El área metropolitana enfrenta déficit y usurpación del espacio público. Recuperarlo exige planificación, mantenimiento, control y cultura ciudadana para garantizar movilidad, bienestar y accesibilidad
Hablar de calidad de vida también significa preguntarnos cuánto espacio tenemos para encontrarnos, caminar, descansar, jugar y disfrutar de la ciudad.
En los cuatro municipios del área metropolitana, las cifras muestran una realidad preocupante: Bucaramanga dispone de apenas 4,1 metros cuadrados (m2) de espacio público por habitante, mientras Floridablanca alcanza 3,7 m2; Piedecuesta apenas 1,4 m2; y Girón llega a 5,0 m2. Son cifras que están muy lejos del referente de 15 m2 por persona, considerado como un ideal para garantizar mejores condiciones de espacio público y bienestar urbano.
Más allá de las cifras, el problema se hace evidente en la experiencia cotidiana de los ciudadanos. En Bucaramanga, disfrutar plenamente del espacio público no siempre es una posibilidad real. Andenes ocupados, motos y vehículos estacionados donde no deberían, ventas ambulantes, zonas verdes deterioradas y parques que no reciben el mantenimiento necesario terminan reduciendo los lugares disponibles para el encuentro y el disfrute colectivo. El espacio que debería estar al servicio de todos termina, en muchos casos, convertido en una extensión de intereses particulares.
Uno de los principales problemas es la ocupación de calles, andenes y otros espacios por carros y motocicletas. Cuando un vehículo se estaciona sobre una acera o invade una zona destinada al peatón, no solamente se afecta la movilidad: también se limita el derecho de las personas a desplazarse de manera segura y tranquila. Los resultados son recorridos incómodos, obstáculos permanentes y situaciones que pueden poner en riesgo especialmente a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.
A esta situación se suma la proliferación de ventas estacionarias. El comercio informal responde a una realidad económica y social que no puede ignorarse, pero su presencia desordenada en determinados sectores también puede dificultar la circulación peatonal y transformar la manera como se utiliza el espacio urbano. El reto, por tanto, no debería reducirse a retirar vendedores, sino a encontrar alternativas que permitan conciliar el derecho al trabajo con el derecho colectivo a disfrutar de un espacio público organizado, accesible y seguro.
Otro fenómeno que merece atención es la apropiación de los andenes por parte del comercio formal. Vitrinas que se extienden más allá de los límites de los establecimientos, mesas, sillas y otros elementos instalados sobre las aceras terminan estrechando espacios que fueron concebidos para el tránsito de todos. Cuando estas prácticas se vuelven habituales, la frontera entre el uso privado y el uso colectivo del espacio público comienza a desdibujarse y queda en evidencia la necesidad de una mayor planificación, vigilancia y control. (Lea además: Estos son los cinco principales invasores del espacio público en Bucaramanga)
Incluso en épocas electorales, el espacio público se convierte en escenario de disputas por la visibilidad. Pasacalles y publicidad política aparecen en distintos sectores de la ciudad y agregan nuevos elementos a un paisaje urbano que ya enfrenta múltiples formas de ocupación. El problema no es solamente visual: también plantea una pregunta sobre hasta dónde puede llegar el uso de los espacios colectivos para fines particulares, comerciales o políticos y quién debe garantizar que existan reglas claras para todos.
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A esto se suman las llamadas “muelas urbanas”, construcciones que sobrepasan los límites establecidos por el ordenamiento y terminan reduciendo andenes o vías. Hay casos en los que las propias fachadas parecen avanzar sobre el espacio destinado al peatón. Son intervenciones que, acumuladas a lo largo del tiempo, contribuyen a una ciudad más fragmentada, con menos espacio para caminar y con mayores dificultades para garantizar una movilidad peatonal digna.
El problema de fondo es que el espacio público no puede entenderse simplemente como el área que queda después de construir viviendas, edificios, comercios y vías. Es, en realidad, una infraestructura esencial para la vida urbana. Un buen parque, un andén amplio, una zona verde cuidada o una plaza accesible tienen tanto valor para la calidad de vida como otras obras de infraestructura, porque allí ocurre buena parte de la vida cotidiana de una ciudad.
Las cifras del área metropolitana de Bucaramanga deberían llevarnos, entonces, a una reflexión que vaya más allá de cuánto espacio público existe sobre el papel. También es necesario preguntarnos cuánto de ese espacio está realmente disponible para la ciudadanía y en qué condiciones puede ser disfrutado. Tener un andén que está ocupado, un parque deteriorado o una zona verde convertida en estacionamiento equivale, en la práctica, a tener menos espacio público del que indican las estadísticas.
Recuperar el espacio público exige combinar planificación, autoridad, mantenimiento y cultura ciudadana. No se trata únicamente de imponer sanciones o realizar operativos, sino de construir una conciencia colectiva sobre el valor de aquello que pertenece a todos. Comerciantes, conductores, vendedores, autoridades y ciudadanos tienen responsabilidades diferentes, pero comparten un mismo espacio y, por lo tanto, también comparten el desafío de protegerlo.
Si el ideal es que cada persona pueda disponer de al menos 15 metros cuadrados de espacio público y Bucaramanga apenas registra 4,1, la brecha es evidente. Pero esa distancia no debería convertirse solamente en una cifra más dentro de un informe de calidad de vida. Debería ser una invitación a pensar qué ciudad queremos construir: una ciudad en la que cada metro cuadrado termine siendo disputado por intereses particulares o una ciudad que reconozca el espacio público como un patrimonio colectivo, indispensable para caminar, respirar, encontrarse y vivir mejor.
¿Qué responde la Alcaldía de Bucaramanga?
Frente a la situación del espacio público, la Alcaldía de Bucaramanga señala que se han adelantado operativos orientados a la recuperación de zonas que son ocupadas de manera frecuente por vendedores informales. De acuerdo con John Manuel Delgado Nivia, jefe de Gobernanza del Municipio, estas acciones no se limitan al control, sino que también incluyen una oferta institucional dirigida a los vendedores ambulantes, mediante la cual se brinda información sobre los programas de reubicación disponibles. Según el funcionario, este proceso busca garantizar los derechos constitucionales de los vendedores informales, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional para los procesos de recuperación del espacio público.
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La Administración Local también manifiesta su compromiso con la recuperación progresiva de los espacios públicos, con el propósito de garantizar la libre locomoción de los ciudadanos y el disfrute de estos lugares. En este marco, las intervenciones se han extendido a diferentes sectores de Bucaramanga, entre ellos Cabecera, la calle 36 hacia la carrera 19, el Parque de las Cigarras, San Francisco, el Parque Santander, la carrera 16, la carrera 17 y la calle 35, identificados por la Administración como algunos de los puntos con mayor presencia de vendedores informales y que requieren acciones de intervención.
En estos procesos participan distintas entidades, entre ellas la Personería de Bucaramanga, la Policía Nacional, la Secretaría del Interior, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, entre otras dependencias.
La Alcaldía sostiene que estas actuaciones buscan avanzar en la recuperación de las zonas públicas, al tiempo que se brindan garantías constitucionales tanto a los vendedores informales como a los ciudadanos. De esta manera, la Administración presenta la intervención del espacio público como un proceso que combina acciones de control, recuperación y oferta institucional para atender la ocupación informal de tales espacios.
