Algunos puntos de la escarpa occidental están bajo asedio: la CDMB alerta, tras hallazgos en operativo.
Las imágenes eran evidentes: mangueras ocultas entre la maleza, conexiones improvisadas y canales abiertos para lavar tierra. Todo esto se veía -y se ve aún- en plena escarpa occidental de Bucaramanga, uno de los pulmones ambientales más importantes de la ciudad.
Lo que parecía sospechoso, tras unos operativos de control de la CDMB y otras autoridades, terminó confirmado: minería ilegal en acción, a pocos metros de barrios como Buenos Aires, El Pantano y el Vivero Nazareth.
La denuncia no es nueva. Hace poco, en la toma a los barrios que hizo Vanguardia, en el sector de Balconcitos, la comunidad fue clara en denunciar que personas inescrupulosas están socavando los taludes para extraer minerales.
Según el propio director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes Nova, “la minería ilegal es una actividad extractiva que se realiza sin los permisos, licencias y autorizaciones estatales correspondientes, y a menudo en áreas prohibidas como reservas naturales, riberas de ríos y en este caso la escarpa occidental de la meseta”.
Esta práctica genera graves daños ambientales, como la contaminación con mercurio, la deforestación y la degradación de ecosistemas, además de problemas sociales como el desplazamiento de comunidades y la explotación de personas en condiciones inhumana.
Duras sanciones de la CDMB en Bucaramanga
Durante operativos conjuntos adelantados por la CDMB, en coordinación con la Policía Nacional, el Ejército y la Secretaría del Interior, fueron halladas conducciones ilegales y maquinaria rudimentaria empleada para extraer material de los taludes. En el procedimiento, tres personas fueron sorprendidas en flagrancia y puestas a disposición de las autoridades competentes.
El hallazgo no es menor: cada intervención clandestina arrasa con el suelo, desestabiliza los taludes y acelera un proceso de erosión que podría traducirse en tragedias humanas. La escarpa occidental no es un terreno cualquiera: es un ecosistema frágil, declarado área protegida, que además cumple la función vital de regular fuentes hídricas y servir de barrera natural contra deslizamientos.
“Es desalentador que, a pesar de los controles, estas prácticas continúen y sigan afectando gravemente los recursos naturales”, denunció Edwin Cárdenas Bueno, ingeniero ambiental de la CDMB, al recordar que los taludes lavados y debilitados no solo representan una pérdida ecológica, sino un riesgo inminente de colapsos que podrían arrasar con viviendas enteras.
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Los operativos, explicó la entidad, hacen parte de un plan de protección de predios institucionales, pero el problema va mucho más allá de capturar infractores. Se trata de frenar una cadena de destrucción que compromete el futuro ambiental de la capital santandereana.
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El daño es doble: por un lado, la pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad; por otro, la amenaza directa a los habitantes que viven al borde de la escarpa, quienes podrían ser víctimas de un eventual desprendimiento o deslizamiento masivo. Cada manguera incautada y cada canal destruido son apenas la punta del iceberg de un negocio ilegal que sigue socavando el terreno.
La CDMB insiste en que continuará con el seguimiento, pero advierte que ninguna acción será suficiente sin la denuncia ciudadana. La minería ilegal avanza con la complicidad del silencio y la indiferencia, mientras la ciudad se expone a un colapso ambiental que puede convertirse en tragedia social.
Hoy la escarpa occidental no solo está siendo devastada; está siendo desangrada. Y con ella, Bucaramanga entera.
