domingo 23 de enero de 2022 - 12:00 AM

El millonario contrato de fotomultas en Bucaramanga que no se concretó

Durante 2021 la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Secretaría de Hacienda revisaron y consideraron la propuesta de un privado para modernizar los servicios del Tránsito a través de una concesión por 15 años apalancada con fotomultas.

Los rumores del regreso del fantasma de las fotomultas a Bucaramanga estuvieron a punto de hacerse realidad durante el 2021. Y no solo se trataba de la implementación de los polémicos fotocomparendos, con las consecuencias económicas y sociales que esto conllevaría, sino la consolidación de un multimillonario negocio, que tal y como estaba planteado, le hubiera entregado a una empresa de economía mixta, de capital mayoritariamente privado, gran parte del recaudo de los ingresos de la Dirección de Tránsito por conceptos como registro de automotores, multas y facturación, entre otros.

Aunque el alcalde Juan Carlos Cárdenas ha negado varias veces que en su gobierno haya intenciones de privatizar los servicios de la Dirección de Tránsito o tener planes de implementar las controvertidas fotomultas, Vanguardia conoció varios documentos que demostrarían lo avanzada que estuvo la gestión en la administración municipal para celebrar un contrato directo con la empresa Sistemas Inteligentes en Red S.A.S (SIER), una compañía de capital mixto, con sede en Medellín, cuyo objeto social es el desarrollo de sistemas de información, plataformas tecnológicas y operación de centros para el control de tránsito, entre otros.

SIER sería la encargada de implementar todo un moderno sistema de gestión de la movilidad en Bucaramanga, con un llamativo componente tecnológico, pero que se apalancaría financieramente con los ingresos que generaran 25 cámaras de fotomultas, que contemplaba el acuerdo.

Si bien es cierto que el municipio necesita con urgencia una solución a los problemas de movilidad, modernizar la infraestructura de tráfico y sobre todo que la Dirección de Tránsito preste sus servicios de forma eficiente, lo que se ha cuestionado desde varios sectores es por qué la administración municipal continúa afirmando que jamás se adelantó una gestión para implementar las fotomultas.

“Un negocio de particulares”

El pasado 20 de octubre, el gobernador Mauricio Aguilar, en medio de una rueda de prensa en la que respondía por las presuntas irregularidades en contratación en el Idesan, denunciadas por el alcalde Cárdenas, el gobernador contraatacó advirtiendo que en Bucaramanga se pretendía privatizar la Dirección de Tránsito e implementar las fotomultas.

“Se va a presentar un asalto a mano armada en los semáforos. Es un negocio de particulares que tienen en Medellín”, sentenció el mandatario regional, seguido por una oleada de críticas de ciudadanos en redes sociales que obligaron al Alcalde a pronunciarse.

“No se va a privatizar Tránsito ni se van a implementar fotomultas como lo dice Aguilar. Por mentiras como esta es que personas manipuladas realizan actos violentos”, escribió el alcalde Cárdenas en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a un ataque con piedras contra la camioneta de la directora de Tránsito, Andrea Méndez, ocurrido ese mismo día.

Un jugoso convenio

Tras la renuncia de la directora de Tránsito de Bucaramanga, la abogada Andrea Juliana Méndez, el pasado 9 de noviembre, en medio de un enrarecido ambiente en la entidad y con declaraciones de la misma funcionaria en las que advirtió que dimitía “con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien y no haber cedido a presiones”, comenzaron a tomar fuerza las versiones sobre el multimillonario contrato que estuvo a punto de celebrarse, para la modernización de DTB.

Vanguardia conoció la minuta de un convenio interadministrativo y su anexo jurídico, por un valor que supera los 410 mil millones de pesos, redactado los primeros días de octubre, y sobre el cual habrían estado trabajando funcionarios de la DTB con apoyo de la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga y delegados de SIER, que en este caso sería la empresa beneficiada, con un modelo de contratación directa.

El convenio interadministrativo tenía como objeto: “Estructuración, implementación y operación de servicios y herramientas tecnológicas, a través de un centro de gestión y control de la movilidad, así como la modernización y la optimización de los servicios de atención al ciudadano, mediante una solución integral de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC”.

Sin embargo, en la minuta del convenio y su anexo jurídico se establecían claramente varias reglas llamativas: sería un contrato a 15 años, se implementarían cámaras de foto-detección y el contratista obtendría el 40% de los ingresos por prácticamente todos los servicios que presta la Dirección de Tránsito.

“De un solo plumazo se van a robar la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, esto es un robo disfrazado de convenio interadministrativo con una empresa de Medellín”, denunció en redes sociales John Faver Guerrero, vocero de la veeduría Horus, que hace seguimiento a la gestión en la DTB.

Guerrero además reveló que la segunda semana de octubre del año pasado, la entonces directora de Tránsito, Andrea Méndez, y la secretaria de Hacienda del Municipio, Saharay Rojas, reunieron a los integrantes del sindicato de Tránsito y les socializaron la propuesta que había presentado una empresa para la modernización de la entidad. Según la denuncia, se trató de la oferta de SIER.

Al ser consultada por esta redacción, la actual secretaria de Hacienda del Municipio, Saharay Rojas, reconoció haber encabezado la reunión con el sindicato y, por instrucciones del alcalde, haber acompañado a Tránsito en la revisión del modelo financiero que se planteaba.

“El papel de Hacienda era el de validar el modelo financiero, había un borrador, que no tengo ni idea por qué se filtra, pero supongo que lo habían hecho llegar con la propuesta”, respondió a Vanguardia la secretaria Rojas, insistiendo en que se recibieron tres ofertas, sin embargo, fuentes que asistieron a la reunión con el sindicato confirmaron que solo se socializó la de SIER.

Llama la atención que en la minuta del millonario convenio interadministrativo, aparecen como partes, además de la DTB y SIER, la Secretaría de Hacienda – Alcaldía de Bucaramanga, aunque el detalle de las obligaciones y responsabilidades de esa oficina están sin diligenciar.

¿Privatizar Tránsito?

El valor del contrato contemplaba una “cuantía indeterminada pero determinable”. Para efectos fiscales, estimada en Cuatrocientos Diez Mil Doscientos Ochenta y Tres millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trecientos Ochenta y Cinco pesos M/CTE ($ 410.283.259.385), que sería el recaudo estimado por concepto de fotomultas, multas manuales y prácticamente todos los servicios del Tránsito.

De ese casi medio billón de pesos recaudado en 15 años, el contratista recibiría el 40%, por manejar los servicios de registro automotor, registro de conductores, facturación y multas manuales. El otro 60% quedaría para la entidad.

Para el caso de las multas por detección electrónica de infractores, conocidas como fotomultas, la proporción iba a ser más alta para el privado, 47% según el acuerdo, mientras que el 53% sería para la DTB.

Expertos consultados por Vanguardia calificaron de innecesario y perjudicial utilizar un modelo de contratación directa, como lo es un convenio interadministrativo, para modernizar los servicios de Tránsito, que tienen ingresos constantes, se vienen prestando históricamente y no necesitan un socio.

“En este caso el Tránsito no necesita un socio. Si lo que requiere es un software o un apoyo tecnológico debe buscar eso, pero no un socio que se quede con el 40% del recaudo por 15 años. De necesitarse un socio, sería inmoral escogerlo a dedo y no por convocatoria pública”, explicó a esta redacción el ingeniero Rodrigo Fernández, experto en contratación pública.

Alcalde responde

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dijo desconocer la millonaria propuesta de SIER, y la calificó de sorprendente por su valor y condiciones. Admitió que dio instrucciones a la entonces directora de Tránsito de avanzar en la búsqueda de un modelo para modernizar la Dirección de Tránsito, pero insistió en que siempre hizo énfasis en que “debía ser un proceso de cara la ciudadanía, pluralista y con transparencia”.

“No conozco la propuesta, nunca escuché esa cifra. Sí me dijeron que había unos avances. Me sorprende porque el discurso de Andrea (Méndez, directora de Tránsito) siempre fue que estábamos haciendo un proceso transparente, porque esa fue siempre la línea que les di”, respondió el alcalde al ser consultado por Vanguardia sobre este convenio.

Cárdenas recalcó que hay preocupación en la administración municipal por la crisis que tiene hoy en día la DTB, sin solvencia económica, una cartera de más de $300 mil millones y un pasivo que supera los $150 mil millones, por lo que es urgente su reestructuración y modernización.

Todo este avanzado proceso para la modernización del Tránsito y la posible implementación de fotomultas con un operador privado estaba siendo liderado por Andrea Méndez, directora de la entidad hasta el pasado 9 de noviembre cuando renunció, dos semanas después del rifirrafe entre el Gobernador y el Alcalde, y de manera muy cercana la secretaria de Hacienda, Saharay Rojas.

Al ser consultada por Vanguardia, Méndez reconoció se recibió la propuesta de la empresa antioqueña y que se estaba evaluando. Aceptó haber socializado con el sindicato de la entidad los detalles de la misma, pero negó que se hubiera tomado la decisión de consolidar o firmar el multimillonario contrato.

Méndez, que hoy ostenta un cargo de asesora en la Superintendencia de Transporte, evitó responder preguntas concretas hechas por Vanguardia sobre los avances de este millonario negocio y las reuniones que se habrían hecho con acompañamiento de SIER para la firma del convenio.

No obstante, la entonces directora había defendido públicamente este tipo de herramientas. A mediados de marzo del año pasado, durante una sesión en la que presentaba su balance de gestión en el Concejo, Méndez reconoció que su despacho había adelantado estudios técnicos para respaldar la instalación de “cámaras salvavidas”, con el argumento de “avanzar hacia una ciudad inteligente en temas de movilidad”.

Aunque el negocio no se concretó, posiblemente por el revuelo que ha causado desde siempre el tema de las fotomultas entre los bumangueses, lo cierto es que en documentos la negociación estuvo bien adelantada en la DTB, que continúa en crisis, sin director en propiedad desde hace casi tres meses y con una ineficiencia evidente en las calles de la ciudad, que cada vez se ahoga más en los graves problemas de movilidad.

Fotomultas en la mira de la Procuraduría
Desde febrero del 2021, el Ministerio Público investiga posibles irregularidades presentadas con fotomultas en Bogotá, Cali y Medellín.
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-038 de 2020, modificó la Ley 1843 de 2017 con lo que cambió el marco normativo para la imposición de fotomultas por parte de las autoridades de tránsito. El fallo del alto tribunal consideró que ante una infracción vehicular detectada por cámaras de seguridad, la responsabilidad es individual, por lo que el comparendo debe ser impuesto a la persona que conduce y no al propietario del vehículo.
Por esto la Procuraduría solicitó información detallada a las alcaldías de las tres ciudades mencionadas sobre la forma como se están imponiendo estas multas.
Así iban a operar las fotomultas
En la minuta del convenio interadministrativo con la empresa SIER y su anexo jurídico se detalla cómo se implementaría el modelo de las fotomultas en Bucaramanga, de haberse firmado.
El acuerdo establecía el suministro, instalación y el mantenimiento de al menos 25 puntos de foto detección, que, según se lee en el anexo jurídico, debían ser definidos en conjunto con la Dirección de Tránsito.
Los dispositivos de foto-detección debían estar en capacidad de capturar imágenes y videos en los que se identificara la infracción, placa del vehículo, sitio o ubicación de la infracción, fecha, hora, carril, velocidad, placa, así como la identificación del dispositivo.
Las cámaras debían tener capacidad de gestionar infracciones como exceso de velocidad, no poseer Seguro Obligatorio (SOAT) vigente, no poseer revisión técnico mecánica vigente y cruzarse el semáforo en rojo.
Los dispositivos debían permitir la lectura automática de matrícula mediante un sistema de reconocimiento de placa y sus respectivos caracteres.
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.

Etiquetas

Image
Unidad Investigativa

Unidad encargada del periodismo Investigativo y de datos de Vanguardia.

La Unidad Investigativa, fundada por Silvia Galvis Ramírez, ha sido merecedora en diversas ocasiones del máximo galardón de periodismo en Colombia, el Premio Simón Bolívar, así como de otros reconocimientos a nivel nacional y local.

Miembro de la Red Nacional de Chequeadores con NoSeaPingo.

Conozca otros trabajos publicados por la Unidad Investigativa.

@vanguardiacom

unidadinvestigativa@vanguardia.com

Lea también
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad