Nuevamente, el Congreso de la República debatirá un proyecto para prohibir el fracking. La iniciativa va en contra de lo planteado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y su discusión tiene un impacto directo en Santander.
A tan solo unos días de que Abelardo De La Espriella asuma su mandato como presidente, el gobierno de Gustavo Petro intentará, una vez más, la prohibición del fracking en el Congreso de la República.
Recientemente, el saliente ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, anunció que el Ejecutivo radicará este 20 de julio, en la nueva legislatura, un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica en Colombia.
Este no es el primer intento de la administración Petro. En oportunidades anteriores la iniciativa no ha prosperado en sus debates en el Congreso de la República. Sin embargo, en esta ocasión el ambiente tiene un ingrediente diferente: la postura a favor del fracking que ha demostrado el presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Hace una semana, el ministro de Minas anunció que junto a la cartera de Ambiente radicará el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo constitucional 2026-2030, la ley anti-fracking. Organizaciones sociales y ambientales participaron en la construcción del documento.
“Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos”, dijo Palma en dicho anuncio. Puede interesarle: Histórica caída de producción de petróleo en Santander: ¿Por qué está en su peor nivel?
Ante ese panorama, Vanguardia habló con líderes ambientales y expertos del sector minero-energético sobre las implicaciones de este anuncio y el panorama para el país en soberanía energética ante el aumento de las importaciones de gas.
¿Por qué el debate del fracking es crucial en Santander?
La discusión nacional sobre el desarrollo del fracking aterriza, necesariamente, en Santander. El Valle del Magdalena Medio es la zona estratégica para la ejecución de esta iniciativa. Cabe recordar que durante el gobierno de Iván Duque se intentó realizar pilotos de fracking en la zona rural de Puerto Wilches.
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Dichos proyectos piloto se conocieron como Kalé y Platero, y eran liderados por Ecopetrol. Las iniciativas buscaban investigar los impactos ambientales y sociales de esta técnica en el país.
En el debate nacional y local han existido posiciones encontradas. De hecho, de esa región es Yuvelis Morales Blanco, ganadora del Premio Ambiental Goldman 2026 por su liderazgo contra el desarrollo del fracking.
Para Morales Blanco, este proyecto que busca prohibir el fracking es una construcción de las comunidades y organizaciones ambientales.
“Este es un proyecto de las organizaciones que han luchado contra el fracking hace más de diez años en el país. Este no es un proyecto del Gobierno Petro. Es un proyecto que se escribió y que se ha radicado más de cinco veces desde la sociedad civil, desde las organizaciones de Puerto Wilches y Barrancabermeja que luchan contra el fracking, varias organizaciones de Santander, de la Alianza Colombia Libre de Fracking y de cientos de personas que han ayudado a la construcción colectiva de ese proyecto de ley. Pienso que es necesaria la aprobación de un proyecto que proteja la vida de las personas y los ecosistemas”, afirmó la líder ambiental.
En su concepción sobre este debate, Morales Blanco insistió en la necesidad de abogar por una descarbonización de la economía.
“Estamos hoy en un momento crucial, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y es el viraje hacia una transición energética justa y territorial. Es una exigencia de la sociedad civil, de las organizaciones, de las comunidades organizadas, de las juventudes”, señaló.
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Frente a la llegada del nuevo Gobierno, la líder ambiental se refirió a las obligaciones del Estado para proteger a las comunidades.
“Hay una obligación puntual. Se tiene que legislar a favor de la vida, a favor de las comunidades y sus habitantes. Se tienen que revisar las necesidades y las exigencias puntuales de quienes viven en estos territorios, que han dejado clara su posición anti-fracking. El gobierno entrante y quienes componen ese ejecutivo tienen que velar por el bienestar de las comunidades. No se puede hacer oídos sordos; se tiene que entender que se gobierna para un país”, aseveró la líder ambiental.
Como parte de sus cuestionamientos al sector extractivo, Morales recordó las brechas sociales persistentes en el Magdalena Medio.
“El Magdalena Medio es una región en la que se ha explotado la energía de este país hace más de un siglo y es también una región en la que la desigualdad es marcada, en la que el conflicto armado está a flor de piel y en la que los liderazgos siguen entregando números de la muerte. Se tiene que velar por la protección de las comunidades, construyendo un país que le apueste a la vida. No se puede retroceder en eso”, afirmó Morales a este medio.
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Las elecciones presidenciales recientes fueron un termómetro del ambiente social en la región para el desarrollo de esta técnica. Barrancabermeja y Puerto Wilches fueron los únicos dos municipios de Santander en los que Iván Cepeda (10.288 votos), abiertamente anti-fracking, derrotó a Abelardo De La Espriella (6.722). Este resultado sirve de abrebocas a la discusión social que tendría que afrontar la ejecución del fracking en la región.
En contraste, para Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y gerente de Valjer Energy, esta decisión del Gobierno era esperada. No obstante, ante la postura del gobierno entrante de reactivar la exploración de petróleo y gas, sería inevitable el desarrollo del fracking en el país.
“Los yacimientos no convencionales van a jugar un papel fundamental para garantizar la soberanía y la seguridad energética del país en materia de gas y petróleo, y aportar de forma decidida al desarrollo económico y social de todos los colombianos”, sostiene Vera. Lea también: Exportaciones en Colombia suben por altos precios del petróleo: ¿Cómo le fue a Santander?
El analista recordó que en las oportunidades anteriores no ha existido ambiente en el Legislativo para la prohibición del fracking. Dada la postura del presidente electo, el experto considera poco viable que se apruebe la prohibición que busca el Gobierno Petro en sus últimos días.
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¿Qué potencial implica el fracking para Santander?
En cuanto al desarrollo del fracking, Vera advirtió cuáles serían los resultados que podría generar para el país. En materia de aumento de reservas, el experto señaló que esta técnica permitirá cuadruplicar las de crudo con un potencial cercano a los 8.000 millones de barriles y multiplicar por diez las de gas.
Asimismo, Vera señaló que esta iniciativa traería “un aumento sustancial en los niveles de producción y, sobre todo, un potencial en áreas cercanas a la infraestructura principal del país del sector (refinería de Barrancabermeja, oleoductos, gasoductos y conexión directa inclusive con los puertos de exportación), que permitiría un desarrollo acelerado de dicho potencial”, dijo Vera a este medio.
“Para el país y para el departamento de Santander puede ser fundamental su desarrollo en materia de ingresos por regalías, empleo, desarrollo regional y crecimiento económico sostenible”, señaló Vera.
A la discusión se sumó el exministro de Minas, Amylkar Acosta, quien advirtió que si bien la discusión sobre el fracking se mantiene latente, los avances técnicos han permitido una mayor precisión.
“Las críticas y reparos que se hacen a esta tecnología están referidos a la técnica del fracking 1.0, pero la misma ha evolucionado mucho y ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente y sobre el entorno donde se utilice”, apuntó el exministro de Minas.
En ese sentido, Acosta señaló que esta nueva técnica incorporó el uso de la inteligencia artificial y el monitoreo sísmico en tiempo real para optimizar la perforación; también la reutilización y el reciclaje de aguas de producción, que no compiten con los acuíferos, disminuyendo el consumo de agua dulce.
“Se emplean ahora fluidos biodegradables, menos tóxicos, arenas sintéticas de menor impacto y se reduce al mínimo el uso de químicos peligrosos (...). Se ha mejorado el sellamiento y encamisado de los pozos perforados para minimizar el riesgo de filtraciones. Un aspecto clave de la misma es la captura y control de las emisiones fugitivas de metano. En términos técnicos, el fracking ha avanzado hacia una mayor precisión”, mencionó Acosta.
Sin embargo, para Flover Rodríguez Portillo, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (Acggp), el debate no debe centrarse en si hay fracking o no, sino en las condiciones para que exista rigor técnico, ambiental e institucional.
“Eso implica fortalecer el conocimiento del subsuelo, consolidar capacidades de monitoreo y control, robustecer las instituciones y garantizar una gestión rigurosa del riesgo con información transparente y verificable. Desde la geología, las mejores decisiones siempre son aquellas respaldadas por evidencia científica y una evaluación objetiva de los riesgos y beneficios”, señaló Rodríguez Portillo a este medio.
El director de la Acggp recordó que el país enfrenta un desafío creciente de abastecimiento de gas natural y una disminución sostenida de sus reservas de hidrocarburos. Ante esa perspectiva, Rodríguez Portillo recordó la posición estratégica que tiene Santander.
“El potencial geológico del Valle Medio del Magdalena convierte al departamento en uno de los territorios con mayor interés técnico para este tipo de desarrollos. Esto podría traducirse en inversión, empleo calificado, fortalecimiento de proveedores locales y mayores recursos por regalías para los municipios, siempre que los proyectos cumplan los más altos estándares ambientales, técnicos y sociales”, destacó el director de la Acggp.
¿Cuáles deberían ser las premisas técnicas para la discusión del fracking?
El director de la Acggp explicó que la discusión sobre el fracking debe partir de evidencia científica y no de percepciones.
“La primera premisa es reconocer que cada territorio posee condiciones geológicas, ambientales y sociales particulares; por ello, las decisiones deben sustentarse en los instrumentos legales previstos para ese fin, como la Licencia Ambiental”, explicó el director de la Acggp.
En esa línea, el experto recordó que este proceso tiene unos lineamientos claros que dan legitimidad al resultado. “Exige la construcción de una línea base socioambiental que permita conocer el estado de las aguas superficiales y subterráneas, la calidad del aire, la biodiversidad, la sismicidad natural y las condiciones sociales del territorio, de manera que cualquier cambio derivado de una intervención pueda medirse de forma objetiva”, indicó Rodríguez.
Adicionalmente, el director de la Acggp recordó que las decisiones deben apoyarse en una “evaluación integral de los riesgos socioambientales y considerar sus implicaciones sobre la seguridad energética, las finanzas públicas, el empleo, la competitividad y el desarrollo regional”.
Como segundo elemento de la discusión, Rodríguez expuso que es necesario “construir un ambiente de seguridad jurídica y fortaleza institucional que permita proteger las grandes inversiones que se requieren” con niveles de eficiencia en las operaciones.
Ante ese reto, el directivo de la Acggp recalcó que es fundamental contar con una armonía entre industria, institucionalidad y comunidades para alinear intereses.
“Finalmente, la discusión debe ser transparente, con acceso público a la información, monitoreo independiente y participación informada de las comunidades. La confianza se construye con datos verificables, instituciones sólidas y diálogo permanente”, sostuvo Rodríguez.
