El futuro del Páramo de Santurbán continúa en el limbo tras nueve años del fallo de la Corte Constitucional.
Publicado por: John Arias
El futuro del páramo de Santurbán continúa siendo motivo de debate. Aunque la mesa de concertación de este sábado en Bucaramanga logró avances en el diseño de propuestas para la nueva delimitación, el encuentro volvió a encender las históricas tensiones que, desde hace casi una década, bloquean el consenso entre ambientalistas, comunidades campesinas, mineros tradicionales y las autoridades gubernamentales.
El encuentro, convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el centro de convenciones Neomundo, reunió a representantes de diversos sectores sociales con el propósito de avanzar en la cuarta fase del proceso de delimitación ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017. Lea también: Alta tensión en Neomundo por delimitación Páramo de Santurbán
Aunque durante la jornada se consolidaron nuevos aportes ciudadanos, al cierre de esta edición los participantes aún no terminaban de discutir la totalidad de los puntos que la Corte Constitucional estableció como obligatorios dentro de la concertación. La sesión incluso debió interrumpirse en algunos momentos debido a las discusiones y manifestaciones de los asistentes, reflejo de las posiciones encontradas que existen alrededor del futuro del páramo. Ante ello, el Ministerio convocaría un nuevo encuentro para continuar el análisis de los temas pendientes.
Mientras los comités ambientales exigen frenar cualquier proyecto extractivo en Santander, los defensores de la minería tradicional piden inversión social para evitar el crecimiento de la minería ilegal en el ecosistema
La directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, Natalia María Ramírez Martínez, explicó que el propósito de estas mesas es construir una propuesta que recoja las expectativas de todos los municipios vinculados al ecosistema y de aquellos que se benefician de sus servicios ambientales. “Estamos con el propósito de armar una propuesta integral desde la perspectiva y la expectativa de la ciudad, teniendo como siempre la protección del ecosistema y, además, la consolidación de las comunidades, su bienestar y su desarrollo”.
La funcionaria señaló que la concertación se desarrolla en los 40 municipios contemplados por la sentencia judicial y que todavía faltan doce encuentros para culminar esta etapa. Posteriormente, los aportes serán consolidados y servirán como insumo para elaborar el proyecto de resolución que definirá la nueva delimitación.
La discusión gira alrededor de seis aspectos considerados ineludibles por la Corte Constitucional: una delimitación construida con participación ciudadana; la sustitución o reconversión de las actividades económicas que puedan verse afectadas; los mecanismos de fiscalización; la protección de las fuentes hídricas; la creación de instancias de coordinación institucional, y la definición de modelos de financiación para garantizar la implementación de los acuerdos.
Dos visiones sobre el territorio
La jornada volvió a evidenciar que el debate sobre Santurbán trasciende la discusión ambiental y enfrenta dos visiones distintas sobre el territorio.
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Por un lado, organizaciones ambientalistas insistieron en que la prioridad debe seguir siendo la protección de las fuentes hídricas que abastecen a Bucaramanga, su área metropolitana y decenas de municipios de Santander y Norte de Santander.
Mauricio Martínez Corredor, integrante del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, aseguró que el proceso debe sustentarse en evidencia científica y no en intereses políticos o en los tiempos de los gobiernos.
El líder ambientalista sostuvo que aún hacen falta estudios hidrogeológicos más profundos que permitan conocer el comportamiento de los acuíferos y determinar con precisión los efectos que podrían generar las actividades extractivas sobre las fuentes de agua. A su juicio, la delimitación no puede reducirse a establecer una línea sobre un mapa, sino que debe considerar el funcionamiento integral del ecosistema, incluyendo los bosques altoandinos y las zonas de recarga hídrica.
Durante las intervenciones de este sector también se expresaron preocupaciones por la posible contaminación de las fuentes de agua mediante metales pesados como el mercurio, así como por el eventual ingreso de grandes proyectos mineros que, según advirtieron, podrían poner en riesgo uno de los complejos de páramo más importantes del país.
Además, hicieron un llamado para que el gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto dé continuidad al proceso, al considerar que la delimitación de Santurbán debe entenderse como una política de Estado y no como una decisión sujeta a los cambios de administración. “Queremos que esta situación se resuelva desde un estudio técnico, científico, minucioso, sin apasionamientos políticos. Lo que está en juego no es un gabinete, un gobierno, un periodo gubernamental; es la vida de más de 2 millones de personas, que con una mala decisión puede verse inmersa en una afectación por contaminación de aguas”, resaltó Martínez.
Reclamos desde Soto Norte
Las comunidades de Soto Norte llegaron a la mesa con una preocupación distinta. Campesinos y representantes de organizaciones comunales insistieron en que cualquier decisión debe reconocer que miles de familias han desarrollado históricamente actividades agrícolas y mineras en la región.
Edwin Alberto Blanco Portilla, presidente de Asonjuntas Suratá, cuestionó el desarrollo del proceso de concertación y aseguró que persisten irregularidades en la participación de las comunidades. También recordó que, tras la anulación de la delimitación expedida en 2014, varios municipios participaron en mesas de diálogo cuyos acuerdos, según afirmó, nunca fueron cumplidos por el Gobierno Nacional. “Es importante que lo que se negocie, lo que se concerte, las decisiones que se tomen con las comunidades, se cumplan”, afirmó.
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Para las comunidades, uno de los principales temores es que una nueva delimitación termine restringiendo no solo la minería, sino también las actividades agropecuarias que constituyen el sustento económico de cientos de familias de la provincia de Soto Norte.
Los representantes del sector minero, por su parte, defendieron la permanencia de la minería tradicional bajo estrictos controles ambientales y diferenciaron esta actividad de la explotación ilegal. Incluso advirtieron que el crecimiento de operaciones clandestinas estaría generando mayores impactos ambientales que las empresas formalmente constituidas y sometidas a licenciamiento y seguimiento de las autoridades.
Durante las intervenciones también solicitaron que el próximo Gobierno fortalezca las inversiones sociales y productivas en la provincia para facilitar la diversificación económica de la región. “Sí hay que proteger los páramos, conservarlos, pero nunca jamás olvidarse de sus comunidades, de sus actividades económicas, siendo responsables con el medio ambiente”, agregó Blanco.
¿Cuándo se delimitará el páramo de Santurbán?
La delimitación del páramo de Santurbán es uno de los procesos ambientales más complejos que enfrenta el país. En 2014, el Gobierno Nacional expidió una primera delimitación, pero tres años después la Corte Constitucional la dejó sin efectos al considerar que no había garantizado una participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas.
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Desde entonces, el Ministerio de Ambiente inició un nuevo procedimiento compuesto por siete etapas: convocatoria, divulgación de la información técnica, consulta inicial, concertación, observaciones al proyecto de acto administrativo, expedición de la resolución definitiva e implementación de los acuerdos.
Actualmente apenas se desarrolla la cuarta fase, correspondiente a la concertación, lo que evidencia la complejidad técnica, ambiental, jurídica y social del proceso.
La nueva delimitación será determinante para definir qué actividades podrán desarrollarse dentro del área de influencia del páramo, cuáles zonas tendrán protección estricta y cuáles serán las medidas para garantizar la conservación de las fuentes hídricas sin desconocer la realidad económica de las comunidades que históricamente han habitado este territorio.
Por ahora, el balance de la jornada evidencia que, aunque el diálogo continúa y se siguen recogiendo propuestas ciudadanas, las diferencias entre quienes priorizan la protección absoluta del ecosistema y quienes reclaman garantías para permanecer en el territorio siguen siendo profundas. Alcanzar un acuerdo que concilie ambas visiones continúa siendo el mayor desafío de un proceso que, nueve años después del fallo de la Corte Constitucional, aún no concluye.
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Frente a las preocupaciones por una delimitación ‘exprés’ del páramo de Santurbán durante los últimos 30 días del gobierno de Gustavo Petro, funcionarios del Ministerio de Ambiente negaron esta versión y señalaron que están tratando de implementar una delimitación progresiva en los municipios donde ya existen acuerdos claros.
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