El 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Visibilidad Trans, un día en que se reconoce que pese a que la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido derechos, su aplicación sigue siendo limitada en territorios como Santander.
Cada 31 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans en medio de una realidad que dista mucho de reflejar avances plenos en derechos, reconocimiento e integración.
Las personas trans continúan enfrentando múltiples formas de violencia, desde agresiones físicas y discriminación estructural hasta la vulneración de derechos básicos y una exclusión constante en la vida cotidiana, que afecta su acceso a la salud, al empleo y a la posibilidad de desarrollar con libertad su identidad.
Son las mujeres transgénero quienes cargan principalmente con este peso. Históricamente han enfrentado el rechazo de sus familias, la persecución en espacios públicos, la expulsión de colegios y empleos, y la violencia de una sociedad que todavía no las reconoce.
La situación frente al cumplimiento de sus derechos humanos en Colombia, particularmente en territorios como Santander, ha evidenciado contradicciones: mientras existen avances normativos, la realidad social sigue marcada por la exclusión, la violencia y la falta de garantías efectivas.
2025 fue un año marcado por reiteradas denuncias de violencias. Al menos 25 mujeres trans fueron asesinadas entre enero y septiembre, según la Defensoría del Pueblo, mientras la ONU reportó decenas de homicidios de personas LGBT en el país hasta mayo.
En Bucaramanga, las agresiones se concentraron en el espacio público, con tres mujeres trans brutalmente atacadas en una sola semana de agosto en el centro de la ciudad, sin avances judiciales. A finales de año, la muerte de Giselle Camila Ramos, de 33 años, volvió a evidenciar la vulnerabilidad que viven en la ciudad. A nivel nacional, casos de transfeminicidios en Bello (Antioquia), El Carmen de Bolívar y Tuluá reflejaron también una violencia extendida que aún carece de respuestas efectivas.
Líderes y organizaciones de la población documentan estas violencias y describen un contexto marcado por el miedo permanente, mientras persiste una débil respuesta institucional. Diego Ruíz Thorrens, miembro de la Corporación Conpazes, señala que desde la pandemia la población trans ha enfrentado violencia intrafamiliar, institucional, física, psicológica y económica en municipios como Bucaramanga y otras zonas del departamento. Lea también: Radiotón recolectó más de cinco toneladas de alimentos para animales en Bucaramanga
“Las nuevas dinámicas asociadas al microtráfico y el narcotráfico, que se ve en municipios como Floridablanca, han provocado casos en los que mujeres trans están siendo violentadas, incluso sexualmente, por actores vinculados a estas economías ilegales. También en municipios como Barrancabermeja y Piedecuesta, donde se han identificado casos de trata de personas”, cuenta Ruíz.
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Camil Rojas, cofundadora Red Trans de Santander, añade que actualmente no existe un registro consolidado de las violencias contra personas trans. “Las instituciones y entidades no incluyen estas variables en sus formularios ni en sus procesos administrativos, lo que mantiene un subregistro de la población con experiencia de vida trans en los municipios del departamento, una dinámica que también se replica a nivel nacional”, agrega.
La información que circula suele limitarse a casos extremos, como homicidios o capturas, dejando por fuera múltiples formas de agresión cotidiana; Rojas indica que “a esto se suma la falencia en las investigaciones sobre las muertes de personas con experiencias de vida trans que han ocurrido en Santander”.
¿Qué dice la ley colombiana?
En Colombia, diversas decisiones de la Corte Constitucional de Colombia han consolidado un marco de protección para las personas trans al reafirmar principios como la autodeterminación de la identidad de género, la no discriminación y el acceso efectivo a servicios de salud para la afirmación de género.
A través de sentencias como la Sentencia T-063 de 2015 y la Sentencia T-918 de 2012, el alto tribunal ha establecido que la identidad de género es un aspecto esencial de la dignidad humana y que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones reales para su reconocimiento y ejercicio, eliminando barreras administrativas, médicas y sociales que históricamente han limitado estos derechos.
Sin embargo, “en algunos casos, incluso el Estado termina siendo un agente revictimizante, ya sea por omisión o por acciones directas de discriminación”, señala.
Políticas públicas para la diversidad en Santander
En Bucaramanga y Santander existen políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, como la Política Pública de Bucaramanga (2022–2032, como la presencia del programa de diversidad de la Alcaldía, y la departamental (2023–2033), que promueven la inclusión social, el acceso a salud, educación, empleo y justicia, así como el reconocimiento de la identidad de género desde un enfoque de derechos humanos y diferencial.
Estas incluyen medidas como el cambio de nombre y sexo en documentos, la atención integral en salud y la participación ciudadana, además de estrategias para prevenir violencias y fortalecer instituciones. A su vez, se articulan con rutas de atención que abarcan servicios de salud, protección a través de comisarías y la Defensoría, acceso a la justicia mediante Fiscalía y Policía, y acompañamiento institucional, en un esquema transversal que involucra distintas entidades del Estado.
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Exclusión laboral y poca educación
El acceso al empleo formal sigue siendo una de las principales deudas. Muchas personas trans terminan en trabajos informales o precarizados, como el trabajo sexual, el modelaje webcam o actividades en el sector de la belleza.
Esto no responde una elección, sino a una combinación de factores estructurales: baja escolaridad, discriminación en procesos de selección laboral y falta de políticas laborales inclusivas.
Ruíz revela que, desde el Observatorio en Santander, han conocido historias en las que mujeres trans que actualmente ejercen el trabajo sexual expresan su interés en formarse en oficios como la estética, mientras que otras manifiestan aspiraciones profesionales como ser trabajadoras sociales, abogadas o psicólogas.
“Sin embargo, la misma población reconoce las barreras estructurales que enfrentan, especialmente en el acceso a la educación: muchas no han terminado la primaria y, en algunos casos, ni siquiera el preescolar, lo que limita significativamente sus oportunidades”, agrega.
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Barreras en el sistema de salud
Otra arista que pone la conversación sobre la mesa es la atención que reciben en el sistema de salud. Aunque el acceso está reconocido y en algunos hay cumplimiento en la entrega los medicamentos hormonales que son recetados para los procesos de transición, persisten otros obstáculos.
Por ejemplo, las personas trans han enfrentado procesos largos y patologizantes para acceder a tratamientos como la terapia hormonal o cirugías de afirmación de género, como la masectomía. “Para lograr estos procedimientos las personas trans suelen ser sometidas primero a psicología y psiquiatría, lo que deshumaniza la decisión y retrasa todo”, añade Ruíz.
En muchos casos, la falta de acompañamiento médico adecuado lleva a prácticas riesgosas, como la automedicación o la aplicación de sustancias no seguras, como los biopolímeros.
Identidad legal en Colombia: avances y retos
En Colombia, el cambio de nombre y del componente sexo en los documentos de identidad es un derecho que ya se reconoció y que permite a las personas ajustar su identidad legal a su identidad de género. Este trámite se realiza principalmente mediante escritura pública ante la notaría gracias al Decreto 1227 de 2015.
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Esta posibilidad consiste en modificar el registro civil de nacimiento, que luego sirve como base para actualizar la cédula de ciudadanía y demás documentos de la persona. De acuerdo con la ley, es un proceso administrativo basado en la autonomía personal, aunque solo puede realizarse una vez en el caso del componente sexo.
¿Cómo tramitar el cambio de nombre y componente de sexo?
- Acudir a una notaría: Debe solicitar la elaboración de una escritura pública para el cambio de nombre y/o componente sexo.
- Presentación de documentos: Es necesario llevar una copia del registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía.
- Firmar la escritura: Manifestar la voluntad libre de realizar el cambio.
- Registrar el cambio: La notaría actualiza el registro civil.
- Actualizar documentos: Tramitar una nueva cédula en la Registraduría Nacional del Estado Civil con la información corregida.
Ruíz observa que si bien estos cambios son legalmente posibles, sigue siendo un proceso costoso, largo y poco accesible, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. Agrega que es el desconocimiento también provoca que en municipios pequeños no se conozcan las rutas, por lo que reduce la oportunidad de que la comunidad realice dichos cambios.
Además, la comunidad LGBTIQ+ ha manifestado que hace falta el reconocimiento de identidades como la no binaria y trans, que también tiene un impacto tanto en documentos físicos como en sistemas digitales.
Las organizaciones y las redes comunitarias
Las rutas de atención para casos de violencia contra personas trans incluyen canales de denuncia a nivel nacional y mecanismos de articulación institucional que buscan garantizar una respuesta oportuna.
Entre ellos se encuentran líneas como el 155 (violencias basadas en género) y la 123 para emergencias, así como el acompañamiento de entidades del Estado. El Ministerio de Igualdad y Equidad ha impulsado estrategias como SALVIA, orientadas a brindar una atención para la recepción de casos de violencia hacia personas trans.
Las organizaciones sociales que promueven la protección de la comunidad LGBTIQ+ también han asumido un papel clave en el acompañamiento, la denuncia y la exigibilidad de derechos. Sin embargo, muchas operan con recursos limitados y enfrentan la reducción de apoyos internacionales.
Cuando la violencia afecta la integridad de niños, niñas y adolescentes trans, las organizaciones sociales terminan asumiendo un rol de atención y protección que, de acuerdo con el vocero Ruíz, debería corresponder, en primera instancia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, activando las rutas establecidas sin importar la orientación sexual o identidad de género.
Ruíz manifiesta que esta falta de respuesta institucional también se extiende a otras poblaciones, como las personas adultas mayores, que encuentran en estas organizaciones uno de los pocos espacios de apoyo.
Sobre la conmemoración mundial
Hasta entonces, la única fecha en el calendario dedicada a esta comunidad era el Día Internacional de la Memoria Transexual, el 20 de noviembre, que recuerda a las víctimas de crímenes de odio por transfobia, pero no reconoce ni celebra a quienes siguen en pie.
Rachel Crandall, activista transgénero de Michigan, impulsó en 2009 la idea de celebrar la vida y la resiliencia de las personas trans al darse cuenta de que hacía falta un espacio distinto: uno para reivindicar su existencia, sus corporalidades, sus narrativas y sus derechos.
Fue por ello que el 31 de marzo se convirtió en esa fecha en que se busca visibilizar las violencias que persisten y, de manera simultánea, honrar la resistencia de una comunidad que existe, crea y transforma sus realidades.
“La población trans es una minoría, pero enfrenta violencias desproporcionadas. Por eso, la visibilidad no puede ser solo simbólica”, manifiesta Ruíz.
Conmemorar a esta población también exige una transformación diaria de imaginarios sociales, combatir la discriminación y garantizar entornos seguros para todas las personas trans.
“Nos hace falta empoderar más a la población trans en el reconocimiento de sus derechos”, concluye Diego Ruíz. Así, indica, será posible avanzar hacia una comunidad que se movilice sobre sus necesidades para abrir espacio en una sociedad más inclusiva que viva una ciudadanía plena y libre.
Por su parte, Rojas agrega que se necesita una garantía plena de los derechos que les permita acceder y tomar decisiones de una manera segura como cualquier personas que no sea trans puede hacerlo; “y, sobre todo, impulsar acciones afirmativas que generen empleo, becas y otras oportunidades que contribuyan al bienestar de las personas trans, de modo que la vulneración constante de sus derechos deje de ser una condición normalizada en sus vidas”, puntualiza.
