Directivas de la UIS y la Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguran que las medidas de control han permitido reconocer y hacer seguimiento a las personas que atentan contra la institución y consumen de drogas dentro del campus. Agrupaciones estudiantiles denuncian maltratos y violación de sus derechos. A su turno, alumnos, que no se identifican con ningún grupo, piden no interrumpir clases.
Publicado por: REDACCIÓN SÉPTIMO DÍA
Así se adelantan las clases dentro del alma máter después de que el Gobierno Nacional dio la orden de que fuera custodiada por las autoridades.
“Aquí ya nadie entra como Pedro por su casa. ¿Trajo el carné? El mío se me perdió”, dice una estudiante a un compañero de clases mientras hacen la fila en la puerta de visitantes para ingresar a la Universidad Industrial de Santander, UIS.
Desde hace dos semanas, después de regresar de un descanso forzado a raíz de los disturbios que se presentaron el 15 de junio y que obligaron al Gobierno Nacional a disponer de la fuerza pública para controlar el ingreso a la institución, la joven asegura que no se acostumbra a la medida.
En total, veinte personas hacen fila para ingresar por la entrada de visitantes. Están rodeados de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Transcurren diez minutos y finalmente, cuando sólo faltan cinco personas por ingresar, el vigilante encargado del registro le dice al policía que lo acompaña que se acabaron los carnés de visitantes.
“¿Cómo entramos entonces?” Pregunta un hombre que viene con una caja de herramientas. “El ingeniero que me espera me dijo que no ingresara sin carné, que me ponían problema para salir”, exclama.
En conclusión, tras una pequeña requisa de bolsos, los visitantes ingresan sólo entregando el nombre y número de cédula. Toda regla parece tener su excepción.
Otra situación se vive en la entrada principal de la Universidad. Abucheos, rechiflas y frases lanzadas en voz alta se escuchan. “¡No me toque! No tiene derecho”, dice una joven que intenta entrar a la UIS sin mostrar el carné y que discute con los uniformados que allí se encuentran.
No han transcurrido cinco minutos y un grupo de estudiantes llegan a solidarizarse con su compañera. Los policías insisten en que debe presentar el carné, la joven detenida se rehúsa, sus compañeros lanzan improperios, los miembros del Esmad se ponen en posición y están alertas, y los estudiantes que van retardados, sólo piden permiso par ingresar.
La situación no pasa a mayores. La joven entra victoriosa. Ese día la esperaba una multitud de aproximadamente 150 estudiantes asistentes a una asamblea que se desarrolla frente a la biblioteca de la Universidad ese día, la espera para escuchar sus propuestas. Al parecer, es líder estudiantil, pero un grupo de jóvenes la llaman “revoltosa” y que no representa a nadie.
Algunos jóvenes que hablaron con Vanguardia Liberal, aseguraron que este tipo de enfrentamientos se dan de manera esporádica dentro del campus desde la llegada de la Policía y el Esmad, pero “no son causas extremas para cerrar la universidad o cancelar semestre”.
¿Cuál es la salida al problema de seguridad en la UIS? Voces a favor y en contra analizan la situación.
“NO A LA AUTORIDAD Y A LA FUERZA”
Mientras estudiantes y profesores que asisten a clases, laboratorios y auditorios expresan su inconformismo con las asambleas estudiantiles (muchos aseguran que sólo sirven para perder clases), algunos líderes estudiantiles, miembros del Sindicato de Trabajadores de la UIS y profesores, aseguran que todo es una cortina de humo para tapar lo que allí ocurre: abusos de autoridad y la privatización del alma máter.
Jóvenes que participan en las asambleas, expresan su preocupación asegurando que la UIS sufre una crisis humanitaria. “Si la Policía nos devuelve la seguridad de la Universidad, debe ser de manera responsable. En este momento es válida una resistencia civil. Militarmente, no estamos en condiciones de enfrentarnos a las autoridades”, reclama.
Otro participante afirma que todo lo que ocurre “es una patraña” montada por las directivas de Universidad, que la Rectoría y las vicerrectorías son las únicas responsables de los enfrentamientos y hostigamientos. “Debemos sentirnos indignados como en España y Chile, y salir a la lucha”, grita el exponente.
A lo largo de la asamblea, otros estudiantes proponen ir por los salones para invitar a los demás al tradicional ‘pupitrazo’ (sacar los pupitres a la calle), que se organice una marcha diaria al interior del campus o que se ubique frente a la entrada una gran pancarta que diga “Fuera la Policía de la UIS”.
Una idea es bastante aplaudida. “Debemos pedirle a las directivas de la Universidad que saque a la Policía de la puerta, que se ubiquen en el parque del caballo de Bolívar a ejercer el control”, argumenta un joven.
En menos de cinco minutos, otro alumno se levanta y propone una consulta popular: “Votemos, ¿quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes están en contra? Esta sería una buena medida”.
Todo se desarrolla en un ambiente de tensa calma. Algunos estudiantes confían en que los organizadores de la asamblea llevarán las propuestas a la reunión en la Gobernación de Santander, en el Comité Departamental de Derechos Humanos.
“Lo mejor es hablar. No podemos seguir peleando y ‘cachando clases’, me entiende”, asegura un estudiante de ingeniería química. “El problema es que algunas ‘pintas’ que llevan a acá muchos años, que se tomaron hasta la iglesia del Sagrado Corazón hace año y medio para protestar por la elección del rector (Jaime Alberto Camacho Pico), son los que están al frente de eso”, expresa Andrés. “Poco se podrá hacer”, agrega.
SE NECESITA VOLUNTAD
Para el Defensor Regional del Pueblo, Dilmar Ortiz, la decisión del Ministerio de Defensa es un mecanismo preventivo para superar la crisis que se vive dentro de la UIS, pero se requiere mayor voluntad las partes, estudiantado y la Policía, para una pronta solución.
El funcionario insiste en que las autoridades deben identificar lo antes posible quiénes son los que inmiscuyen en actos vandálicos a los estudiantes. Igualmente, pide a los alumnos que demuestren voluntad y cordura frente a las propuestas que cada sector, que bajen la guardia.
“Durante el Consejo Departamental de Derechos Humanos, realizado el pasado miércoles, las partes (estudiantes, comerciantes, directivas, sindicalistas, profesores, representantes de la Gobernación y la misma Defensoría), durante tres horas, no pudieron llegar a ningún acuerdo”, explica el funcionario.
Entonces, ¿en dónde quedaron las propuestas lanzadas durante la asamblea en el Palacio Amarillo? “Se armó una discusión y tuve que retirarme con mi personal. No se dieron garantías para nadie. También llegó un representante de Naciones Unidas para servir como mediador, pero nadie lo dejó hablar”, añadió Ortiz.
Sobre el papel de la Policía, el Defensor asegura que le sugirió por escrito al general de esta institución, José Ángel Mendoza, que sus hombres tuvieran más tolerancia frente a los reclamos y la reacción de algunos alumnos, ya que algunos estudiantes le han denunciado que algunos policías los han agredido.
“La Policía debe hacer la menor intromisión, generar mecanismos de confianza hacía los estudiantes y las personas que visitan la UIS. Sugerimos que en el menor tiempo posible, y como avance la situación de seguridad, se vaya desarticulando la presencia por lo menos del Esmad”, comenta Ortiz.
Para el General Mendoza la actitud inmadura y provocadora de un grupo de estudiantes (que según el uniformado no supera los 10 alumnos) no ha permitido llevar la jornada en paz.
El uniformado desmiente la denuncia que hace el Defensor del Pueblo sobre las supuestas agresiones de las que han sido víctimas algunos estudiantes y aseguran que las cámaras de seguridad están filmando como lo dispuso el Gobierno Nacional.
“Si son estudiantes de la UIS y tienen el documento de ingreso, ¿por qué no lo muestran? Es lo único que pedimos”, añade el General Mendoza.
El Comandante de la Policía Metropolitana asegura que su personal debe soportar insultos y lidiar con la actitud desafiante de muchos jóvenes que sin importarles, los llaman morbosos, acosadores y violadores.
A pesar de esto, “tenemos resultados”, comenta el General. “A la universidad entraban alrededor de 3 mil vehículos en el día, ahora ingresan en promedio mil 600. ¿Quienes eran los otros? De particulares que tienen negocios cercanos y que utilizaban la Universidad para parquear e ingresar sin ningún control”, comenta el Comandante de la Policía Metropolitana.
Asimismo, “se ha logrado controlar el consumo de sustancias alucinógenas en el sector de El Bosque”, agrega el uniformado. “Reconocemos que no caemos bien en la comunidad estudiantil, pero se necesita respeto”, añade.
“El miércoles nos lanzaron una bolsa con excremento humano y por poco le cae encima a los uniformados del Esmad. Eso no es de personas que van a una universidad. Custodiamos la institución porque fue una orden del Gobierno Nacional. En el momento en que se demuestre que en la UIS no pasa nada y el Ministerio de Defensa cambie la orden, retiro a mis hombres”, asegura el General Mendoza.
Para el vicerrector Administrativo de la UIS, Sergio Isnardo Muñoz Villareal, la Policía es garante de derechos como la vida, la educación y el trabajo dentro de la Universidad.
El funcionario resalta que si bien no se llegó a ningún acuerdo el pasado miércoles durante el Consejo Departamental de Derechos Humanos, las directivas están dispuestas a seguir escuchando propuestas.
“No se puede pretender tomar decisiones como ellos (estudiantes) quieran, especialmente que se retire la Fuerza Pública. Esta no es una decisión de la Universidad, sino del Gobierno Nacional y del Departamento”, comenta el directivo.
Añade que siempre son más los estudiantes que quieren una universidad libre de violencia que los que buscan desestabilizarla.
“El clamor de la mayoría de la comunidad universitaria es que la autoridad garantice que el campus universitario no sea un espacio abierto a prácticas violentas, sino un lugar para la formación, la ciencia y la investigación”, concluye Muñoz Villareal.
VOZ DEL EXPERTO
Alejo Vargas, politólogo: "La violencia y el uso de la violencia son mecanismos negativos que hay que rechazar. La protesta es un hecho legítimo, un derecho que existe. Creo que lo deseable es que la universidad pública no debe tener presencia de la Fuerza Pública. La universidad debe tener un sistema de vigilancia con particulares.
Si las circunstancias en algunos casos hacen que las directivas acudan a esto, debe ser de carácter transitorio. El problema es cuando se crea una controversia con mecanismos de violencia que se sale de las manos de las directivas y pasa a manos de la Fuerza Pública.
Lo que generalmente se deben trabajar son pactos de convivencia entre estudiantes, profesores y directivos, que garanticen el derecho a la protesta y que se renuncie a la violencia!.
