La Contraloría General exige acelerar obras en los colegios Inem, Tecnológico y Santander. En una mesa de seguimiento, la comunidad educativa se ‘desahogó’’ y denunció “presuntas irregularidades”.
Tras años de denuncias, tutelas, protestas y promesas incumplidas, la crisis de infraestructura que golpea a tres de los colegios públicos más emblemáticos de Bucaramanga -el Inem, el Tecnológico y el Santander- volvió al centro del debate público. Esta vez, con la presencia directa de la Contraloría General de la República, que se desplazó hasta una de las instituciones para verificar en terreno el estado real de unas obras que siguen avanzando a paso lento, mientras miles de estudiantes continúan recibiendo clases en condiciones precarias.
Al término de la jornada, el mensaje del ente de control fue contundente: las autoridades responsables deberán acelerar las intervenciones, entregar explicaciones claras y responder con hechos concretos a una comunidad educativa que está cansada de esperar. (Le puede interesar: Veedores del Tecnológico instauran tutela por presuntas irregularidades en información de pólizas)
La escena descrita durante la mesa de seguimiento reflejó una realidad que estudiantes, docentes y padres de familia vienen denunciando: clases dictadas entre escombros, estructuras inconclusas, aulas improvisadas y espacios que distan de ofrecer garantías mínimas para el aprendizaje.
El encuentro, realizado en el coliseo del colegio Santander, permitió revisar el manejo de los recursos públicos y contrastar los cronogramas oficiales con el avance real de las ejecuciones.
La reunión fue convocada por la Contraloría General luego de varias acciones judiciales, movilizaciones y denuncias elevadas por las comunidades educativas, muchas de ellas documentadas por este diario.
Al espacio asistieron rectores, representantes de la Alcaldía y miembros de la ciudadanía, con el propósito de revisar la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 166, suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y Findeter para la repotenciación de la infraestructura educativa de los tres planteles.
Durante la sesión, la Contraloría dejó claro que el seguimiento busca establecer el estado real de las intervenciones, verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y detectar los retrasos que hoy mantienen en incertidumbre a miles de estudiantes. El organismo advirtió que no se trata únicamente de revisar cifras y cronogramas, sino de garantizar que los recursos públicos destinados a la educación se traduzcan efectivamente en obras terminadas y funcionales.
En medio del espacio de control social, docentes, padres de familia, estudiantes y egresados expusieron lo que consideran “una cadena de irregularidades, improvisaciones y decisiones erráticas que han terminado afectando directamente a la comunidad educativa”.
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Una de las intervenciones más fuertes fue la de Diana Cancino, quien cuestionó la falta de respuestas efectivas frente a una situación que calificó de inadmisible. “Es inaudito que más de tres mil estudiantes estén recibiendo clases en aulas improvisadas que no corresponden con su derecho a la educación, debido a la negligencia, la falta de seriedad y la improvisación de los responsables de estas obras”, afirmó.
En la misma línea, Sergio Oswaldo Cajías, egresado del Tecnológico, advirtió que las consecuencias de los retrasos las terminan pagando los estudiantes. “Un proyecto de mejoras locativas ha dejado un auditorio destruido, talleres y salones arrasados, y hoy los jóvenes reciben clases en condiciones lamentables”, denunció, al insistir en que la comunidad lleva años alertando sobre las fallas del proyecto.
El reclamo también fue respaldado por Blanca García, quien exigió decisiones inmediatas para evitar que los estudiantes continúen en medio de la incertidumbre: “Esta situación no aguanta más espera. Nuestros hijos no pueden seguir a la deriva, recibiendo clases en espacios que no corresponden con su formación técnica, solo porque el Municipio y Findeter no logran ponerse de acuerdo para sacar adelante las obras”, señaló.
La tensión aumentó con la intervención de la veedora ciudadana Johana Luna Rincón, quien denunció presuntas presiones y actos de persecución por su labor de vigilancia y denuncia frente al proyecto. “He sido objeto de persecución, todo porque empecé a elevar, junto con docentes, padres y estudiantes, mi voz de protesta por la demora en las obras y los desmanes que pretendían construir”, manifestó.
Luna Rincón aseguró además que, durante la mesa de seguimiento y en presencia de representantes de la Contraloría General, la Contraloría Departamental y la Contraloría Municipal, dejó constancia de su rechazo no solo frente a los retrasos, sino también frente a lo que calificó como “intentos de obstaculizar el proyecto”.
Según dijo, “la presión de la comunidad obligó finalmente a la Alcaldía a reconocer cuáles son las verdaderas necesidades de las instituciones educativas”.
Con un tono aún más firme, advirtió que “la ciudadanía no permitirá que se frene una intervención que supera los 80 mil millones de pesos y que beneficiaría al Inem, al Santander y al Tecnológico”.
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“No vamos a permitir que detengan el proyecto de repotenciación de infraestructura educativa”, enfatizó.
Por parte de la Administración Municipal, el secretario de Infraestructura (e), Carlos Javier Méndez, defendió el avance de los proyectos y aseguró que se está ejecutando la modernización del Tecnológico, Santander e Inem con recursos de Findeter.
Según explicó, las intervenciones contemplan mejoras en redes eléctricas, impermeabilización de cubiertas y adecuación de escenarios deportivos.
El funcionario insistió en que los proyectos avanzan y sostuvo que se han optimizado cronogramas, fortalecido los procesos de supervisión técnica y mejorado la asignación de recursos humanos y materiales para acelerar la ejecución.
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Sobre el caso del Tecnológico, Méndez explicó que ya fue adjudicado un contrato por 27 mil millones de pesos.
Añadió que actualmente el proyecto se encuentra en fase de estudios y diseños, y que en los próximos días será radicado ante Curaduría para obtener la licencia de construcción.
“Cuando se tenga la licencia, se iniciará la obra con una duración estimada de diez meses. El proyecto contempla un aula múltiple para 500 personas y 21 salones en uno de los bloques, de acuerdo con las necesidades del colegio”, afirmó.
En cuanto al colegio Santander, precisó que actualmente se ejecuta un contrato por 3.580 millones de pesos, aunque reconoció que las obras apenas registran un avance del 10 %.
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Allí se proyectan intervenciones en tres canchas polideportivas, la impermeabilización de la cubierta, el mejoramiento del aula múltiple y la adecuación del piso del coliseo.
Méndez también hizo énfasis en la corresponsabilidad institucional y contractual para garantizar estándares de calidad y cumplimiento. Sin embargo, terminó reconociendo la urgencia de acelerar las respuestas. “No podemos esperar más tiempo. La educación de nuestros niños y jóvenes exige respuestas concretas y acciones inmediatas”, afirmó.
Durante el encuentro, el contralor delegado Campo Elías Vega Rocha reiteró que el seguimiento busca identificar las dificultades técnicas, jurídicas y administrativas que estarían frenando el avance de las obras y que requieren atención inmediata por parte de las entidades responsables.
Pero el mensaje más severo llegó al cierre de la jornada. El funcionario advirtió que el incumplimiento de los compromisos relacionados con estos proyectos podría derivar en procesos administrativos sancionatorios.
Además, dejó claro que la Contraloría General de la República mantendrá vigilancia permanente sobre las obras y continuará escuchando a las comunidades afectadas.
