En Colombia, las mujeres transgénero siguen siendo víctimas de una violencia brutal y estructural que rara vez se nombra como transfeminicidio. Sin tipificación legal, no hay protocolos ni justicia real.
Publicado por: PAOLA ESTEBAN C.
Una mujer transgénero es golpeada a palazos por hombres que operan entre la vigilancia informal y las “ollas” del centro. Otra es atacada brutalmente en una zona de expendio. Una tercera denuncia una agresión grabada en video, pero no encuentra eco en las autoridades.
En una misma semana de agosto de 2025, tres mujeres trans fueron brutalmente agredidas en el centro de Bucaramanga. Ninguna de las agresiones fue investigada. La denuncia, el acompañamiento y la exigencia de justicia vinieron de organizaciones como CONPAZES, no del Estado.
El último transfeminicidio registrado en Santander fue el de Karol Nayerlis Lugo, asesinada el 16 de octubre de 2024 en Girón. Desde entonces no se han reportado nuevos casos, pero organizaciones como CONPAZES alertan que las amenazas, agresiones y el control del narco mantienen a las mujeres trans en riesgo constante. Organizaciones y líderes de la población documentan agresiones, control narco y un miedo constante a no volver, mientras las instituciones siguen sin responder.
A nivel nacional, Caribe Afirmativo advierte que 2025 es un año crítico: ya se registran 21 asesinatos de personas trans y 4 más en investigación, en un contexto de amenazas, desplazamientos y más del 70 % de impunidad, como es el caso de Shaira.
La noche del 28 de septiembre de 2025, en Tuluá, Valle del Cauca, Shaira Patiño fue asesinada a tiros por hombres armados mientras caminaba cerca del río Morales. Aunque fue trasladada con vida a una clínica, murió horas después. Organizaciones Lgbtiq+ denunciaron el crimen como transfeminicidio, exigieron una investigación con enfoque de género y diversidad, pero el caso permanece en silencio institucional y sin avances visibles.
El informe Con permiso para despreciar, de la ong Caribe Afirmativo, reveló que en 2024 asesinaron a 164 personas Lgbtiq+ en Colombia. A nivel continental, 175 de los 361 homicidios reportados en América Latina ocurrieron en el país.
Según Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo: “estamos viendo un año de altísima violencia, con énfasis en las personas trans, después de un 2024 ya muy alarmante”.
Las cifras lo sostienen: entre 170 y 171 homicidios de personas Lgbitq+ en 2024; 72 de esas víctimas eran personas trans, es decir, casi la mitad. En lo corrido de 2025: 21 asesinatos trans confirmados (19 mujeres trans, 2 hombres trans), y 4 casos más que están siendo investigados.
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De confirmarse estos últimos, entre el 44 % y el 46 % de los asesinatos contra población Lgbtiq+ en 2025 habrían tenido como víctimas a personas trans. No se trata de un margen: es un patrón.
La violencia no termina en el asesinato. Caribe Afirmativo advierte sobre amenazas, desplazamientos, control armado y delitos digitales que afectan especialmente a personas trans en regiones como Bolívar, Catatumbo, Chocó y Sucre. Actores armados castigan la expresión de género y usan redes para intimidar y extorsionar.
Además, la Defensoría del Pueblo ha reiterado que las mujeres trans son las principales víctimas de violencia basada en prejuicio en Colombia.
El marco institucional existe: la directiva 0006 de 2023 de la Fiscalía exige investigar con enfoque de orientación sexual e identidad de género; hay guías de buenas prácticas y fiscalías especializadas, el Gobierno habla de política pública Lgbtiq+. Pero los resultados son pobres. Según Castañeda, más del 70 % de los casos permanecen en impunidad. Las denuncias se archivan, las investigaciones no avanzan, y el sistema revictimiza: no usa el nombre identitario, minimiza las agresiones o sugiere conciliaciones entre víctima y agresor.
Santander: brutalidad sin justicia
En Bucaramanga, los temores nacionales se concretan. En una sola semana de 2025 hubo tres agresiones brutales contra mujeres trans. “Nos asusta que se repita lo de hace un año, cuando asesinaron a varias en menos de un mes. Lo hemos advertido, pero no hay atención”, advierte Diego Ruíz, de CONPAZES.
Según Ruíz, el microtráfico coacciona a las mujeres trans: las obliga a vender droga, las extorsiona y las castiga si se resisten. Todo esto, advierte, ocurre sin cifras oficiales desagregadas, sin estrategia de prevención y con “instituciones que se hacen las sordas”.
Leidy Albarracín, lideresa trans de Bucaramanga, habla desde la experiencia directa: “es un tema transversal. Cuando no golpean a una mujer trans en una parte, la matan en otra. Todos los meses se registra una. Siempre”.
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Aunque reconoce que en Santander no se ha registrado un transfeminicidio reciente, no siente alivio: “salimos a la calle y no sabemos si vamos a volver. Es muy fuerte, pero es la verdad”.
Leidy señala que la estigmatización cotidiana, “todas somos malas, peligrosas”, alimenta la violencia. Por eso insiste en que “se necesitan campañas de sensibilización y mucha educación. La gente sigue pensando igual”.
En Bucaramanga o Barrancabermeja, el miedo es rutina. La ausencia institucional y el control criminal crean un entorno donde la vida trans no importa como debería.
Y con este panorama el transfeminicidio sigue sin tipificarse, no existe como delito autónomo. Y ese vacío tiene consecuencias muy reales.
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La Ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, tipificó el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos relacionados con su identidad de género. Esa redacción deja abierta la posibilidad de que los asesinatos de mujeres trans sean investigados como feminicidios. Pero en la práctica, casi siempre se clasifican como homicidios simples. Y cuando no se nombra, no se investiga con enfoque. No hay protocolos obligatorios, no hay cifras claras, no hay justicia real.
En papel, existe también un agravante en el Código Penal (artículo 58.3) para los delitos motivados por prejuicio y la Fiscalía ha expedido lineamientos como la Directiva 0006 de 2023 para investigar violencias basadas en identidad de género. Pero son actos administrativos que no obligan a las autoridades a usar el término ni a registrarlo como tal.
En Bello, Antioquia, el asesinato de Sara Millerey González reveló, una vez más, que ser trans en Colombia implica vivir bajo amenaza constante. “Las personas trans siguen siendo blanco de una violencia que busca castigar la diferencia y borrar sus identidades”, advirtió la activista Mariana Escobar Bernoske.
