La segunda mesa de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán, realizada en Bucaramanga, volvió a evidenciar las profundas diferencias entre ambientalistas, comunidades rurales y representantes de Soto Norte.
Publicado por: John Arias
Por segunda ocasión, Bucaramanga fue escenario de una mesa de concertación para avanzar en la delimitación participativa del páramo de Santurbán. Sin embargo, al igual como ocurrió hace dos semanas, la jornada estuvo marcada por los desacuerdos entre los distintos sectores sociales y no logró consolidar consensos sobre los puntos que deberán servir de base para la nueva delimitación del ecosistema.
La reunión, convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, buscaba continuar el análisis de los seis temas considerados ineludibles dentro del proceso de concertación con la ciudadanía de Bucaramanga. Le puede interesar: El sorpresivo giro de Petro con la delimitación del páramo de Santurbán
El pasado 4 de julio se realizó una primera mesa en la que únicamente alcanzaron a abordarse dos de esos seis puntos, debido a las constantes interrupciones registradas durante el encuentro. De acuerdo con el Ministerio, en esa oportunidad solo se discutieron los parámetros para la protección de las fuentes hídricas y el modelo de financiación, aunque ninguno de los dos alcanzó consenso entre los participantes.
Con el propósito de continuar el proceso, la cartera ambiental convocó una segunda jornada este sábado 18 de julio. No obstante, el desarrollo de la reunión volvió a verse afectado por altercados entre algunos asistentes, lo que limitó nuevamente el avance de la concertación.
La directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, Natalia María Ramírez Martínez, explicó que el objetivo de estos espacios no es únicamente alcanzar acuerdos, sino también dejar consignados los desacuerdos que surjan durante el proceso.
“En el acta se consignarán tanto los consensos como los disensos de cada uno de los actores”, señaló la funcionaria, quien recordó que esa posibilidad está contemplada dentro de la metodología establecida por la Corte Constitucional. Le puede interesar: La minería ilegal en Santurbán: Impacto devastador documentado en fotografías exclusivas
Ramírez reiteró que el propósito del Ministerio es garantizar una delimitación participativa que permita proteger el ecosistema y, al mismo tiempo, reconocer las necesidades de las comunidades que habitan el territorio y de quienes se benefician de los servicios ecosistémicos que presta el páramo.
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La defensa del agua y del páramo de Santurbán
Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, aseguró que algunos asistentes provenientes de Soto Norte acudieron al encuentro con el propósito de impedir que Bucaramanga avanzara en la concertación, pese a que, según indicó, esos municipios ya desarrollaron previamente sus propios espacios de participación.
La vocera ambientalista reiteró que la prioridad debe seguir siendo la protección integral del páramo y de las fuentes hídricas que abastecen a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander. “Bucaramanga siempre, durante estos 17 años, ha sido clara: nosotros siempre vamos a exigir que se privilegie la protección del agua por encima de los intereses mineros”, recalcó.
Asimismo, defendió la metodología de delimitación progresiva anunciada recientemente por el Ministerio de Ambiente, al considerar que permite proteger no solo la zona de páramo, sino también los ecosistemas asociados que garantizan el funcionamiento del sistema hídrico.
López sostuvo que, hasta ahora, ninguna empresa minera ha logrado demostrar técnicamente que un proyecto de gran minería pueda desarrollarse sin poner en riesgo las fuentes de agua de la región. Frente al incremento de la minería ilegal, pidió una mayor presencia del Estado mediante controles de las autoridades y el fortalecimiento de la inversión social en la provincia de Soto Norte. “No nos pueden venir a poner a escoger entre el veneno de la ilegalidad y el veneno de la multinacional. Nosotros siempre hemos escogido la defensa del agua... Aquí lo que queremos es que las autoridades entren a la zona con un control estatal de la fuerza pública que acabe con la minería ilegal y que también haya inversión social en la provincia de Soto Norte”.
Cuestionamientos al proceso desde las comunidades de Soto Norte
Durante la jornada persistieron las críticas de representantes de comunidades rurales y habitantes de Soto Norte, quienes consideran que el proceso continúa sin ofrecer las garantías suficientes para una participación efectiva.
Arnulfo Camacho, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Santos Parte Alta, cuestionó que varias veredas rurales de Bucaramanga hayan sido incluidas dentro de áreas de reserva temporal sin que existiera una consulta previa con las comunidades.
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El dirigente aseguró que habitantes de los corregimientos rurales de la ciudad presentaron demandas de nulidad contra las resoluciones que establecieron dichas reservas y solicitó la realización de mesas de trabajo específicas para analizar la realidad de estos territorios, donde la principal actividad económica continúa siendo la agricultura.
“Queremos que escuchen al sector rural de la ciudad, que se hagan mesas de trabajo como lo establece la ley y la Constitución, pero que no lo hagan así... desconociendo las realidades de los territorios y desconociendo a los líderes del sector”. Lea también: Colombia adopta modelo para delimitar páramos y refuerza cuidado hídrico en Santurbán
El llamado desde Soto Norte
Edwin Blanco Portilla, presidente de Asojuntas Suratá, insistió en que, antes de avanzar con nuevas discusiones, deben respetarse los acuerdos alcanzados previamente durante las mesas realizadas en municipios como Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona.
El líder comunal pidió mayores garantías institucionales durante el proceso, la presencia de organismos de control y un mediador imparcial para conducir las discusiones. Además, reiteró su propuesta de destinar una parte de los recursos recaudados a través de la factura del servicio de agua para financiar programas de conservación, pagos por servicios ambientales y proyectos productivos dirigidos a las comunidades del páramo.
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También defendió la necesidad de fortalecer la formalización minera y brindar alternativas económicas a campesinos y pequeños productores, argumentando que la protección del ecosistema debe ir acompañada de inversión social para quienes históricamente han habitado la región.
“La biodiversidad no es biodiversidad sin los campesinos; los campesinos no son campesinos sin su biodiversidad. Queremos que los mineros se legalicen, que haya formalidad minera, que haya una verdadera formalidad minera y que realmente se cuide el páramo de Santurbán”, señaló.
Un proceso de delimitación del páramo de Santurbán que continúa
La delimitación participativa del páramo de Santurbán hace parte del cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional dejó sin efectos la delimitación expedida en 2014 y ordenó construir un nuevo proceso con amplia participación ciudadana.
Actualmente, la delimitación se encuentra en la fase de concertación, una etapa en la que deben discutirse seis temas fundamentales relacionados con la protección ambiental, las actividades económicas, la fiscalización, la coordinación institucional y los mecanismos de financiación.
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Aunque el Ministerio insiste en que tanto los acuerdos como los desacuerdos hacen parte del procedimiento ordenado por la Corte, las dos mesas realizadas en Bucaramanga han evidenciado que las posiciones entre ambientalistas, comunidades rurales y representantes de Soto Norte continúan divididas.
El reto ahora será encontrar mecanismos que permitan avanzar en el diálogo y culminar una concertación que, nueve años después del fallo de la Corte Constitucional, sigue enfrentando el desafío de conciliar la protección del agua con las expectativas económicas y sociales de las comunidades que habitan el territorio.
