Las ciclorrutas de Bucaramanga no desaparecerán, pero sí entran en una nueva etapa de revisión. El cumplimiento de un fallo judicial, sumado a los estudios que adelanta la Alcaldía, vuelve a poner bajo la lupa una de las obras de movilidad más controvertidas de la ciudad y reabre la discusión sobre su planeación.
Una inversión cercana a los $15 mil millones, realizada en administraciones anteriores en los 20 kilómetros de ciclorrutas, está nuevamente en entredicho en Bucaramanga, mientras se evalúa una reestructuración de su trazado en la capital santandereana.
Mientras en redes sociales muchos ciudadanos y figuras públicas celebran el ‘retiro’ de las ciclorrutas en la carrera 35, tras evidenciar que desde el pasado jueves comenzaron a levantarse los separadores triangulares que delimitaban el corredor, la Alcaldía de Bucaramanga explicó que se trata de una “reingeniería” del trazado de la red de ciclorrutas. Le puede interesar: ¿Vías compartidas? Así cambiaría la ciclorruta en Bucaramanga
Este proceso corresponde al cumplimiento de un fallo judicial. La decisión se produjo entre 2022 y 2023, cuando el Tribunal Administrativo de Santander le ordenó al Municipio de Bucaramanga “armonizar la obra de cicloinfraestructura construida con el acatamiento de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga”.
Esto quiere decir que las ciclorrutas no desaparecen. Incluso, el alcalde Cristián Portilla aclaró que la Administración apenas inicia un estudio para evaluar cómo quedará la red de ciclorrutas e incluso anunció la construcción de 2,5 kilómetros adicionales en el sector de Cabecera.
“Hay una confusión enorme circulando en redes sobre lo que realmente ordena el fallo del Tribunal Administrativo de Santander. El fallo no ordenó demoler ni desmontar las ciclorrutas. Lo que ordenó fue armonizar la infraestructura con el Plan de Ordenamiento Territorial”, explicó Sergio Arenas, abogado y experto en derecho urbanístico.
Según detalló, la justicia determinó que las ciclorrutas construidas en 2019 vulneraron el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), al haberse ejecutado por corredores que no estaban contemplados en ese instrumento de planificación, sin surtir los procedimientos legales correspondientes y sin la participación de las comunidades.
Aunque la sentencia fue emitida hace cuatro años, esa tarea seguía pendiente por parte del Municipio.
En esta apreciación coincide el concejal Cristián Reyes, quien advierte que el proyecto presentó deficiencias de planificación y que un peritazgo realizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) encontró múltiples hallazgos de carácter antitécnico.
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Así sería la ‘reingeniería’
Consuelo Ordóñez, exdirectora del Área Metropolitana de Bucaramanga, advierte que pareciera que el proceso se hizo al revés. Primero se tomó la decisión de retirar los separadores y luego se anunció el estudio técnico.
“Lo que el Tribunal ordenó fue revisar. Revisar es diferente a tomar la decisión de levantar todo sin que haya una opción diferente”.
Considera que, si bien deben adelantarse los estudios y la reestructuración, “deberían ser los estudios los que definan las acciones a tomar o los tramos a intervenir, y no al revés”.
Ordóñez, quien dirigía el AMB durante el periodo en el que se construyeron las ciclorrutas, reconoce que sí hubo errores en la planeación del proyecto. A su juicio, la red no conecta un punto A con un punto B.
“Desde el principio tuvimos muchos errores en la definición de las ciclorrutas. Hay que conocer el origen y el destino. Se generaron fragmentos un poco aislados que no tenían un propósito”, indicó.
De acuerdo con lo explicado por Cristián Portilla, el proceso de reingeniería en la carrera 35 tendría tres etapas: primero, la pavimentación de este importante corredor; segundo, la nueva delimitación del tramo con dos carriles, uno de ellos como carril ciclo preferente; y, tercero, la señalización.
En ese esquema, la carrera 35 seguiría teniendo ciclorruta, solo que pasaría a ser una vía compartida.
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“Mantener la carrera 35 como el espacio de las ciclorrutas no me parece adecuado. Esa no es la vía por donde deberían ir las ciclorrutas; deberían estar en corredores menos transitados. Eso es tomar decisiones sin hacer estudios”, sostuvo Consuelo Ordóñez.
¿Qué ordenaba el fallo?
La sentencia del Tribunal Administrativo planteó dos alternativas para el Municipio: tramitar ante el Concejo una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial para incorporar legalmente los corredores ya construidos o adoptar los Planes Maestros de Movilidad y de Ciclorrutas para ajustar los trazados previstos.
Según lo manifestó Sergio Arenas, el fallo sí ordenó intervenir tres corredores específicos donde se evidenciaban afectaciones puntuales: el corredor 5, por las dificultades para la circulación de vehículos de emergencia; el corredor 8, porque vehículos oficiales de la SIJIN impedían el uso de la ciclorruta; y el corredor 6, donde la segregación instalada afectaba las labores de cargue y descargue del sector comercial.
El experto afirmó que este caso deja una lección sobre la importancia de respetar los instrumentos de ordenamiento territorial. “La discusión no es si la ciudad debe tener ciclorrutas, sino que las obras públicas deben ejecutarse conforme al POT, con los estudios, los diseños y la participación ciudadana que exige la ley”, manifestó.
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En este último punto coincidió Antonio José Díaz, ciudadano e historiador, quien sostuvo que desde el inicio del proyecto, durante la administración de Rodolfo Hernández, quedó entre la comunidad la percepción de que se trató de un proceso apresurado, que no tuvo en cuenta la topografía y la movilidad.
Además, considera que fue una iniciativa que careció de una adecuada socialización con la comunidad. “Se sintió impuesto y eso generó el rechazo en la ciudadanía desde su construcción”, resaltó.
