Una aclaración a la Oficina de Planeación de Piedecuesta solicitó la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, para conocer la razón por la cual otorgó un permiso para que se realizaran movimientos de tierra en un área catalogada como de amenaza y suelo de protección en la vereda Granadillo.
Publicado por: ÁNGELA CASTRO ARIZA
Lo que resulta insólito, es que en octubre de 2014, la autoridad ambiental, por medio del Grupo Élite Ambiental, GEA, había suspendido esta obra porque dicho sector, denominado El Limonal, está incluido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Piedecuesta.
Lo anterior implica que allí está prohibido cualquier tipo de construcción a efectos de conservar y preservar el área verde.
En algunos casos, estas zonas son áreas de amenaza y riesgo no mitigable para la localización de urbanizaciones.
Al respecto Pedro Miguel Cacua Sánchez, coordinador del GEA, informó que luego de denuncias hechas por la comunidad, se constató de nuevo en una visita a la vereda Granadillo que se efectuaban movimientos de tierra para una posible construcción.
En efecto, en dicha inspección, los funcionarios de la Cdmb hallaron en flagrancia una máquina tipo pajarita haciendo movimientos de tierra sin contar con los permisos de la autoridad ambiental.
Según Cacua Sánchez, los encargados de la obra presentaron una serie de documentos de la oficina de Planeación de Piedecuesta en la que autorizaban los trabajos.
Proceso sancionatorio
Luego de evidenciar las afectaciones ambientales que se produjeron, la Cdmb abrió un proceso sancionatorio contra los dueños del predio y además inmovilizó la maquinaria.
Esta Redacción intentó comunicarse con Ignacio Díaz Medina, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Piedecuesta, pero no fue posible conocer su versión sobre el tema.
Demanda en curso
Según se conoció, cerca de 1.600 metros cuadrados del predio de dos hectáreas ubicado en el sector El Limonal, de zona rural de Piedecuesta, fue vendido a una familia, lo cual no está permitido, según explicó Pedro Miguel Cacua Sánchez, coordinador del GEA, “porque, de acuerdo con el área mínima de parcelación, son tres hectáreas”.
En este caso, advirtió el funcionario de la Cdmb, una familia se siente engañada y está entablando una demanda penal por los perjuicios económicos causados.
