El objetivo de la reforma a los servicios públicos es mejorar la eficiencia y el cumplimiento con los servicios para las comunidades.
Publicado por: Miguel Orlando Alguero
Esta semana el Gobierno Petro confirmó que pondrá en marcha su prometida reforma a los servicios públicos en Colombia, que presentará en el Congreso de la República.
La reforma está dirigida a la forma en cómo cobran los servicios públicos en los municipios colombianos. La razón del Ministerio de Minas y Energía es que la estructura de estos servicios como la luz, acueducto y alcantarillado debe transformarse para entrar a revisar las necesidades de los usuarios de cada rincón del país.
Así ya lo había dicho el presidente Petro anteriormente: “El cobro de los servicios públicos en Colombia debe ser diferente para que el precio no termine siendo un peso para los consumidores y un beneficio para los empresarios”.
En junio del 2023 Petro dijo: “la reforma a los servicios públicos, para que el eje no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”.
Colombia está a la espera de que se revelen más detalles del proyecto de ley que pretende transformar los mínimos vitales para algunos hogares del país, así como el control de precios.
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Lo que cambiaría con la reforma
En primer instancia, el articulado pretendería que en Colombia el cobro tenga de presente un mínimo vital de energía y otros servicios.
El borrador precisó que esto es para que las personas puedan contar con condiciones básicas de suministro de este servicio. Esa política ya la había aplicado el presidente Petro en la Alcaldía de Bogotá.
La segunda propuesta, relacionada con el cobro de los servicios públicos en Colombia, tiene en cuenta que sean los usuarios los que hagan la respectiva veeduría y control constantes. Esto último con el objetivo de “que las tarifas no lleguen a niveles injustos”.
El proyecto también buscaría realizar cambios en la Superintendencia de Servicios Públicos, así como darles estructura a las políticas y herramientas necesarias para controlar los precios de la energía.
Esta reforma se complementará con la estrategia del Gobierno Petro de eliminar los estratos en Colombia y generar una nueva política de distribución socio-económica en el país.
El DNP ha insistido en que estos cambios en la estratificación llevará a que se cambie la manera como se cobran los servicios públicos en Colombia, pues se establecerán las tarifas de la mano con los ingresos que sean reportados por cada hogar.
Qué dice Minminas
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la reforma tiene por objetivo mejorar la eficiencia y el cumplimiento con los servicios para las comunidades.
“Este es un problema estructural, que implica varias alternativas. Una de ellas tiene que ver con la transformación del modelo tarifario del país”, señaló el ministro Andrés Camacho.
El jefe de esta cartera insistió en que el Estado busca regular los abusos en los cobros y el incumplimiento al debido proceso de los prestadores de servicios. Sin embargo, admitió que estas entidades han aportado al desarrollo del sistema.
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En primer lugar, la reforma se enfocará en la problemática de los mínimos vitales para las poblaciones económicamente vulnerables que no pueden pagar el servicio público, pero que tienen derecho a ellos.
“Entonces, el Estado -como por mandato constitucional- tiene que garantizar la prestación de estos recursos”, precisó el ministro de Minas y Energía.
En segundo lugar, una vez establecida la universalidad de los servicios públicos, buscarán brindar herramientas de veeduría ciudadana y clasificar a los usuarios de acuerdo a criterios del Departamento Nacional de Planeación, sin tomar en cuenta el Sisben.
En tercer lugar, el Gobierno establecerá los mínimos vitales para otros servicios, como el internet, que ha sido debatido como un servicio público domiciliario, con la suma de poder a la Superintendencia de Servicios Públicos.
