Esto dijo el Gobernador Juvenal Díaz Mateus sobre la señalada “ilegalidad” del peaje La Punta en Mesa de Los Santos, Santander. La comunidad solicita una medida cautelar por parte de la justicia.
Ante el Tribunal Administrativo de Santander se tramita una acción de nulidad por medio de la cual la comunidad busca ‘tumbar’ la operación del peaje La Punta, en Mesa de Los Santos. Las autoridades están a la espera de un pronunciamiento por parte de la justicia para tomar decisiones de fondo sobre el funcionamiento de esta caseta de cobro.
En medio de las protestas que se adelantan desde hace más de un mes por parte de campesinos, transportistas y residentes, quienes mantienen arriba las talanqueras y suspendido el recaudo, el Gobernador Juvenal Díaz Mateus respondió ante los señalamientos sobre la presunta “ilegalidad” en el funcionamiento de este peaje.
El mandatario dejó en claro que el Departamento aguardará por dicho pronunciamiento oficial de la justicia, y que se garantizarán las manifestaciones realizadas por la comunidad. Pero también advirtió que si la justicia le da la razón a la administración departamental, automáticamente se adoptarán medidas para reactivar el recaudo.
“Nos acogeremos al fallo de la medida cautelar”: Gobernador de Santander sobre el peaje en Mesa de Los Santos
En septiembre pasado, por parte de la Veeduría Ciudadana Unimesan, se interpuso una acción de nulidad contra la Ordenanza 049 de 2024, por medio de la cual la Gobernación de Santander asumió el manejo del peaje La Punta. Lea también: Procuraduría avala suspensión del peaje en la Mesa de Los Santos
En el marco de esta acción legal, este 2 de diciembre la comunidad acudió ante el Tribunal Administrativo de Santander para solicitar una medida cautelar, que ordene la suspensión inmediata de la operación de esta caseta de cobro. Tanto la comunidad, así como la Procuraduría, señalan en medio de este proceso judicial que el funcionamiento del peaje La Punta es “ilegal”.
Al respecto, el Gobernador de Santander respondió en la presente semana que “con los líderes de las protestas acordamos que nos acogeremos al fallo de la medida cautelar. Si el tribunal aplica la medida, prácticamente nos estarían diciendo que el peaje es muy posiblemente ilegal o no sería legítimo. Por lo tanto habría que revisar qué decisión se toma”. Le sugerimos: Santander exige cuentas claras del peaje Mesa de Los Santos: requieren a contratista
Se calcula que desde que se iniciaron estas manifestaciones, hace 43 días, el Departamento dejó de recaudar cerca de $1.600 millones. Las autoridades aseguran que estos recursos son fundamentales para contratar el mantenimiento de la malla vial y garantizar la movilidad en Mesa de Los Santos.
“Si la medida cautelar no se aplica, quiere decir que el peaje es legal e inmediatamente se puede restaurar por parte de la autoridad. Este fue el acuerdo al que llegamos. Esperamos el fallo. Mientras tanto, pese a que estamos perdiendo plata, aceptamos la protesta”, agregó Díaz Mateus.
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Comunidad señala daño colectivo y pide medida cautelar
Incluyendo las noches y madrugadas, durante estos 43 días de protestas decenas de vecinos de Mesa de Los Santos han acompañado estas manifestaciones para mantener arriba las talanqueras del peaje.
Entre los argumentos expuestos ante la justicia, por medio de esta medida cautelar que se pide la comunidad advierte diversos impactos negativos, como, por ejemplo, los choques registrados con las autoridades en días pasados, cuando se trató de intervenir estas protestas con el uso de la fuerza.
Para la Veeduría Unimesan, existe urgencia frente a una decisión judicial teniendo en cuenta las siguientes repercusiones negativas:
- Afectación económica diaria a residentes y trabajadores.
- Deterioro social y emocional de la comunidad.
- Incertidumbre jurídica generada por la permanencia de un acto cuya legalidad está seriamente cuestionada.
- Intensificación de la tensión comunitaria.
“No existe actuación pendiente que impida decidir. El concepto del Ministerio Público (Procuraduría), que solicita la suspensión, genera un deber reforzado de análisis urgente”, manifestó Unimesan.
