Muchos usuarios denuncian las demoras excesivas en la entrega de medicamentos, la falta de realización de procedimientos médicos esenciales para preservar la salud e incluso las dificultades para acceder a las consultas externas.
A sus poco más de 63 años, Luis Eduardo León Suárez solo quiere acceder a los medicamentos que necesita para vivir con dignidad. Sin embargo, cada visita al punto de atención y cada llamada a la línea de su EPS se convierten en un nuevo capítulo de frustración.
“He tenido problemas para conseguir los medicamentos a tiempo y para que me realicen los tratamientos necesarios. La demora en la entrega de insumos hace que mi condición no sea la mejor”, dice con la voz cansada.
Luis Eduardo es usuario de Nueva EPS, una entidad que concentra buena parte de las quejas en la ciudad. En los últimos meses ha vivido lo que muchos llaman el viacrucis de la salud: filas eternas, trámites repetidos, órdenes médicas que caducan antes de ser aprobadas y una burocracia que parece diseñada para agotar al paciente.
Su caso no es aislado. Según el Canal de Atención de Salud Sin Barreras de Bucaramanga, CASSIB, solo en el último mes se han tramitado 156 quejas o solicitudes contra Nueva EPS. De esas, 81 siguen sin resolver, 22 fueron atendidas, 2 negadas y al menos 5 tuvieron que llegar a instancias judiciales mediante acciones de tutela.
Hay más denuncias ciudadanas
La verdad es que la cifra de solicitudes se queda corta si se tiene en cuenta que no todas las peticiones son reportadas al CASSIB. Cada número representa una historia de dolor, de impotencia, de personas que luchan no solo contra la enfermedad, sino también contra la desidia.
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Los datos del CASSIB revelan una tendencia alarmante: la no entrega de medicamentos es la segunda causa de reclamo en el sistema de salud de Bucaramanga, con un 23,37 % del total de quejas. Esto significa que casi una de cada cuatro inconformidades está relacionada con la falta de gestión para entregar a tiempo los insumos médicos.
En los barrios Alarcón, Campohermoso, Comuneros, Universidad, Morrorrico, Mutis y Nuevo Sotomayor, los testimonios se repiten con una precisión dolorosa. Pacientes mayores que esperan horas por una cita que se reprograma sin explicación; madres que recorren tres farmacias buscando una fórmula; personas que deben suspender tratamientos porque el medicamento “no está disponible en bodega”. Cada historia, distinta en rostro y en tono, termina con la misma frase: “Ya no sabemos a quién acudir”.
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Para muchos usuarios, la única salida ha sido interponer tutelas, un recurso legal que debería ser excepcional, pero que hoy se ha convertido en parte del proceso habitual para acceder a un derecho básico.
Mientras tanto, Luis Eduardo sigue esperando. Cada día que pasa sin sus medicinas, su salud se deteriora un poco más. Pero aún conserva la esperanza de que su caso sirva para que alguien, en algún despacho, escuche: “No quiero pelear con nadie -afirma-, solo quiero vivir tranquilo. Y para eso necesito mis medicinas”.
La historia de Luis Eduardo es, en realidad, la de toda una ciudad que clama por atención en salud, resquebrajada por la falta de diligencia oficial.
