Veedores, docentes y egresados del Tecnológico acuden a la justicia por respuestas sobre garantías de remodelación del plantel.
Los veedores ciudadanos de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata de Bucaramanga, que se conoce de manera popular como Tecnológico, interpusieron una acción de tutela ante el Juzgado Constitucional Judicial de Bucaramanga contra la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Infraestructura, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública.
La acción fue presentada por los docentes Johanna Patricia Luna Rincón, Alirio Sáenz Torres y Mariela Martínez Hernández, junto con el director ejecutivo de la Asociación de Egresados, Sergio Oswaldo Cajías Lizcano, quienes han venido haciendo seguimiento al proyecto de remodelación y repotenciación de la infraestructura del plantel educativo.
Este procedimiento legal, planteado por la comunidad educativa, se desprende de los informes periodísticos publicados por este diario el pasado domingo, en donde se evidencian las supuestas irregularidades en los trabajos de remodelación de este icónico plantel.
Según los accionantes, desde hace varios meses solicitaron información relacionada con las pólizas de la Fase I de las obras de mejoramiento de la institución, particularmente sobre la vigencia y el estado de las garantías asociadas al contrato. (Le puede interesar: Tumbaron y luego planearon en Bucaramanga: ¿qué pasó con las intervenciones en el Tecnológico?)
De acuerdo con Johana Luna Rincón, una de las demandantes, entre los documentos requeridos se encontraba copia de un oficio que, presuntamente, la Secretaría de Infraestructura se comprometió a remitir a organismos de control como la Personería Municipal, la Procuraduría y la Contraloría.
Los veedores aseguran que las respuestas entregadas por la administración municipal han sido parciales, ambiguas y contradictorias, lo que, a su juicio, impide conocer con claridad el estado de las pólizas y las acciones adoptadas frente al eventual vencimiento de algunas garantías relacionadas con la calidad y funcionamiento de las obras ejecutadas en la institución.
En la tutela también se pide que las autoridades municipales entreguen información detallada y actualizada sobre las pólizas vinculadas al proyecto de infraestructura, incluyendo vigencias, coberturas y estado actual.
Además, solicitan explicaciones documentadas sobre posibles vencimientos o falta de activación de garantías, así como las medidas adoptadas para proteger a la comunidad educativa.
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Dentro del proceso, los accionantes solicitaron además la vinculación de los entes de control que participaron en una reunión realizada el pasado 18 de febrero en la Secretaría de Educación de Bucaramanga, en la que también estuvo presente el Consejo Directivo del plantel.
En el documento radicado ante el despacho judicial, los demandantes argumentan que el derecho de petición no se limita a recibir una respuesta formal, sino que obliga a las autoridades a emitir respuestas de fondo, claras y oportunas, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La acción de tutela quedó ahora en manos del juez constitucional, quien deberá determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados y si procede ordenar la entrega de la información requerida por los veedores ciudadanos del Técnico Dámaso Zapata.
Este jueves, gran reunión
Vale recordar que, tras años de denuncias de la comunidad educativa y una serie de informes periodísticos publicados por Vanguardia sobre el crítico estado de las obras en tres colegios públicos de Bucaramanga, la Contraloría convocó para este jueves, 21 de mayo, una mesa de seguimiento presencial al Convenio Interadministrativo No. 166 de 2023, suscrito entre la Alcaldía de Bucaramanga y Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter.
La reunión se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Institución Educativa Santander y contará con la participación de representantes de la comunidad educativa de los planteles intervenidos, entre ellos docentes, padres de familia, estudiantes, consejos directivos y demás actores vinculados al proceso.
