Tribunal exige a alcaldes desmontar ‘terminalitos’ ilegales.
La justicia volvió a encender las alarmas frente al mototaxismo en el área metropolitana de Bucaramanga. Un fallo del Tribunal Administrativo de Santander obliga a los cuatro alcaldes de la región a implementar, sin más dilaciones, medidas para desmontar los llamados ‘terminalitos’ y a coordinar un plan que ataque de raíz esta problemática que desordena la movilidad.
De acuerdo con la estadística oficial, al menos 96 estaciones ilegales de transporte se han identificado en los diferentes municipios del área metropolitana.
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El pronunciamiento judicial no es nuevo en el debate público, pues la ‘piratería’ en el transporte local ha ido creciendo en los últimos años.
Operativos contra transporte informal en Bucaramanga se han quedado cortos
Según el Alto Tribunal, los operativos se han quedado cortos frente al crecimiento de la informalidad. “Ya no caben paños de agua tibia; el transporte ilegal no puede seguir normalizándose como si fuera una opción válida”, advierte la sentencia.
En las calles, el malestar es evidente. “Uno se sube a una moto porque el Metrolínea está muerto y no pasa. Es arriesgada la piratería, pero a veces no queda otra”, comenta Claudia Rojas, habitante del norte de Bucaramanga. Sin embargo, para otros ciudadanos, la permisividad con los mototaxistas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. “Es un caos total. No respetan semáforos, se atraviesan en cualquier lado y ponen en peligro a todo el mundo”, asegura Fernando Gutiérrez, conductor de bus urbano.
El Tribunal insiste en que no basta con perseguir a los ilegales: se requiere un plan integral que mejore sustancialmente el transporte formal. Eso implica ampliar rutas, aumentar la frecuencia del sistema masivo y garantizar un servicio digno y competitivo. Además, se ordena articular a la Policía Metropolitana y a las autoridades de tránsito para reforzar los controles.
Expertos en movilidad también opinan que la raíz del problema está en la debilidad del transporte público. “Mientras no exista un servicio eficiente y de amplia cobertura, la gente va a seguir optando por las motos”, explica Yany León, analista en temas urbanos.
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El plazo dado por la justicia es corto, pero preciso: los alcaldes deben demostrar liderazgo o enfrentar las consecuencias. “Si no hay decisiones rápidas, lo que viene es más caos, más accidentes y hasta sanciones para los municipios”, concluye la sentencia.
La pelota, ahora, está en manos de los mandatarios locales, quienes tienen la responsabilidad de demostrar que sí es posible garantizar una movilidad legal, segura y eficiente para todos los ciudadanos del área metropolitana.
