Los ciudadanos llevan años sin un transporte eficiente y el Tribunal Administrativo de Santander ordena soluciones con plazo definido de seis meses.
Miles de ciudadanos de Bucaramanga y los municipios vecinos han tenido que soportar la deficiencia del transporte masivo, un servicio que debería ser la columna vertebral de la movilidad urbana.
La crisis de Metrolínea se ha convertido en el día a día de los usuarios, quienes enfrentan largas esperas, frecuencias irregulares, estaciones vandalizadas y una flota obsoleta que no responde a las necesidades básicas de desplazamiento.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Santander, en un importante fallo de acción popular, confirmó lo que la gente del común viene padeciendo en carne propia: que el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y Metrolínea están violando los derechos colectivos al no garantizar un transporte público eficiente, ágil y seguro.
La decisión judicial obliga a las entidades responsables a adoptar medidas inmediatas para recuperar un servicio que se encuentra al borde del colapso.
La sentencia pone sobre la mesa una realidad que trasciende los números y los informes técnicos. El ciudadano de a pie, aquel que depende del bus para ir a su trabajo, llevar a sus hijos al colegio o acudir a una cita médica, es quien carga con el costo más alto de la crisis. No se trata de un debate meramente institucional: se trata de la calidad de vida de la población que no tiene otra opción que esperar, con resignación, a que pase un bus que muchas veces nunca llega.
¿Qué responde el Área Metropolitana de Bucaramanga?
El director del AMB, John Manuel Delgado Nivia, aseguró que la entidad respeta y acata el fallo, pero también insistió en que la crisis tiene raíces profundas.
Según explicó, los actuales alcaldes recibieron en 2024 un sistema prácticamente quebrado, con déficit operacional, pasivos acumulados, flota insuficiente y una operación que había perdido toda capacidad de respuesta. “El fracaso no es de una sola decisión ni de un solo actor, sino de años de omisiones y falta de voluntad”, señaló.
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Delgado Nivia recordó que los planes de recuperación anteriores quedaron en el papel, pues nunca incluyeron esquemas de financiación sostenible ni ajustes a los contratos de concesión.
Todo esto desembocó en un círculo vicioso: frecuencias ineficientes que alejaron a los usuarios, estaciones deterioradas, un sistema de recaudo rezagado y un desorden creciente que abrió espacio al transporte informal. En paralelo, mientras Bucaramanga asumía la mayor carga financiera, los municipios vecinos y el Gobierno Nacional se desentendieron del sostenimiento del sistema.
El impacto, más allá de la movilidad, es evidente en la ciudad. El aumento del uso de vehículos particulares, el crecimiento del transporte informal y el incremento de la contaminación son consecuencias visibles de un sistema de buses que dejó de cumplir su función. Pero el golpe más fuerte lo reciben los ciudadanos de menores ingresos, quienes ven limitada su posibilidad de acceder a una movilidad segura y asequible.
El AMB asegura que, desde hace un año, trabaja en planes de contingencia para evitar el colapso total. Entre ellos, el rediseño de rutas y la reorganización de la oferta con apoyo del transporte colectivo.
Sin embargo, estos esfuerzos apenas han permitido mantener un servicio mínimo, insuficiente para responder a la demanda de la ciudadanía, que sigue padeciendo largas filas, hacinamiento y tiempos de viaje que se multiplican.
Aunque la administración insiste en que se está estructurando un nuevo modelo de transporte con visión técnica, financiera y social, la urgencia ciudadana sigue siendo inmediata: contar con un servicio digno y eficiente en el corto plazo.
El fallo del Tribunal, más que un trámite judicial, es un recordatorio contundente de que la movilidad no puede seguir siendo aplazada, porque cada día de retraso significa más tiempo perdido, más frustración y más desigualdad para los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.
