miércoles 10 de abril de 2019 - 12:00 AM

Gasoriente, en Bucaramanga, no podrá cobrar millonaria factura a usuario

Por no cumplir con el protocolo establecido y no haber respetado los derechos de un usuario en el barrio Candiles, Gasoriente no podrá cobrarle a él el supuesto consumo de cinco meses de servicio de gas natural por el que le exigía la exorbitante suma de $63 millones 544 mil.
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Así lo ordenó Herman Rodríguez Guerrero, director territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD.

La historia es la siguiente:

Tras una visita técnica hecha a la casa del señor Eynar Quintero Pinilla, quien reside en la calle 50 No. 12-170, Gasoriente retiró el medidor de la vivienda y le instaló uno nuevo. El argumento para tomar tal medida obedeció a que se detectaron supuestas anomalías en el contador original.

En la reconexión, Gasoriente pretendía cobrarle al usuario la suma de $63 millones 544 mil por un supuesto consumo dejado de facturar durante cinco meses.

Pese a que el afectado presentó los recursos de reposición en donde exigió una aclaración del millonario cobro, su petición no fue escuchada.

Soporte legal

La SSPD señaló, tras una solicitud expresa por la Defensoría del Usuario que lidera el veedor Henry Plata, que la entidad falló en el debido proceso.

Es decir, al usuario jamás se le informó el derecho a ser asistido de manera técnica durante la visita y, de manera arbitraria, se le cambió el medidor.

“Sobre los supuestos consumos dejados de facturar que dice la empresa, no se presentó un argumento contundente para pretender cobrar la millonaria cuenta, dando lugar al abuso de la posición dominante”, señaló el Defensor del Usuario.

De acuerdo con lo expresado por la Superservicios, “no se puede imponer un cobro al usuario por concepto de consumos registrados no facturados sin estar debidamente soportada la irregularidad alegada por la empresa, y menos aún sin haber respetado su derecho constitucional al debido proceso”.

La SSPD instó a los usuarios a denunciar los abusos que cometen las entidades de servicios públicos.

Nada más el año pasado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios recibió 12.371 quejas de usuarios a causa de algún conflicto con una empresa prestadora de servicios.

Y en lo que va del año van 2.203, de las cuales el 54% corresponden a trámite de recursos de apelación en donde la Superintendencia funciona como segunda instancia.

Ya sea por problemas en la facturación, en la prestación del servicio o en su instalación, los usuarios deben conocer sus derechos para reclamar; pero también sus límites porque las empresas reportan a más de un consumidor que aprovecha los mecanismo de protección que tiene por Ley para que no se les cobre.

De las quejas que se presentan el 80% tienen que ver con temas de facturación y dentro de los recibos, los ítems más citados son los sobrecostos por consumos superiores a lo que ellos estiman; y la otra que desconocen los valores que les están cobrando.

Procedimiento

Según el Defensor del Usuario, en casos como los descritos en esta denuncia del ciudadano del barrio Candiles, adscrito a la Comuna 6, se debe seguir un procedimiento que está sustentado en la Ley 142 de 1994, que a su vez creó el ente encargado de controlar y vigilar el tema; es decir, la propia SSPD.

La primera instancia siempre será la empresa prestadora de servicios, la cual tendrá 15 días hábiles para responder la solicitud del usuario. Si la firma no responde, entonces existe el trámite denominado SAP (silencio administrativo positivo) que se hace frente a la Superintendencia que investigará por qué el prestador no contestó o lo hizo demasiado tarde.

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