Por primera vez en los diez años de la Encuesta de Percepción Ciudadana se incluyó el módulo de la justicia. Se les preguntó a los habitantes del área metropolitana qué tanta confianza les tienen a entidades tales como los juzgados, la Fiscalía y la Policía, entre otras. Así respondieron:
Publicado por: Euclides Kilô Ardila
La impunidad, los continuos retrasos en los procesos judiciales y, sobre todo, la falta de agilidad a la hora de fallar o de definir las demandas, son algunas de las razones por las que los residentes en el área metropolitana son escépticos de la justicia que se imparte en los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca.
El tema es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que en nuestras ciudades se entablan entre tres y cinco demandas por hora.
Tales apreciaciones se desprenden del denominado módulo de justicia que, por primera vez, se incorporó en la Encuesta de Percepción Ciudadana del Programa ‘Cómo Vamos’ 2019.
En dicha radiografía se aclara que hay dos grandes argumentos por los cuales la gente no acude o no cree siempre en el sistema de justicia del área metropolitana.
La primera: El 48% opina que es porque la justicia se demora mucho en actuar.
La segunda: El otro 30% dice que no confía en estas instituciones, tras las indebidas presiones de las que son objeto los jueces.
En cuanto a la percepción que tienen las personas sobre la gran influencia que tienen ciertos grupos sobre las decisiones de los jueces y fiscales, en primer lugar, están los políticos (75%), seguidos de las personas con dinero o empresas (73%) y los narcotraficantes (72%). En menor medida aparecen las influencias de las redes sociales y de los grupos religiosos. (Ver gráfico).
Otros datos reveladores
En el sondeo se le preguntó a la población qué opinión tiene sobre algunas de las instituciones del sistema de justicia. Aquellas que tienen imagen más favorable son las Estaciones de Policía o CAI con 58% de aceptación; las que tienen una imagen menos favorable es el del Conciliador en Equidad, pero más que por tener mala imagen es por el alto nivel de desconocimiento que hay de esta clase de centro de justicia.
Los conflictos más comunes que informaron los habitantes del área fueron las disputas con los vecinos o los relacionados con la vivienda (pago de arriendo), que superan el 24%; seguidos de peleas por la prestación de los servicios de salud (16%), servicios públicos (12%), grescas por delitos (10%), deudas (9%), familiares y laborales cada uno con (6%).
Una tercera parte de las personas que tuvieron algún enfrentamiento no acudió a ninguna entidad y lo resolvió por su cuenta.
El 17% acudió al CAI; el 13% a la Fiscalía; el 11% a la Inspección de Policía; el 10% a un juzgado; y el 7% a las comisarías de familia siendo estas las entidades de justicia a las cuales más consultaron.
El 32% de las personas manifestó estar de acuerdo en que ‘si una persona atraca a otra y las autoridades no lo castigan, la comunidad debe darle una golpiza al responsable’. Están de acuerdo especialmente los hombres en un 36% frente a un 27% de las mujeres; un poco más el estrato alto con 35% y principalmente en Bucaramanga.
Según Yani Lizeth León, directora del Programa ‘Cómo Vamos’, este módulo de justicia fue incorporado para todas las ciudades de la Red Cómo Vamos con el apoyo de Fundación Bolívar Davivienda. El año entrante, junto con otra información recolectada en las alcaldías, se hará un informe nacional.
El ‘Cómo Vamos’ es un proyecto privado y académico, apoyado por la Universidad de Santander, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander, las Fundaciones Participar y Corona, la Financiera Comultrasán, las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y de Bogotá y por los periódicos El Tiempo y Vanguardia.
Lea además: El ‘Cómo Vamos’ dice que “hoy somos más pobres que hace 4 años”.
LA OPINIÓN DE UNA DOCENTE DE DERECHO
Ana Patricia Pabón, docente del Programa de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, dijo que “los resultados de esta encuesta de percepción en el nivel de la justicia deben leerse de forma integral”.
“Si analizamos los tipos de conflictos que declaran los entrevistados, un número importante son de competencia de autoridades de Policía y la mayoría de encuestados que ha acudido en busca de soluciones a sus conflictos ante una entidad justamente lo han hecho ante los agentes de tal institución. Eso permite comprender el por qué la Estación de Policía o el CAI tienen un concepto favorable y son las instituciones ante las que más se acude, pues se trata de situaciones que con una buena gestión pueden resolverse de manera inmediata; a diferencia de los juzgados y centros de conciliación que resuelven conflictos que implican para su cumplimiento la acción de un tercero. Esto, sumado a que en el caso de los juzgados existen altos niveles de congestión, es comprensible la percepción desfavorable frente a estas instituciones”.
Según ella, “lo que más preocupa de los resultados de la encuesta es que un 32% afirme no acudir ante ninguna entidad o solucionar el conflicto por su propia cuenta, dato que coincide con el 32% que estaría dispuesto a hacer justicia por su propia mano. Es una cifra de encuestados que se reparte con cierto equilibrio entre todos los estratos sociales”.
Para ella, “este indicador es una alerta en dos sentidos. Por una parte las autoridades deben hacer una mejor gestión del conflicto y garantizar mayor celeridad en su atención y solución para lograr mejorar la percepción que se tiene de las instituciones y lograr recuperar confianza en ellas, de tal forma que se eliminen las ‘razones’ que invitan a solucionar los conflictos por mano propia; y por otro lado, es necesario promover programas de formación ciudadana y gestión pacífica de conflictos, así como generar mayor información sobre mecanismos de solución de diferencias con el fin de evitar que se tornen más graves las situaciones a las que se les da una gestión inadecuada por falta de información o de confianza en la autoridades competentes”.
