La medida, que comenzará a regir el 17 de abril de 2026, representa un alivio económico para los contribuyentes del departamento. Le contamos.
La Gobernación de Santander informó que dejarán de realizarse dos cobros en las declaraciones de vehículos y en el registro para el pago de impuestos en el departamento.
Se trata de los cobros por derechos de sistematización, que equivalían a $33.688, así como del 10 % correspondiente al cobro de sistematización en la liquidación y declaración de las estampillas departamentales.
El alivio para los contribuyentes comenzará a regir a partir de este viernes 17 de abril de 2026. Lo que quiere decir que, las declaraciones de estampillas cuyos hechos se hayan generado o pagado antes de esa fecha, deberán realizarse con los valores previamente establecidos.
“Esta disposición no aplica para aquellas declaraciones de estampillas cuyos hechos se hayan generado, causado, liquidado y pagado hasta el 16 de abril de 2026, pues ya fueron objeto de retención por parte de los agentes declarantes”, aclaró Diana María Durán Villar, secretaria de Hacienda de Santander.
¿Por qué se realizaba este cobro?
En el año 2005, la Asamblea de Santander aprobó la Ordenanza 012, cuyo artículo 60 dispuso lo siguiente: “Con el fin de sufragar los costos en que incurre por concepto de papelería, formularios... sistematización y automatización de procesos y procedimientos administrativos, podrá establecer derechos a cargo de los contribuyentes o usuarios, los cuales serán determinados por el Gobernador y el secretario de Hacienda”.
En este sentido, con este artículo se implementó el cobro del derecho de sistematización que se aplicaba en los impuestos vehiculares y que este año equivalía a $33 mil. Asimismo, se cobraba el 10 % por concepto de emisión de facturas.
Estos cobros se realizaron durante casi 20 años, a pesar de que muchos contribuyentes interpusieron recursos y demandas por considerar que no eran legales dichos cobros a los ciudadanos.
Finalmente, la demanda de la acción de nulidad que terminó estos cobros fue interpuesta por Antonio Sanguino Páez y su apoderado Rafael Herrera Jaimes.
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El abogado especialista Roberto Ardila fue uno de los contribuyentes que interpuso en 2020 otra demanda por el mismo motivo, contra este artículo de la ordenanza.
Para el jurista, se estaban cometiendo dos irregularidades en dichos cobros, dado que “no se pueden trasladar a los usuarios los costos de facturación y sistematización de ninguno de los tributos”, precisó.
A renglón seguido, aseveró que el Gobierno Nacional ya había emitido un pronunciamiento que exigía retirar esos cobros, pues otros territorios, además de Santander, también incluían estos montos en el impuesto vehicular.
Así las cosas, esta medida que ayer tomó la Gobernación de Santander obedece al cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado.
Mediante una comunicación oficial, la Administración Seccional explicó que la decisión responde a “la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la nulidad de dicho artículo”.
En ese sentido, la disposición representa un alivio económico para los ciudadanos que tienen vehículos registrados y pagan sus impuestos en Santander.
Sobre esta medida, Ardila expresó que se debe celebrar el principio de legalidad y la eficiencia administrativa en acatar la norma, que beneficiará a miles de contribuyentes.
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Pago del impuesto vehicular
Según cifras de la Gobernación de Santander, actualmente hay registrados 553.000 vehículos en el departamento.
Dichos contribuyentes tienen hasta el 30 de junio; es decir, hay todavía un plazo de dos meses y dos semanas para realizar el pago del impuesto vehicular dentro del plazo establecido.
Diana María Durán Villar, secretaria de Hacienda de la Gobernación de Santander, ha reiterado en diferentes escenarios el llamado a los dueños de vehículos matriculados en territorio santandereano para que se pongan al día con esta obligación y eviten procesos sancionatorios, así como cobros coactivos e incluso embargos.
Según lo precisado por la funcionaria, a partir del día siguiente, es decir, desde el 1 de julio de 2026, se iniciará la imposición de multas y la generación de intereses por mora.
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De la misma manera, explicó que la sanción mínima que se fijó por el no pago de este impuesto tiene un valor de $262.000.
Es importante indicar que el pago de esta obligación fue habilitado por el departamento desde inicios de enero de este año.
