En una carrera contrarreloj, a solo 23 días de finalizar el mandato de Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente dio un giro al anunciar una “delimitación progresiva” o parcial para el páramo de Santurbán. La medida ha desatado una fuerte controversia política y ambiental en Santander.
A solo 23 días de que finalice el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente anunció un cambio de metodología para la delimitación del páramo de Santurbán. La nueva propuesta de una “delimitación progresiva” o parcial llamó la atención de sectores involucrados. La razón obedecería a una evidente contradicción. En febrero de 2023, con apenas seis meses en el poder, la propia cartera ambiental conceptuó ante el Tribunal Administrativo de Santander que dicha metodología “era inviable” y descartó jurídicamente implementarla.
Tal respuesta, tres años después, del Ministerio de Ambiente resulta clave, pues se trató de un pronunciamiento oficial en el marco del incidente de desacato que cursa contra la cartera ambiental por retrasos en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que exige una nueva delimitación concertada del páramo de Santurbán.
Le puede interesar: La minería ilegal en Santurbán: Impacto devastador documentado en fotografías exclusivas
La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, mediante un video, afirmó que se publicó para consulta de la ciudadanía la Resolución N° 863 de 2026, mediante la cual se adopta una metodología nacional de delimitación progresiva para los procesos de delimitación participativa de páramos en Colombia.
“Esta metodología constituye una herramienta para avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales, permitiendo que los territorios donde ya culminó el proceso participativo avancen hacia la delimitación, mientras continúan el diálogo y las etapas pendientes en los demás sectores, sin fragmentar los ecosistemas ni disminuir su protección ambiental”.
Lo que no informó el Ministerio de Ambiente en su comunicado fue cuál fue el motivo por el cual, a tan solo tres semanas de terminar el mandato del presidente Petro, se decidió cambiar las reglas de la delimitación.
La Corte Constitucional ordenó, el 25 de mayo de 2017, mediante la Sentencia T-361, una nueva delimitación del páramo de Santurbán, advirtiendo que en el anterior proceso faltó participación comunitaria. Este proceso integra una concertación con cada uno de los 40 municipios de Santander y Norte de Santander que tienen influencia en Santurbán. Cada municipio suscribe un acuerdo y luego se tiene que elaborar una sola resolución de delimitación por parte del Ministerio de Ambiente. En estos documentos se explica por qué va a cambiar la línea de páramo, sea para extenderla o reducirla.
Según el Ministerio de Ambiente, en este proceso, “en complejos de páramo como Santurbán, los municipios no culminan las etapas de participación al mismo tiempo”; por eso, según la nueva resolución, “se establece una metodología que permite convertir en decisiones concretas los avances construidos con las comunidades, mientras continúan las etapas pendientes en los demás territorios, sin fragmentar los ecosistemas ni reducir los estándares de participación y protección ambiental definidos por la Corte Constitucional”.
Publicidad
Le puede interesar: Nuevo Ministro de Ambiente Fabio Arjona: La delimitación de Santurbán sufre por ‘hidrología política’
De los 40 municipios de Santander y Norte de Santander con influencia en el páramo de Santurbán, el Ministerio de Ambiente propone “delimitar progresivamente 29.199,44 hectáreas en 19 municipios que ya concertaron los seis temas ineludibles definidos por la Corte Constitucional. La delimitación progresiva permite convertir en decisiones jurídicas los avances participativos ya alcanzados, sin fragmentar el ecosistema ni suspender el proceso participativo en los municipios donde este aún continúa. Las áreas que todavía no hacen parte de esta delimitación mantienen las medidas de protección vigentes mientras culminan el procedimiento correspondiente”.
Los municipios que en Santander ya tendrían su concertación, según la resolución del Ministerio de Ambiente, son Vetas, Matanza, El Playón, Charta, Piedecuesta, Santa Bárbara, Guaca, California, Suratá, Floridablanca y Girón. En este orden, faltarían Tona y Bucaramanga.
Anuncian demandas y denuncias
Más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones de pequeña minería de Soto Norte, Santander, advirtieron que, si el Ministerio de Ambiente “expide una resolución parcial, solicitarán su nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Recordaron el pronunciamiento oficial de 2023, cuando el “Ministerio de Ambiente rechazó y calificó de inviable la posibilidad de implementar parcialmente los acuerdos de concertación del páramo de Santurbán. La propuesta anunciada por la ministra Irene Vélez implicaría exactamente lo contrario a lo que indica la Corte Constitucional y significaría expedir una resolución mientras todavía continúa la concertación en varios municipios de Santander y Norte de Santander. Para las organizaciones sociales y comunitarias de la provincia de Soto Norte y Bucaramanga, esto significaría dejar por fuera del acto administrativo definitivo a municipios que aún no han concluido su proceso participativo, entre ellos, varios directamente afectados por la delimitación”.
En tal sentido, aseguraron que pedirán a las autoridades competentes investigar las eventuales responsabilidades disciplinarias y penales que pudieran derivarse de una actuación “por la eventual configuración de un fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones”.
Publicidad
Minas ilegales en la zona del páramo
Sin hacer referencia directa a la investigación de Vanguardia, que denunció la existencia de minas ilegales de oro a 3.400 metros sobre el nivel del mar en pleno páramo de Santurbán, la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, aseguró que este es un asunto de competencia de otras entidades, no de su cartera. Según la funcionaria, “las alcaldías son las primeras responsables de controlar la minería ilegal y cerrar aquellos frentes mineros. Cuando no puedan hacerlo, tendrán que pedir apoyo al Ministerio de Defensa”, señaló.
