Líderes de los mineros de Soto Norte cuestionaron la nueva mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente para avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán.
Publicado por: John Arias
Líderes de los mineros de la provincia de Soto Norte, Santander, cuestionaron la nueva mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente para el próximo sábado 4 de julio en Bucaramanga, al considerar que el Gobierno pretendería adelantar presuntamente una “delimitación exprés” del páramo de Santurbán.
Ante esta situación pidieron el acompañamiento de entidades como la Procuraduría General de la Nación en busca de garantizar que no se desconozcan los acuerdos alcanzados en municipios mineros durante los últimos años en Santander. Lea también: Bucaramanga: convocan a debate por el futuro del Páramo de Santurbán
Al respecto, la presidenta de Asomineros Vetas, y presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta Río Lebrija, Ivonne González, aseguró que teme que el gobierno de Gustavo Petro intente acelerar la delimitación del ecosistema en el último mes de su administración, después de nueve años de retrasos en el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
“Quieren hacer en un mes lo que no hicieron en nueve años. No cumpliendo leyes. No nos parece justo que, a 30 días de terminar este gobierno, ahora sí quieran hacer lo que no hicieron en nueve años... están como los malos estudiantes, que estudian cinco minutos antes del examen”, lamentó González.
Por esta razón, la dirigente minera calificó la iniciativa como una “delimitación exprés” que, a su juicio, incumple los principios de participación ciudadana establecidos por la Corte Constitucional. “Están violando absolutamente todos los principios de participación”, recalcó.
Como respuesta, anunció que las comunidades mineras se declararían en desobediencia civil y resistencia pacífica frente a las decisiones que adopte el Gobierno si consideran que vulneran los acuerdos construidos previamente.
Cuestionan la participación ciudadana
Uno de los principales cuestionamientos del gremio está relacionado con la forma en que se han desarrollado las mesas de concertación en algunos municipios del área metropolitana de Bucaramanga.
Según González, en encuentros realizados en Girón y Floridablanca participaron muy pocas personas, situación que, asegura, no garantiza una representación amplia de las comunidades. “Personalmente estuve en Girón, donde hicieron unas concertaciones con tres personas, cuando allí hay 157.000 habitantes”, comentó.
Publicidad
Por esa razón, manifestó preocupación por la mesa programada para el próximo 4 de julio en el Centro de Convenciones Neomundo, donde el Ministerio de Ambiente convocó a autoridades, organizaciones y ciudadanía para avanzar en la fase de concertación del proceso de delimitación.
Asomineros anunció que cerca de 600 o 700 habitantes de Soto Norte asistirán al encuentro para defender su posición.
“No hay ninguna delimitación exprés”
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, negó las afirmaciones de Ivonne González. “Nosotros rechazamos que desde Asomineros estén incitando a la violencia en el espacio de concertación de la delimitación de Santurbán y así impedir que se proteja. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto”.
El sector ambientalista aseguró que no existe ninguna delimitación exprés. Este es un proceso que se viene adelantando hace ocho años por diferentes gobiernos.
“Además, en Vetas y la provincia de Soto Norte ya se hicieron esos espacios de concertación entonces no entendemos por qué personas ajenas a Bucaramanga están teniendo una clara intromisión en este espacio que le compete a la población de Bucaramanga con la única intención de impedir que aquí la ciudadanía participe y defienda su agua. Además que nosotros somos accionates de la Sentencia T361″.
Convocatoria del Ministerio
La posición de Asomineros se conoce a pocos días de la mesa de concertación convocada por el Ministerio de Ambiente para el sábado 4 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga.
El encuentro hace parte de la cuarta fase del proceso de delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, ordenado por la Corte Constitucional desde 2017, con el objetivo de construir consensos entre autoridades, comunidades y demás sectores involucrados sobre los usos permitidos dentro del ecosistema y las medidas para garantizar su conservación.
Publicidad
Según cifras oficiales del Ministerio, de los 40 municipios vinculados al proceso, 19 ya han alcanzado acuerdos, mientras continúan las jornadas de concertación en los territorios restantes. Le puede interesar: Habitantes de Soto Norte critican la zona de reserva temporal y piden que no los saquen de sus territorios
¿Se desconocen acuerdos previos?
La dirigente también sostuvo que el Gobierno estaría desconociendo procesos de concertación adelantados anteriormente en municipios como Vetas, donde, según explicó, durante 2022 se realizaron 35 reuniones técnicas que concluyeron en una conciliación pública respaldada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
De acuerdo con la vocera, esos consensos estarían siendo ignorados al retomarse una propuesta de delimitación elaborada en 2019.
Asimismo, aseguró que funcionarios nacionales estarían solicitando a alcaldes y personeros apartarse de las concertaciones ya realizadas, situación que, según dijo, vulneraría los principios de participación establecidos por la Corte Constitucional, la Ley de Páramos y el Acuerdo de Escazú. “Prácticamente quieren hacer una delimitación unilateral, según lo que ellos creen. Este tema lo volvieron politiquero”, aseguró González.
Publicidad
“Lo van a dejar mal delimitado para presionar al gobierno entrante, echándole la culpa, lógicamente, al gobierno entrante de que vendieron el páramo”, agregó.
Temen impactos económicos y sociales
Los mineros también expresaron preocupación por las consecuencias económicas que, según afirman, tendría una nueva delimitación para municipios como Vetas, California y Suratá, donde la minería constituye una de las principales actividades económicas.
González señaló que la falta de una decisión definitiva ha mantenido durante años a los mineros legales en un limbo jurídico que dificulta la formalización de la actividad y que, según indicó, favorece el crecimiento de la minería ilegal.
Además, cuestionó las estrategias de adquisición de predios para conservación ambiental, al considerar que podrían generar un desplazamiento de las comunidades tradicionales que han habitado el territorio durante generaciones, dejando a los habitantes sin sustento y obligándolos a migrar a la ciudad. “Va a haber un desplazamiento más... quieren comprar el predio a precio de ‘huevo’ y no va a alcanzar ni siquiera para un apartamento. Se preocupan es por estigmatizarnos”, afirmó González.
Publicidad
“Nosotros queremos proteger el páramo y el agua, pero sin que nos excluyan, nos desplacen o nos estigmaticen. Ya nos estamos sintiendo muy atacados, eso no es justo. Usted va a Vetas y California y ve el páramo muy conservado, porque nosotros queremos nuestra tierra y nuestra casa, que es el legado que nos dejaron nuestros ancestros y es el legado que queremos dejarles a nuestros hijos”, agregó.
¿Cuál es la posición del presidente electo?
En medio del debate sobre la delimitación del páramo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado que cualquier decisión sobre la minería en Santurbán deberá estar sustentada en criterios técnicos y en el estricto cumplimiento de la legislación ambiental.
En una entrevista concedida a Vanguardia, aseguró que respaldará la explotación minera únicamente en las áreas donde los estudios científicos determinen que es viable, mientras que las zonas que deban ser protegidas permanecerán intocables. “En lo que tiene que ver con el páramo de Santurbán me limito a lo técnico. Si lo técnico nos dice que lo podemos hacer a partir de un punto, así se hará. Lo que se pueda explotar lo vamos a explotar; lo que es santuario lo vamos a respetar”, afirmó.
El mandatario electo también advirtió que la falta de una política clara sobre Santurbán ha favorecido el crecimiento de la minería ilegal, la cual, según dijo, termina generando mayores impactos ambientales que una actividad formal sometida a controles. “Como no se ha podido hacer una cosa ni la otra, ahí están los ilegales contaminando el santuario. Yo estoy de acuerdo en proteger el páramo, que no solo es patrimonio de los santandereanos, también es patrimonio del país. Que el informe técnico nos diga cómo se puede hacer, y así se hará, con respeto absoluto por la norma ambiental. Como no hay una política clara frente a Santurbán, entonces los ilegales hacen lo que les da la gana y terminan contaminando más que una empresa que vaya con toda la verificación y la seriedad a hacer lo propio”.
Asimismo, planteó que los campesinos y habitantes que no puedan continuar desarrollando sus actividades por las restricciones derivadas de la delimitación deberán recibir alternativas por parte del Estado, mediante procesos de concertación que incluyan opciones de reubicación, acceso a otras tierras o mecanismos que les permitan mantener su sustento. “Al campesino que no pueda usar su tierra le podemos dar soluciones. Hay que resolverles, esto no es de carreta, no los vamos a dejar tirados”, sostuvo.
Sanción a la ministra de Ambiente
La postura de Asomineros se conoce pocos días después de que el Tribunal Administrativo de Santander sancionara por desacato a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, por incumplir los cronogramas fijados para avanzar en la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. La decisión impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales y respondió al incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017.
Para Ivonne González, aunque la sanción constituye un precedente importante, resulta insuficiente frente a los nueve años de retraso que acumula el proceso. A su juicio, la presión judicial estaría llevando al Ministerio de Ambiente a intentar concluir en pocas semanas una tarea que permaneció estancada. “Son cinco salarios mínimos que no creo que le duela mucho, pero por lo menos ya hay un precedente. Por ese lado lo vemos muy bien, porque han pasado dos gobiernos con muchos cambios de ministros que no hicieron nada”.
