El Concejo de Bucaramanga se volvió el recusadero por excelencia. Hay una estrategia que se ha vuelto rutina y que merece ser llamada por su nombre, en el entendido de que el uso de la recusación dejó de ser una herramienta jurídica de garantía para convertirse en un arma política y así paralizar el debate democrático.
El patrón es ya demasiado evidente para ignorarlo. Cuando el empréstito llegó al Concejo, aparecieron las recusaciones. Cuando se tramitó la elección del contralor, lo mismo. Cuando se discutió la modificación del estatuto tributario, otra vez. Y ahora, en el momento más crítico del cuatrienio, un ciudadano recusó a los concejales en pleno trámite de aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Bucaramanga Avanza Segura”.
El problema de fondo no es jurídico. Las recusaciones existen y tienen una razón de ser: proteger la imparcialidad en las decisiones. Nadie discute eso. Nadie está pidiendo eliminarlas ni desconocer su lugar en el ordenamiento jurídico. El problema es que su uso indiscriminado produce un efecto perverso y además preocupante, pues deja sin piso el control político que el Concejo está llamado a ejercer sobre la administración municipal.
Hay además una consecuencia práctica que no puede pasarse por alto. La Procuraduría General de la Nación es el organismo competente para conocer y resolver estas recusaciones. Ese trámite toma tiempo, tiempo que no siempre existe cuando hay decisiones urgentes sobre la mesa. El resultado es predecible: ante la presión del calendario y la parálisis del debate, la administración termina gobernando por decreto. No porque tenga la razón jurídica de su lado, sino porque la tramitadera le dejó ese camino despejado, limpio y sin obstáculos.
Y, sin entrar en leguleyadas, lo cierto es que algo falla en el equilibrio de poderes que una democracia local necesita para funcionar con legitimidad. Por ello, con un Concejo maniatado, la ciudad pierde el escenario de oro para debatir sus proyectos más importantes.
Bucaramanga merece un Concejo que pueda debatir, cuestionar y decidir con libertad. Merece también ciudadanos e instituciones que usen los recursos legales con responsabilidad y buena fe, no como maniobra de distracción o de conveniencia política. Y merece, sobre todo, que el Plan de Desarrollo que va a orientar los próximos años de la ciudad sea aprobado con el debate amplio y riguroso que sus habitantes se merecen, no sepultado bajo una recusación improcedente.
Ya es hora de un papel más activo de la ciudadanía en estos temas. La ciudad no puede avanzar sin los controles y propuestas de un Concejo que merece reunirse y tomar decisiones favorables para la ciudad.
