¿Se pueden controlar o prohibir las fiestas clandestinas en casas y fincas para menores de edad y judicializar a sus organizadores? Desde lo legal poco hay por hacer. Expertos y autoridades aseguran que mientras se presenta un proyecto de ley ante el Congreso de la República o una política pública encaminada a sancionar o acabar este fenómeno, sólo padres, familiares y amigos pueden controlarlo.
Publicado por: XIOMARA MONTAÑEZ MONSALVE
Lo que recuerda una joven de 16 años que asistió el pasado sábado 16 de julio a una fiesta clandestina en una finca de la vereda Mata Baja, ubicada en la vía que comunica a Bucaramanga con Piedecuesta, es que a sus manos llegó un volante en el que invitaban a una "rumba de cierre de vacaciones".
También narra que uno de sus compañeros de cole-gio le reenvió a través del Facebook una nota en la que invitaban a la misma fiesta. El mensaje explicaba que por un valor de $20.000 los llevaban has-ta el lugar, les ofrecían un "coctel energizante", un show de "alto voltaje" y un regreso a "casa de manera segura".
Sin embargo, como la menor confiesa, todo "se jodió" cuando la Policía entró con cámaras a pedir documentos y a "dañarles el rato". "No estábamos haciendo nada malo", advierte. "La estábamos pasando rico, en un lugar donde nadie pone problema y en una zona campestre. Para mí era un paseo", sostiene.
Ella se considera una sobreviviente de la fallida rumba, como 180 jóvenes más, ya que no cayó en el grupo de los 120 que sí fue conducido a la Estación de Policía de Piedecuesta después de una lluvia de piedras a los policías, de esconderse en medio de matorrales y baños, de arrojar alucinógenos a los jardines y lanzar arengas de libertad.
Sobre el permiso que le dieron sus padres para asistir a la fiesta, no habla mucho. Sólo sonríe y asegura, "eso lo hace todo el mundo, no tiene nada de malo".
Después de lo ocurrido en la finca, la joven asegura que caminó hasta la sede de la antigua Licorera de Santander, en Floridablanca, que allí tomó un taxi rumbo al parque de Las Palmas con otros amigos. "No iba a perder la salida", comenta.
El hecho de estar en esa finca no le acarrea ningún tipo de amonestación a esta menor. Si las autoridades la hubieran detenido consumiendo licor, la única sanción prevista para ella sería la contemplada en el artículo segundo de la Ley 124 de 1994, que prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, sería un curso pedagógico de prevención del consumo de alcohol junto a sus padres, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
¿Y qué ocurre con la persona que convoca a la fiesta? En materia de legislación también hay poco por hacer. Como la finca no es establecimiento de comercio, no aplican las sanciones contempladas por la ley colombiana (sanciones al lugar y multas a la persona que permitir el ingreso de menores de edad y venda bebidas alcohólicas).
Además, ninguna de estas conductas es tipificada como delito, "por tanto no es sancionable" por la legislación de nuestro país.
ASISTENCIA MASIVA
Las redes sociales, el 'voz a voz' o la entrega de volantes en las salidas de colegios, son los medios utilizados para convocar a los menores a fiestas clan-destinas, casi siempre, organizadas en casas o fin-cas de las zonas rurales de Piedecuesta y Florida-blanca. El fenómeno que tiene en alerta a las autoridades en Bogotá, Cali y Cartagena, se ha tomado Bucaramanga.
Y así ocurrió el fin de semana pasado. 300 menores fueron encontrados consumiendo licor de dudosa procedencias, así como sustancias alucinógenas en una finca de Piedecuesta.
Tres hombres, al parecer, fueron los encargados de hacer la convocatoria, de contratar luces y sonido, así como un show de 'striptis' de media noche, para entrar en ambiente a los pequeños invitados.
Como lo aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general José Ángel Mendoza, los organizadores no contaron con que miembros de su institución se infiltraran y conocieran de primera mano lo que allí ocurría.
De acuerdo con una fuente cercana a esta redacción, a los jóvenes se les ofrece lo que ellos llaman "un trago con pepas", es decir, alcohol mezclado con sustancias alucinógenas.
En el lugar estaban varios adultos. Las imágenes reveladas por las autoridades, muestran a personas mayores encargadas de la música, de la venta e papas fritas de paquete y golosinas, y según el testimonio de la joven de 17 años, de la animación durante la noche. Sin embargo, no se dio ninguna judicialización a estos mayores ese día, ya que desde el punto de vista legal, no estaban cometiendo ningún delito.
"Más que judicializar, lo que quisimos fue revelar el problema y avisarle a los padres de familia que estén muy atentos de sus hijos, que le presten atención a las páginas sociales, que si bien es cierto que la libertad para comunicarnos debe existir, también debe darse la supervisión de los papás para saber qué está pasando", explica el general Mendoza.
Cabe advertir que no sólo jóvenes de 15, 16 y 17 años departían en el lugar esa noche. El video de la Policía Metropolitana muestra a un pequeño de 12 años, quien a pesar de lucir grandes lentes de sol, cambiar su tono de voz y querer pasar desapercibido, no tuvo más remedio que decir, "no tengo documentos", y tuvo que acatar la orden de una uni-formada de subir al bus.
La preocupación aumenta y más en estos casos. La legislación colombiana no los sanciona por ser un menor de 14 años, quien es conocido como 'inimputable', una persona que no tiene la capacidad para ser culpable. Es decir, no tiene consciencia de sus actos.
QUEJAS DE LA COMUNIDAD
Vecinos del sector de las veredas Guatigurá, Mensuli y La Mata que se comunicaron con esta redacción, aseguraron que el fenómeno de las fiestas clandestinas no es nuevo, que muchas fincas no son habitadas por los dueños y que figuran en páginas web y anuncios clasificados para alquiler de todo tipo de eventos sociales.
Durante un recorrido, residentes del lugar desde hace más de 20 años, le mostraron a Vanguardia Liberal las viviendas que con frecuencias se utilizan para fiestas 'swingers' (compartir parejas sexual-mente), encuentros entre clientes y prostitutas, fiestas electrónicas y fiestas de la comunidad Lgtb.
"Todo se maneja con bajo perfil, pero la llegada de buses con adolescentes dispuestos a perderse en una rumba, sí debe tener control", asegura un residente de la zona de Mensulí.
Al problema de la rumba clandestina en este sector, según sus vecinos, se suma la apertura de restaurantes campestres que "figuran como fachada".
"En realidad son discotecas y bares que ocasionan desde riñas, contaminación sonora, desordenes en la vía hasta accidentes de tránsito fatales, especialmente en el retorno de Mensulí", comentan.
"No sabemos quién les otorga estas licencias, quién les permite abrir estos negocios. El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, asegura que el uso de esos suelos no es para este tipo de negocios", afirma el residente.
¿Quién debe tomar cartas en el asunto? ¿Cómo controlar a menores de edad, sancionar a los organizadores de estas fiestas y exigir más control y vigilancia a los padres de familia?
Según los expertos consultados por esta redacción, mientras no exista un proyecto de ley en el Congreso de la República o una política pública encamina-da hacía el control de este tipo de actividades, la responsabilidad está en el círculo familiar y social que tengan los menores.
SÍNTESIS: VIOLACIÓN DE LAS NORMAS
En Bucaramanga existe un decreto que prohíbe la circulación de menores en las calles y establecimientos públicos después de las 12:00 de la noche. Las autoridades y la Alcaldía aseguran que la norma ha dado resultados, pero presenta una dificultad: la falta de un sitio para internar a los menores que violan esta ley y son conducidos por la Policía de Infancia y Adolescencia.
"Un menor de edad que es encontrado infringiendo la norma y si no hay padre de familia que acuda a buscarlo, se debe internar en un lugar seguro, que mantenga una orientación del joven para que él reconozca que esta no es una conducta normal", asegura el general José Ángel Mendoza.
Según el Comandante de la Policía Metropolitana, la Alcaldía y la Gobernación del departamento, estudian la construcción de un lugar con la capacidad necesaria para ser usado en esta actividad.
"Esto para el caso de menores que no vinculados todavía temas penales y que corren un riesgo grave. Cuando se trata de jóvenes violadores de la ley penal, lo que tenemos que hacer es dejarlos a disposición de la ley penal o la Fiscalía General de la Nación y luego van a pasar a una internación intramural.
¿QUÉ HACER CON LAS REDES SOCIALES?
Según el periodista Gonzalo Piñeros, es importante que los usuarios de redes sociales comprendan que estos son espacios en los que no sólo se deposita información, sino parte de nuestra identidad. "Allí no somos anónimos", afirma el comunicador.
Es importante que el fenómeno se ataque desde la alfabetización de los usuarios de estas redes. "Hay que profundizar la alfabetización digital de los usuarios de las redes sociales para que se comprendan e interioricen deberes y derechos de uso de las plataformas", asegura el experto.
Piñeros también recomienda adelantar campañas a través de los medios de comunicación, que estén acompañadas por centros de in-formación y red de bibliotecas públicas y regular desde el Estado las telecomunicaciones digitales de manera colaborativa con otras na-ciones y las autoridades judiciales.
