santander, las alcaldías y las secretarías de Educación. Se requiere una política sostenida de fortalecimiento de los colegios oficiales, con inversiones en infraestructura, conectividad, equipos, laboratorios y bibliotecas, además de capacitación docente, acompañamiento pedagógico y programas de preparación académica. También es fundamental identificar experiencias exitosas, como la del Bicentenario, y analizar cómo replicar sus aprendizajes para fortalecer otros establecimientos.
La discusión no consiste en cuestionar los méritos de los colegios privados ni en desconocer el esfuerzo de sus comunidades educativas. El éxito del Divino Niño merece celebrarse, así como la trayectoria del Bicentenario demuestra el potencial de la educación oficial. El problema radica en que las oportunidades para alcanzar resultados destacados no parecen estar distribuidas de manera equitativa. Un estudiante de un colegio oficial debería tener las mismas posibilidades de recibir una educación de calidad, ingresar a la universidad, obtener una beca y construir un proyecto de vida que cualquier otro joven. La calidad educativa no puede depender de la capacidad económica de las familias ni convertirse en un privilegio reservado para quienes pueden pagarla.
Que solo dos colegios oficiales figuren entre los 30 mejores de Santander no es una estadística que deba pasar inadvertida. Es una señal que exige decisiones, inversión y compromisos concretos.
La región no puede conformarse con tener unos pocos establecimientos de excelencia mientras buena parte de sus instituciones públicas enfrenan dificultades.
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El reto no es que los colegios privados dejen de sobresalir, sino que los públicos tengan las mismas oportunidades y herramientas para hacerlo. Porque cuando la educación oficial se queda atrás, no solo pierden sus instituciones: se limitan las oportunidades de miles de jóvenes y se compromete el futuro de toda una generación.
