El próximo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, habló del debate sobre el agua y el oro en Santander, al señalar que la protección del páramo de Santurbán ha sido secuestrada por una “hidrología política” que rinde resultados en época de elecciones.
El designado ministro de Ambiente de Abelardo De La Espriella, Fabio Arjona, en entrevista con Vanguardia, habló del manejo actual de la delimitación del páramo de Santurbán, un proceso que acumula nueve años, varios retrasos y que, a su juicio, se encuentra presionado por la “hidrología política”, donde afirma que se adaptan criterios científicos para favorecer intereses electorales del ámbito regional y nacional.
El designado ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tomará posesión el próximo 7 de agosto, alertó que la reciente aceleración de los procesos para delimitar el páramo de Santurbán se ha adelantado de manera desordenada y en escenarios de alta confrontación regional y política.
El exdirector de Conservación Internacional criticó, además, la Zona de Reserva Temporal Ambiental decretada por el gobierno de Petro, vigente desde marzo de 2025, al asegurar que “reglamentar no es gobernar” y que esta figura genera una profunda inseguridad jurídica en la provincia de Soto Norte, Santander, sin frenar realmente la minería ilegal.
* Vanguardia: ¿Cuál es su visión frente al proceso de delimitación del páramo de Santurbán que se adelanta en la actualidad?
* Fabio Arjona: Bueno, yo creo que se ha avanzado. Es un tema que lleva ocho años y aún no se ha resuelto. Se ha avanzado en la delimitación técnica, primero con el trabajo que hizo el Instituto Alexander von Humboldt hace varios años. Después se incluyó la delimitación ordenada por la sentencia de la Corte Constitucional de 2017.
Se avanzó, de alguna forma, en uno de los municipios con todo el proceso de concertación en Vetas y, después, no se siguió avanzando con el tema. Más o menos estuvo detenido durante el presente gobierno y, en los últimos meses, dado que hay una acción de desacato por parte de la Corte al Ministerio de Ambiente, se están acelerando los procesos, aunque no de una manera muy ordenada. Creo que este es un asunto que tiene todos los elementos técnicos y sociales para poder resolverse muy rápidamente. Si alejamos las decisiones técnicas y sociales de intereses políticos particulares, se podría llegar muy rápidamente a esta delimitación.
* Vanguardia: La delimitación del páramo de Santander es un ejercicio técnico y de concertación con las comunidades. El tema de Santurbán se ha politizado, especialmente en época electoral, llevando a escenarios de confrontación en las audiencias de concertación, como lo que ocurrió hace dos semanas en Neomundo.
* Fabio Arjona: Yo creo que siempre se ha politizado. Ahora se ha exacerbado esa politización. Desde hace mucho tiempo, el tema del páramo ha estado marcado por la importancia del área protegida. Por allá, en el año 2014, desde Conservación Internacional hicimos los primeros estudios para la declaratoria del área protegida regional. Conocemos bastante el área y su importancia ecológica. Los páramos son muy importantes. El 60 % de los páramos del planeta están en Colombia. El páramo es un ecosistema muy específico que aporta una enorme cantidad de servicios ecosistémicos, además del agua. Entonces, es un tema que técnicamente ya está bastante avanzado. Ya está el estudio del Instituto Humboldt. Falta una parte de la concertación social, como lo ordena la Corte Constitucional, y hay que llevarla a cabo muy rápidamente.
* Vanguardia: ¿Hasta dónde llega el páramo de Santurbán? Lo pregunto porque expertos señalan que la presencia de acuíferos subterráneos no permitiría, por así decirlo, una delimitación superficial. Se afirma que estos acuíferos están conectados, ya que el páramo es una red de agua y un ecosistema integral. Entonces, no se podría hacer una delimitación solo superficial. ¿Cuál es su posición?
* Fabio Arjona: Este ministerio se va a caracterizar por obedecer a criterios científicos. En el tema del páramo de Santurbán, desde hace mucho tiempo lo dije en Bucaramanga. En algunos sectores de la ciudad se ha generado una nueva ciencia, además de la hidrología y de la ecohidrología. Se ha generado una ciencia, entre comillas, de ‘hidrología política’, que consiste en adaptar criterios políticos a una especie de hidrología. Yo lo llamo ‘hidrología política’. Es un tema que se ha vendido en algunos sectores de la sociedad de Bucaramanga desde hace mucho tiempo.
Recordemos que este no es un tema reciente. Muchas personas han hecho campaña política en Santander alrededor del páramo y han progresado políticamente porque, ¿quién no quiere defender el agua de Bucaramanga y el páramo? Eso es absolutamente válido y hay que hacerlo, independientemente de cualquier otra consideración. Pero todo esto se ha mezclado y se ha convertido en un tema político, donde ahora existen posiciones específicas frente a actividades que históricamente se han desarrollado en una región de alta montaña.
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Hay actividad minera desde la Colonia. De hecho, algunos de los municipios de la región tienen nombres asociados con esa historia, como California. Entonces, no es nuevo que exista un llamado por parte de las comunidades locales. Lo que hay que hacer es tecnificar lo mejor posible esa actividad para disminuir cualquier impacto ambiental. Durante muchos años hubo minería artesanal poco tecnificada, pero eso ha mejorado mucho. Específicamente, el municipio de Vetas es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de mejor forma. Hay que llevar ese ejemplo a toda el área de influencia. Lo primero que hay que hacer es proteger el agua.
* Vanguardia: Hemos estado recorriendo la zona en los últimos años. De hecho, la única fotografía que se conoce de la destrucción de la zona del páramo la publicamos en Vanguardia. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad encargada de apoyar la lucha contra el lavado de activos, determinó que la minería ilegal en Soto Norte, Santander, generaría utilidades mensuales cercanas a los $26 mil millones. Nuestra investigación demuestra que hay socavones de extracción de oro en el páramo. ¿Cuál será la posición de su ministerio frente a esta explotación ilegal en Santurbán?
* Fabio Arjona: Hay que separar la legalidad del tema de la delimitación. La ley existe, se delimite o no se delimite el páramo. La ilegalidad se combate con control territorial y con acciones de las autoridades. Ahí están la Agencia Nacional de Minería, las autoridades ambientales, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente para ejercer control y vigilancia sobre la legalidad. No hay que esperar a delimitar el páramo para controlar la ilegalidad. Son dos temas que, aunque están relacionados, no dependen el uno del otro. El problema de la extracción ilegal de oro es grave. Probablemente, es el problema ambiental más grave de Colombia y de buena parte de América Latina.
Con el aumento de los precios del oro y las características geológicas que tenemos en muchas de nuestras cordilleras, esta actividad se ha convertido en un refugio para la criminalidad. Incluso tiene ventajas frente a otros negocios ilícitos, porque no produce los mismos riesgos asociados a otros delitos. Por eso hay que desarrollar dos acciones: una acción puntual de control y una política pública de largo plazo. Hay que entender que entre el 75 % y el 90 % del oro que se produce en Colombia proviene de actividades ilegales.
Pero, al mismo tiempo, cuando surgen proyectos que cumplen las normas, pagan impuestos, regalías y utilizan la mejor tecnología disponible, esos proyectos también pueden contribuir a combatir la ilegalidad. Combatir la minería ilegal también implica fortalecer la minería legal.
No se puede plantear una discusión simplista en la que todo se reduzca al páramo, porque las cuencas que abastecen a Bucaramanga no necesariamente coinciden con las zonas donde hoy existe actividad minera, legal o ilegal. Por eso, insisto en que no debemos construir argumentos sobre afirmaciones que no corresponden con la realidad técnica.
* Vanguardia: Permítame contradecirlo. Le he hecho la misma pregunta a los últimos tres ministros de Ambiente del país y todos han dicho exactamente lo mismo. Pero en la zona del páramo de Santurbán no hay control del Estado.
* Fabio Arjona: Esa zona no tiene un dueño único. Como ocurre en muchas regiones del país, el problema es complejo. Pero tenemos un ejemplo muy claro: Vetas. Si seguimos el ejemplo de Vetas, donde se ha recuperado la gobernanza, creo que ahí está una referencia importante. Ese avance, aunque pequeño frente a toda la magnitud del problema, demuestra que sí es posible recuperar el control institucional. Lo que debemos hacer es replicar esa experiencia en los demás municipios.
Respecto al agua que abastece a Bucaramanga, proviene principalmente de los ríos Tona y Frío. Por eso, no es correcto simplificar el debate diciendo que toda la discusión depende exclusivamente de las actividades que hoy se desarrollan en otras zonas del páramo. No existe una solución mágica, pero sí tenemos un ejemplo concreto de que las cosas pueden hacerse mejor. Lo que impulsaría como ministro sería replicar esa experiencia en los demás municipios.
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* Vanguardia: El gobierno de Gustavo Petro decretó lo que se conoce como Reserva Temporal Ambiental, que opera desde marzo de 2025. Tiene una vigencia de dos años, prorrogables por otros dos. En 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, en Santander, incluida Bucaramanga, no se podrá hacer minería de extracción de oro y plata. ¿Reserva Temporal Ambiental? ¿Se mantendrá, se revisará o se retirará?
* Fabio Arjona: Primero que todo, reglamentar no es gobernar. Muchas veces, ese tipo de decisiones generan más confusión que soluciones, porque la capacidad real para ejercer control sobre esos territorios sigue siendo limitada. Creo que hay que revisar la figura de las reservas temporales. Me parece una figura bastante extraña, que puede generar inseguridad jurídica para las actividades económicas que históricamente se desarrollan en la región.
Habrá que evaluar cuáles son las posibilidades de mantenerlas o retirarlas definitivamente. En principio, considero que es una figura que termina generando inseguridad jurídica y que, por sí sola, no garantiza la protección del territorio. Si después de declarar una reserva temporal la minería ilegal continúa, es evidente que la medida, por sí misma, no resuelve el problema. Por eso insisto: reglamentar, por sí solo, no es gobernar.
* Vanguardia: ¿Cuál será la posición frente a empresas extranjeras como Aris Mining, que está a la espera de que se resuelva la delimitación del páramo para tomar una decisión frente al proyecto de minería en Soto Norte?
* Fabio Arjona: El aprovechamiento de los recursos del subsuelo obedece al ordenamiento jurídico colombiano. Todo comienza con la existencia de un título minero. Posteriormente, cualquier proyecto debe surtir todas las evaluaciones ambientales requeridas para determinar si es ambientalmente viable o no. Si, desde el punto de vista técnico, un proyecto cumple con todos los requisitos ambientales, serán las autoridades competentes las que deberán tomar una decisión. Si técnicamente no existen condiciones para desarrollar una actividad minera, precisamente para eso están las evaluaciones ambientales. Lo que no se puede hacer es prejuzgar un proyecto antes de que termine el proceso técnico correspondiente. Tampoco se puede generar inseguridad jurídica sobre actividades que cuentan con un tratamiento legal dentro del ordenamiento colombiano.
Hay un principio que debe orientar todas las decisiones: la protección de las áreas protegidas, de los páramos, del agua y de los ecosistemas estratégicos debe ser el punto de partida para cualquier decisión. Si técnicamente existe la posibilidad de desarrollar una actividad sin afectar esos principios, la decisión deberá responder a criterios científicos y jurídicos. Si no existe esa posibilidad, simplemente no podrá desarrollarse. Las decisiones deben responder a criterios técnicos, no a criterios políticos.
