Bucaramanga propone sacar la vía La Virgen–La Cemento del Convenio 1113 para financiarla. Expertos advierten riesgos jurídicos y otras salidas.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Durante la jornada de empalme territorial que se realizó el pasado 14 de julio con el Gobierno entrante, la Alcaldía de Bucaramanga incluyó la segunda calzada de La Virgen–La Cemento entre los tres proyectos estratégicos a priorizar.
La propuesta del alcalde Cristian Portilla tiene dos caminos. El primero es que el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avalen técnicamente el traslado o la reactivación del recaudo del peaje que financia la obra, con una nueva ubicación dentro del municipio de Bucaramanga.
Este peaje de Rionegro fue vandalizado en 2021, en el marco del estallido social. Posteriormente, permaneció cerrado y fuera de funcionamiento debido a los bloqueos de la comunidad.
El segundo camino planteado como alternativa es extraer el tramo del convenio interadministrativo que lo cobija para ejecutarlo con recursos propios del municipio o mediante cofinanciación con la Nación.
En ambos casos, el objetivo declarado por la Administración Local es el mismo: garantizar el cierre financiero de un proyecto que, según expuso el mandatario, hoy no cuenta con una fuente de recursos activa.
¿Por qué la Alcaldía cree que es necesario?
La obra hace parte del Convenio 1113 de 2016, que dio vida al programa Vías de la Cigarra e integra a Invías, la Gobernación de Santander y los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Rionegro. Su mecanismo de financiación se sostiene en el recaudo de los peajes de Lebrija y Rionegro.
El problema, según explicó Portilla, es que la estación de Rionegro, de la que dependía el sustento financiero del tramo, fue vandalizada y quemada, y hoy no está en operación.
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El alcalde afirmó que en enero la Administración le propuso a Findeter reubicar el peaje en Bucaramanga, pero sin cobrarles a los vehículos particulares, para no afectar a los ciudadanos, pero no obtuvo respuesta.
Cifró la obra de 4,5 kilómetros en $250.000 millones y calculó que la segunda calzada beneficiaría a más de 45.000 personas del norte de la ciudad. El proyecto lleva cerca de tres décadas en la agenda de la ciudad. Empezó a gestionarse hace unos 25 años y ha sido anunciado en repetidas ocasiones sin concretarse. La magnitud del rezago se refleja en las cifras del programa Vías de la Cigarra: el tramo tiene un avance financiero del 2,6 %.
El análisis de los expertos
Los especialistas consultados por Vanguardia coinciden en un punto de partida: la obra no debería fraccionarse. Difieren, en cambio, en el camino para lograrlo.
Rodrigo Fernández, ingeniero civil, exasesor de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga y socio activo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, considera que separar el tramo del convenio sería un error.
Recuerda que el Convenio 1113 se firmó entre la Nación, el departamento y el municipio con un propósito específico: terminar las obras que dejó inconclusas el antiguo concesionario y garantizar su mantenimiento durante los 30 años de vigencia del acuerdo, que apenas va en el año diez. Para Fernández, ese propósito no puede perderse.
Su fórmula es la contraria a la de la Alcaldía. En lugar de extraer el tramo, propone que la Nación, que ya hace parte del convenio, le inyecte recursos a través de un otrosí con destinación específica, de modo que Invías contrate la obra sin modificar el alcance del acuerdo. Sostiene que nada en el convenio impide sumar recursos y que hacerlo por fuera solo abriría nuevos flancos.
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De hecho, advierte dos riesgos concretos. El primero es jurídico: sacar el tramo podría dar pie a que alguien alegue que se trata de una vía municipal en la que la Nación no podría invertir, un argumento que hoy no existe mientras la obra siga dentro del convenio. El segundo es operativo: el tramo quedaría sin responsable de su mantenimiento en los 20 años que le restan al acuerdo.
Juan Pablo Remolina, director de Prosantander, coincide en que la obra no debería fraccionarse, pero pone el acento en el peaje. Para él, la condición para lograr el cierre financiero es recuperar el recaudo, sin importar dónde quede ubicada la caseta.
Agrega que a diferencia de lo que ocurre en otros peajes del país, el ciento por ciento de ese recaudo está destinado exclusivamente al desarrollo de la vía. Y precisa que, de aplicarse el esquema que propone la Alcaldía, el cobro recaería principalmente sobre el transporte de carga pesada y no sobre los vehículos particulares. Según sus cálculos, la estación de Rionegro ha dejado de recaudar cerca de $100.000 millones.
Miguel Ángel López, ingeniero y exdirector del Área Metropolitana, dice que antes de decidir cómo se financia la obra hay que establecer qué carácter tiene la vía. El Convenio 1113 está concebido para vías nacionales, de modo que definir si el tramo de La Virgen–La Cemento es nacional o municipal cambia el abanico de opciones. Si no fuera nacional, lo más consistente no sería forzar su permanencia en el convenio, sino sustraerlo y buscar otras fuentes de financiación.
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La variante metropolitana que propone López
Más allá del tramo puntual, Miguel Ángel López defiende una apuesta de mayor alcance: que el Convenio 1113 deje de ejecutarse por pedazos sueltos y se reconfigure como un solo proyecto integral, lo que él llama la “gran variante de Bucaramanga”, una vía que iría desde Piedecuesta hasta Rionegro, rodeando y conectando toda el área metropolitana.
En su trazado, esa variante empataría corredores que hoy están dispersos. Arrancaría en Piedecuesta y tomaría el anillo vial externo hasta el sector de Chocoíta; desde allí —insiste López— debería empalmar con el anillo Floridablanca–Girón rumbo a San Jorge, y no desviarse hacia la vía del aeropuerto, como está planteado en el contrato actual de la Gobernación. Con ese empalme se cerraría el anillo vial metropolitano, que seguiría bordeando Girón y Café Madrid para llegar al norte, hasta el aeropuerto y Rionegro.
La clave de su planteamiento está en el modelo de peajes. En lugar de depender de una sola caseta, propone ubicar tres peajes en los tres vértices de esa variante, uno en el arranque, en el sector de El Buey; otro en la zona del aeropuerto; y el de Rionegro, dispuestos de tal forma que cualquier persona pueda recorrer todo el territorio metropolitano pagando un único peaje, respetando la distancia mínima que la ley exige entre casetas. Como referente, cita el anillo circunvalar de Barranquilla, financiado con peajes.
Ese esquema, sostiene, le daría un cierre financiero estable al conjunto, incluida la vía La Virgen–La Cemento, y, de paso, integraría a Rionegro, que hoy tiene el peaje instalado, pero no percibe sus beneficios. Para López, una planeación de esa magnitud debería liderarla el Área Metropolitana (AMB), que, en su criterio, ha perdido peso en la región.
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¿Qué tendría que pasar para que la propuesta funcione?
Más allá del anuncio político, el camino para que la vía avance concentra varios retos técnicos e institucionales. Para que la propuesta prospere deberán resolverse cinco asuntos: definir la fuente de financiación que sustituya el peaje, establecer jurídicamente el carácter de la vía, revisar el Convenio 1113, obtener el aval de Invías y la ANI, y actualizar los estudios técnicos.
¿Qué quiere hacer la Alcaldía con la vía La Virgen–La Cemento?
Ampliarla: construir una segunda calzada en ese corredor del norte de Bucaramanga para mejorar la entrada a la ciudad y descongestionar el tráfico. El alcalde Cristian Portilla le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella que ayude a priorizar y financiar la obra.
Si el proyecto lleva casi 30 años, ¿por qué no se ha hecho?
Porque no tiene con qué pagarse. La obra dependía de la plata que recaudaba el peaje de Rionegro, pero esa caseta fue vandalizada y quemada hace unos 15 años y desde entonces no opera. Sin ese ingreso, el proyecto se quedó sin su principal fuente de financiación —lo que se conoce como “cierre financiero”—.
¿Por qué se discute sacar la vía del convenio y qué riesgo tiene?
La vía hace parte del Convenio 1113 de 2016 (programa Vías de la Cigarra), un acuerdo entre la Nación, el departamento y varios municipios. La Alcaldía propone retirar el tramo de ese convenio para financiarlo por otro camino. Algunos expertos advierten que eso podría dejar la vía sin quién la mantenga y abrir líos jurídicos; otros creen que solo tendría sentido si antes se aclara si la vía es nacional o municipal.
