La controversia surge luego de que el Ministerio planteara delimitar solo 19 de los 40 municipios que hacen parte del proceso de Santurbán.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga admitió una acción de tutela presentada por cuatro líderes comunitarios del municipio de Vetas, Santander, quienes cuestionan el proceso con el que el Ministerio de Ambiente pretende expedir una delimitación parcial del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
La acción constitucional, respaldada por habitantes de Bucaramanga y de los municipios de Soto Norte, busca la protección de los derechos fundamentales a la participación ciudadana, al debido proceso, al acceso a la información pública ambiental, a la igualdad y al derecho de petición.
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Los accionantes sostienen que el Gobierno nacional estaría avanzando en la expedición de una nueva resolución sin garantizar una participación ciudadana “real, suficiente e informada”, lo que, según afirman, repetiría las irregularidades que llevaron a la Corte Constitucional a dejar sin efectos la anterior delimitación del Páramo de Santurbán mediante la Sentencia T-361 de 2017.
La tutela fue presentada por Rosa María Galvis Rodríguez, Karina Andrea Contreras Rodríguez, Cristian Germán Ramírez Moreno y Alfonso Gelves Delgado, quienes solicitaron al juez ordenar al Ministerio de Ambiente abstenerse de expedir una resolución de delimitación parcial o progresiva mientras el proceso constitucional no sea resuelto de fondo.
De acuerdo con los demandantes, el Ministerio modificó las reglas del proceso luego de expedir la Resolución 863 de 2026, mediante la cual creó la figura de “delimitación progresiva”, mecanismo que, aseguran, no está contemplado en la Ley 1930 de 2018 ni fue autorizado por la Corte Constitucional.
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Según la tutela, esa figura permitiría delimitar el páramo únicamente en 19 de los 40 municipios involucrados, pese a que el proceso de concertación con las comunidades aún no ha concluido.
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Cuestiona decisiones del Ministerio de Ambiente
La representante judicial de los accionantes, Gloria Lucía Álvarez Pinzón, aseguró que las decisiones anunciadas por el Ministerio desconocen las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para proteger los derechos de las comunidades mineras tradicionales.
“Estos líderes comunitarios han resuelto emprender acciones contra la Ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, ante los anuncios de que en los próximos días, y a menos de una semana de dejar su cargo, tomará decisiones inconsultas para prohibir en municipios con tradicionalidad y cultura minera el desarrollo de la actividad. Esto es contrario a los mandatos de la Corte Constitucional”, afirmó.
La abogada también cuestionó el alcance de la denominada delimitación progresiva.
“Con esa resolución se ha intentado una figura de ‘delimitación progresiva’, que no es otra cosa que una delimitación parcial, para aplicarla solamente en Santurbán y dejar así, arbitrariamente delimitado el páramo en ciertos municipios que han sido estigmatizados y perseguidos por el Gobierno”, señaló.
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Otro de los argumentos expuestos en la tutela es que el proceso de consulta pública no permitió una participación informada de las comunidades.
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Los accionantes sostienen que la información fue divulgada principalmente mediante archivos técnicos de sistemas de información geográfica, lo que, según indican, dificultó que campesinos y habitantes de las zonas afectadas comprendieran el alcance de la propuesta, los predios comprometidos y las posibles implicaciones de la delimitación.
En consecuencia, consideran que el procedimiento reproduce las mismas falencias de participación que motivaron el fallo de la Corte Constitucional hace nueve años.
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Comunidades advierten impactos económicos
Los habitantes de Vetas manifestaron que una delimitación parcial podría afectar la economía de un municipio con más de cuatro siglos de tradición minera y poner en riesgo actividades que actualmente se desarrollan dentro de la legalidad.
En ese sentido, la representante de los accionantes sostuvo: “A escasos seis días de dejar el cargo, la funcionaria quiere imponer la delimitación en ciertos municipios, en contra de los acuerdos que las comunidades firmaron en su mayoría con este mismo Gobierno y traicionando la confianza construida durante cerca de nueve años de diálogo. Esta ministra quiere imponer de un plumazo una línea de páramo con graves problemas metodológicos (...) para volver ilegales a quienes hoy ejercen legítimamente la actividad minera en la región”.
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Los demandantes, ahora, esperan que la justicia garantice el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 y evite que, antes del cambio de Gobierno, se adopte una decisión que consideran tendría efectos irreversibles para Vetas y otros municipios de la provincia de Soto Norte.
