El Comité del Páramo de Santurbán y los mineros de Soto Norte registran permanentes tensiones por sus visiones sobre la protección del ecosistema del páramo y la explotación minera. Vanguardia los invitó a que plantearan sus puntos de vista, junto con un experto.
Santurbán: el agua no se negocia, se defiende
Por Hernán Morantes, Comité Santurbán
La delimitación del páramo de Santurbán lleva años bloqueada por la interferencia indebida de multinacionales mineras que, con títulos en Vetas y California, pelean para que no sea integral, es decir, que excluya el bosque altoandino, su transición al páramo y las fuentes hídricas.
El antecedente lo confirma: el gobierno Duque, bajo la falacia de proteger la minería tradicional, pactó en Vetas un acuerdo ilegal para sustraer más de 700 hectáreas del corazón de Santurbán y habilitar 16 títulos mineros, 12 de multinacionales. No es casualidad: ese gobierno terminó con el pico de mercurio más alto registrado en años.
La ciencia nos respalda. El Servicio Geológico Colombiano determinó que la zona del proyecto de Aris Mining es de recarga hídrica; el Instituto Humboldt ubicó, en 2019, parte del título en páramo, y el agua que nace arriba se conecta con la que se infiltra en los túneles. El riesgo no es solo el mercurio y el cianuro: ese subsuelo guarda arsénico y uranio que contaminan al liberarse. Todo en la cuenca del río Suratá, que abastece a Bucaramanga. Peor aún: plantean depositar desechos tóxicos en predios que el Acueducto Metropolitano compró para proteger nuestra agua.
El antecedente lo confirma: el gobierno Duque, bajo la falacia de proteger la minería tradicional, pactó en Vetas un acuerdo ilegal para sustraer más de 700 hectáreas del corazón de Santurbán y habilitar 16 títulos mineros, 12 de multinacionales. No es casualidad: ese gobierno terminó con el pico de mercurio más alto registrado en años.
Dos precisiones. No hay delimitación exprés: llevamos más de ocho años; en todos los municipios de Soto Norte ya se hizo concertación, garantizando la participación, y nosotros somos accionantes, así que el Ministerio de Ambiente tiene el deber de escucharnos y escuchar las voces de quienes exigen que, especialmente en el ineludible punto cuatro de la delimitación, se declaren parámetros de protección de las fuentes hídricas para garantizar la integralidad de Santurbán. Tampoco desplazamos al campesino de Soto Norte: nuestras exigencias respetan la actividad agropecuaria y piden inversión estatal en la zona.
Esa desinformación no es espontánea: sale de vocerías cooptadas con contratos de Aris Mining y sigue una estrategia calculada: aprovechar la polarización del país para fracturar a la sociedad, graduando de “guerrillero petrista” a todo el que se oponga al proyecto. Saben que una comunidad dividida no defiende su territorio. Pero el agua no tiene partido.
Hoy, una reserva temporal protege más de 75.000 hectáreas de Santurbán, con una franja de formalización directa para los mineros tradicionales. El próximo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, propone lo contrario: formalizar mediante la multinacional, citando a Segovia y Marmato. Calla que allá se impuso con violencia sobre los mineros tradicionales y la precarización vía tercerización; que aquí, cuando era Minesa, fue condenada por violar derechos laborales y afronta dos procesos sancionatorios por afectar el agua, y que en Antioquia la sancionaron por contaminar el agua. Más delicado: el presidente electo tiene negocios con un accionista de Aris Mining que estuvo en su junta directiva hasta 2024.
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Contra la minería ilegal pedimos judicializar a las redes que trafican mercurio y explosivos y se lucran del oro; a las comunidades, ofrecerles economías compatibles con el agua. Al Gobierno electo, coherencia: prometió proteger a Santurbán, presume de mano dura, pero sin posesionarse ya se declaró incapaz contra la minería ilegal y quiere darles a las multinacionales el control territorial. Eso no es gobernar la patria. El 18 de julio exigiremos protección definitiva, no temporal. La cita es a las a las 8 a.m., en la Facultad de salud de la UIS.
Resiliencia del minero
Fabio Maldonado, Mineros de Soto Norte
La delimitación del páramo de Santurbán se dio en el año 2014, según la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, un grupo de activistas denominado Comité de Santurbán demandó la resolución, alegando en su tutela que no hubo suficiente participación. Y ganaron la tutela en el año 2017, la cual le ordenó a este Ministerio hacer una nueva delimitación, garantizando la participación como principio fundamental, y le dio un plazo de un año para cumplir la Sentencia T-361 de 2017.
Han pasado nueve años y dos gobiernos. También pasó una pandemia mundial, pero eso fue hace seis años. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, en su afán de cumplir la orden judicial, inició un proceso buscando garantizar la participación y, en eso, se volvió democrático y participativo; entonces, todo el que quiera opinar opina. Las reglas de juego se fueron adaptando en la medida en que el proceso ha ido avanzando: existen seis ineludibles que sí o sí deben cumplirse. Existen 40 municipios que hacen parte del páramo o dependen de su suministro de agua: 13 en Santander y 27 en Norte de Santander.
Todos los ineludibles son importantes, pero los que más han generado discrepancias, discusiones y encuentros son los que afectan directamente las actividades económicas: el ineludible 1, la línea de páramo. Este solo ineludible implicó, solo en California, más de 28 reuniones, 54 funcionarios del Estado desplazados al territorio y seis años para llegar a la concertación de que la línea de páramo quedara donde estaba. Sí, señores, el perro dio vueltas y vueltas y vueltas y se echó en el mismo punto. Solo definir el concepto y demostrarle al Ministerio de Ambiente que el páramo no es una línea horizontal ni una cota de altura, sino que obedece a particularidades, fue una hazaña. Es decir, convencerlos de lo que es cierto tomó mil discusiones.
Ese es la verdadera contribución que ha hecho el ministerio de ambiente al medio ambiente en nuestro territorio: ponerle tantas determinantes ambientales, que es prácticamente mejor trabajar en la ilegalidad que intentar siquiera obtener un permiso ambiental o una licencia, que, dicho sea de paso, han sido negadas una tras otra en los últimos 18 años.
Pero, una vez las comunidades de Soto Norte concertamos con el Ministerio de Ambiente —Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, incluso El Playón—, el Ministerio nos implementó una zona de reserva temporal en el resto del territorio. Es decir, que apenas habíamos acordado hasta dónde sería páramo, nos clavaron una determinante ambiental igual de restrictiva en el resto del territorio, dejando la totalidad de Soto Norte en la ilegalidad, porque es prácticamente imposible que la autoridad ambiental, en este caso la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), otorgue cualquier permiso sobre áreas protegidas. Nos quedamos sin dónde ejercer nuestras actividades económicas de manera formal y esto trae consecuencias nefastas para el medio ambiente, porque, al no poder formalizar ninguna actividad, el territorio queda expuesto al capricho de la informalidad.
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Ese es la verdadera contribución que ha hecho el ministerio de ambiente al medio ambiente en nuestro territorio: ponerle tantas determinantes ambientales, que es prácticamente mejor trabajar en la ilegalidad que intentar siquiera obtener un permiso ambiental o una licencia, que, dicho sea de paso, han sido negadas una tras otra en los últimos 18 años.
Lo que ahora nos sorprende y nos hace sospechar, es que el ministerio no regresó desde noviembre de 2023 y ahora que este gobierno está por terminarse, quieren imponer una propuesta integrada que elaboró el ministerio en la etapa de propuestas, pero que fue rechazada por la totalidad de los municipios de Santander donde se concertó. La etapa de propuestas ya fue agotada en una fase anterior a la de concertación.
Ni hablar del ineludible de financiación, donde el ministerio manifiesta que no hay dinero, es decir que este ejercicio podría ser un simple saludo a la bandera porque sin recursos y sin formalizar las actividades económicas, difícilmente podemos hablar de un genuino interés en la conservación ambiental.
¿A quién estamos protegiendo?
Hernán clavijo. Experto
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Mi mamá siempre decía que los derechos de uno comienzan donde terminan los de los demás. Esa frase resume uno de los principios más importantes del Estado de derecho: ningún derecho puede protegerse desconociendo todos los demás. Esa debería ser la premisa que oriente cualquier decisión pública, especialmente cuando se trata de un ecosistema tan estratégico como el Páramo de Santurbán.
Nadie discute la necesidad de proteger el agua. Esa conversación quedó superada hace mucho tiempo. Pero, en Santander, lamentablemente, cada vez que se menciona la palabra “agua” se desata la misma discusión de siempre. La verdadera discusión debe ser si estamos dispuestos a proteger el agua respetando la Constitución, el debido proceso y los derechos de las comunidades que durante generaciones han habitado ese territorio.
La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional no ordenó una delimitación apresurada o “express”. Ordenó un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo que garantice el derecho de las comunidades a intervenir en una decisión que transformará su futuro. Han pasado casi nueve años y el Estado sigue sin cumplir ese mandato. Lo paradójico es que, después de casi una década de incumplimiento, ahora se pretenda resolver, en cuestión de semanas, un proceso cuya principal exigencia siempre fue el rigor técnico y la participación ciudadana.
Las preocupaciones no provienen únicamente de las comunidades. El Tribunal Administrativo de Santander ha advertido recientemente falencias en el desarrollo del proceso de participación y en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. No son apreciaciones políticas. Son observaciones formuladas por la propia jurisdicción encargada de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia (ver Auto Interlocutorio del Tribunal Administrativo de Santander del 2 de julio de 2026).
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A esto se suma un ambiente de incertidumbre que se ha venido profundizando con decisiones como la Resolución 221 de 2025 (declaratoria de la Zona de Reserva Temporal), cuyas implicaciones han generado preocupación entre pequeños productores, comerciantes, mineros tradicionales y familias enteras de Soto Norte. La protección ambiental no puede construirse sobre la incertidumbre permanente. Las comunidades necesitan reglas claras, seguridad jurídica y alternativas reales para construir su futuro. Sobre quienes, desde la comodidad del área metropolitana, se atribuyen la vocería del Páramo que dicen representar, recae también la responsabilidad de entablar una conversación sincera con los habitantes del territorio para entender que no puede protegerse el páramo desconociendo su tradición.
La urgencia ambiental nunca puede convertirse en excusa para sustituir el rigor técnico por la urgencia política. Proteger un ecosistema exige información sólida, presencia institucional, diálogo permanente y decisiones capaces de resistir cualquier control judicial. Requiere entender que la protección de los recursos naturales se construye de la mano con las comunidades que ocupan los territorios
Durante los recorridos de la Agenda Estratégica del Agua por la provincia encontré una realidad muy distinta a la que suele presentarse desde la distancia. No encontré enemigos del agua. Encontré personas que entienden mejor que nadie el valor de las fuentes hídricas porque viven alrededor de ellas y dependen directamente de su conservación. También encontré disposición para mejorar prácticas ambientales, avanzar en procesos de formalización y construir soluciones conjuntas. Lo que reclaman no es permiso para destruir el territorio; reclaman la oportunidad de participar en las decisiones que definirán su destino.
La urgencia ambiental nunca puede convertirse en excusa para sustituir el rigor técnico por la urgencia política. Proteger un ecosistema exige información sólida, presencia institucional, diálogo permanente y decisiones capaces de resistir cualquier control judicial. Requiere entender que la protección de los recursos naturales se construye de la mano con las comunidades que ocupan los territorios. Todo lo demás solo prolongará el conflicto y profundizará la desconfianza.
Mi mamá tenía razón. Los derechos de unos comienzan donde terminan los de los demás. Cuando la protección ambiental termina desconociendo el debido proceso, la participación ciudadana y la dignidad de quienes han vivido históricamente en el territorio, vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿a quién estamos protegiendo?
