El eterno problema de la invasión del espacio público en los alrededores de la Plaza de Mercado Central de Bucaramanga tiene exacerbados los ánimos entre los comerciantes formales e informales.
Oswaldo Abril Arciniegas conoce de primera mano el conflicto que desde hace años se vive alrededor de la Plaza de Mercado Central de Bucaramanga. Como uno de los inquilinos de ese centro de acopio, asegura que salir o ingresar a los locales se ha convertido en una tarea cada vez más difícil por la presencia de vendedores ambulantes que ocupan los alrededores de la plaza.
Según relata, las ventas informales terminan bloqueando los accesos a los puestos y dificultan el ingreso de los clientes.
Para los comerciantes formales, que pagan impuestos por sus locales y desarrollan allí su actividad económica, el problema no es nuevo, pero sí representa una afectación que, aseguran, se repite a diario en este concurrido sector del centro de la ciudad, comprendido entre las calles 33 y 34 con las carreras 15 y 16.
La inconformidad llevó a Abril Arciniegas, en representación de los inquilinos, a acudir incluso a acciones judiciales para reclamarle al Municipio medidas que permitan recuperar y mantener despejado el espacio público en los alrededores del mercado.
Su principal cuestionamiento, según explica, es que pese a las solicitudes y a los antecedentes judiciales, los operativos realizados por las autoridades no han logrado una solución permanente a la ocupación de calles y andenes.
Desde hace más de una década existen antecedentes de conflictos entre los comerciantes formales y los vendedores informales por el uso de los espacios aledaños a la plaza.
El problema ha atravesado distintas administraciones municipales y, con ellas, diferentes jornadas de sensibilización, control y recuperación del espacio público.
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En 2022, la Alcaldía de Bucaramanga reportó intervenciones dirigidas a los vendedores informales ubicados en inmediaciones de la Plaza Central, particularmente en la carrera 16 con calles 33 y 34.
La zona volvió a ser intervenida en abril de 2024. En esa oportunidad, las autoridades realizaron un operativo para despejar la calle 34, entre las carreras 15 y 17, donde además de vendedores ambulantes se habían instalado puntos de transporte informal.
Como parte de las alternativas planteadas entonces, la Administración contempló la posibilidad de reubicar a vendedores informales en locales disponibles dentro de la Plaza Central y del centro comercial Feghali.
Un mes después, la Alcaldía anunció nuevas acciones de ordenamiento en la calle 34, entre las carreras 15 y 16. Sin embargo, la permanencia de vendedores en el sector evidencia la dificultad de mantener despejados estos corredores una vez terminan las intervenciones de las autoridades.
La magnitud de la problemática ayuda a entender por qué el conflicto vuelve a aparecer. Un recorrido realizado ayer por Vanguardia identificó 92 comercios ambulantes en tres cuadras de la calle 34, entre las carreras 15, 16, y 17. Buena parte de estos puestos se encontraba sobre la propia vía pública.
Otros informes periodísticos publicados años atrás también han advertido sobre la presencia de vendedores estacionarios y transporte informal en diferentes vías del centro, entre ellas la calle 34 y la carrera 16.
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El panorama refleja una grave situación que no se reduce únicamente a la presencia de vendedores ambulantes, sino que involucra el uso y control del espacio público en uno de los sectores comerciales más tradicionales de Bucaramanga.
Frente a los reclamos de los comerciantes formales, Alfonso Pinto Frattali, secretario del Interior, sostiene que la Administración sí ha adelantado operativos para recuperar el espacio público.
Según el funcionario, las autoridades incluso han realizado jornadas desde las primeras horas de la madrugada para encontrar a los vendedores informales y solicitarles que despejen las zonas ocupadas.
Pinto Frattali anunció, además, nuevos operativos para los próximos días con el propósito de intervenir nuevamente los puntos donde persiste la ocupación. La posición de la Administración contrasta con la percepción de los comerciantes de la plaza, quienes consideran que las intervenciones deben tener continuidad para evitar que, después de cada operativo, los vendedores regresen nuevamente a los mismos lugares.
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Mientras los inquilinos de la Plaza Central reclaman condiciones que les permitan acceder a sus negocios y desarrollar su actividad comercial sin obstáculos, los vendedores informales encuentran en las calles del sector una fuente de ingresos para sus familias. De allí que cada operativo de recuperación del espacio público implique también un desafío social para las autoridades.
Las calles que rodean la Plaza de Mercado Central son, de esta manera, el escenario de una disputa en la que confluyen el derecho colectivo al espacio público, el interés de los comerciantes formales y la necesidad de subsistencia de quienes trabajan en la informalidad.
